No, no hay colectivos LGTBI+ que pidan una renta mínima por ser homosexual

No hay organizaciones LGTBI+ que pidan una renta básica universal para el colectivo homosexual, como aseguran informaciones y mensajes difundidos en redes sociales que tergiversan el contenido de un manifiesto donde se defiende esa ayuda para toda la población, con independencia de orientaciones sexuales.

“A través de un comunicado, aprovechan la crisis económica del COVID-19 para pedir una renta por el simple hecho de ser homosexual”. “Los colectivos LGTBI piden que ser homosexual garantice una ‘renta mínima universal’”. Estas son algunas de las afirmaciones publicadas en diversos medios y viralizadas en los últimos días a través de Facebook y Twitter.

Además, varios de estos textos sostienen que “la tendencia sexual sería un requisito indispensable a la hora de recibir el suboinsidio universal”, de modo que los colectivos LGTBI “exigen al Gobierno” que “incluya las casillas ‘homosexualidad y transexualidad’ en los requisitos para cobrar la ayuda”.

DATOS: Lo cierto es que todas esas informaciones se remiten al Manifiesto LGBTI por una Renta Básica Universal (LGBTIxRBU) —que apoyan una cincuentena de organizaciones y colectivos, así como firmantes individuales—, en el que se defiende esta medida para toda la población española, no para una parte de ella en función de su orientación sexual.

“Es la hora de que, como movimiento LGBTI, reclamemos esta medida que garantice tener nuestras necesidades básicas cubiertas. No solo las nuestras, sino las del conjunto de la población; haciéndola especialmente accesible para mujeres, menores y colectivos sociales”, explica este manifiesto.

La “Comisión 19M” de Extremadura destaca, junto a la asociación de Migrantes y Refugiados LGTBI “Kifkif”,“STOP SIDA” y colectivos de la Comunidad Valenciana, Castilla y León, Cataluña, Murcia, Andalucía, Asturias y Baleares, entre los impulsores de este manifiesto, que reivindica una renta básica universal “con una nítida perspectiva de género”.

El texto reclama que la medida esté libre de “las trabas burocráticas que convierten las rentas mínimas de algunos territorios en carreras de obstáculos”, así como del “sesgo familiocéntrico que toma la unidad de convivencia como referencia”, y considera “absolutamente necesario que esta universalidad sea real, sin criterios de exclusión”, para que llegue “también a las personas migradas”.

Para todos

Los firmantes defienden por tanto “una Renta Básica orientada a toda persona, sea del colectivo LGTBI o no”, de la misma manera que pertenecer a este colectivo “no sería un factor a tener en cuenta para otorgar esta renta”, ya que se concedería “a todos y cada uno de los ciudadanos”, subrayan, en declaraciones a EFE, fuentes del equipo impulsor del Manifiesto LGBTIxRBU.

En ningún lugar del texto se puede encontrar la petición de que el Gobierno “incluya las casillas ‘homosexualidad y transexualidad’ en los requisitos para cobrar la ayuda”. Por el contrario, las mismas fuentes insisten en dejar claro que “los 55 colectivos firmantes del manifiesto” exigen que el Ejecutivo implante una renta básica que, al ser “universal”, deberá percibir “todo ciudadano, por el hecho de serlo”.

¿Cómo surgió esta iniciativa? La celebración del Orgullo LGTBI “en un contexto tan excepcional y ante el inicio de una crisis económica de dimensiones aún desconocidas” fue el detonante para hablar de los factores económicos que afectan a este colectivo (precariedad laboral, paro del 85 % en el caso de las personas trans...).

“Atando cabos, nos pareció muy oportuno unirnos a las voces que, desde otros movimientos sociales, apostaban por una medida tan ambiciosa como la Renta Básica Universal (RBU)”, de modo que la extremeña Comisión 19M empezó a hablar con otros colectivos para poner en marcha el manifiesto.

Al menos cinco años de debate

Los impulsores de este texto, que consideran “insuficiente” el recientemente aprobado Ingreso Mínimo Vital (IMV), recuerdan que no son pioneros en la reivindicación de la RBU, una propuesta que se debate desde hace al menos cinco años y que había sido reivindicada ya por diferentes colectivos sociales, como movimientos feministas o sectores relacionados con la promoción de la salud mental.

Hasta ahora, los firmantes no han hecho llegar formalmente su manifiesto al Gobierno, aunque afirman que les consta que lo han leído “militantes del PSOE y Unidas Podemos cercanos a Moncloa”, y argumentan que aún necesitan “acumular más fuerza” y que más colectivos sociales se sumen a la defensa de esta medida.

En este sentido, destacan la propuesta de Iniciativa Ciudadana Europea por una Renta Básica Universal e Incondicional, tras recalcar cómo algunas voces señalan que esa medida beneficiaría a los trabajadores del campo o de la cultura.

Qué es la Renta Básica

Pero, ¿qué es en la práctica la RBU? A diferencia del Ingreso Mínimo Vital, la renta básica es “un ingreso pagado por el Estado como derecho de ciudadanía a cada miembro de pleno derecho o residente de la sociedad, incluso si no quiere trabajar de forma remunerada, sin tomar en consideración si es rico o pobre” y “sin importar con quien conviva”.

Según esta definición -de la asociación Red Renta Básica, que preside el economista de la Universidad de Barcelona Daniel Raventós-, se trataría de “una asignación monetaria pública incondicional a toda la población”, frente a un IMV que no es universal y que está condicionado a una situación de vulnerabilidad económica

Mientras la RBU sería universal e incondicional, el actual Ingreso Mínimo Vital es una prestación dirigida exclusivamente a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que viven solas o están integradas en una unidad de convivencia y carecen de recursos económicos básicos para cubrir sus necesidades básicas.

Hace tres años, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se pronunció a favor de que los países probaran la eficacia de la Renta Básica Universal ante un sistema de protección social que se iba quedando obsoleto, tras la reducción del número de asalariados y el aumento de trabajadores independientes con menos derechos sociales.

En mayo de 2017, el director de Empleo de la OCDE, Stefano Scarpetta, presentó un informe sobre los eventuales efectos de una renta universal en cuatro países europeos y juzgó necesarias experiencias como la que llevaba a cabo entonces Finlandia, donde se asignó a 2.000 parados seleccionados aleatoriamente una renta básica mensual de 560 euros, que conservaban aunque encontraran trabajo.