La posibilidad de ser padres no es nuestra lucha
Los hombres gais que exigen una norma que permita la gestación subrogada no representan los intereses del colectivo LGTBI.
En las clases de Derecho Constitucional aprendí que las leyes no son neutrales. Que el derecho nunca es neutral. Me enseñaron que un buen jurista debía tomar una posición ética frente a lo que ocurre en su entorno, frente a la realidad sociopolítica, pero sobre todo frente al sistema. Que no bastaba con memorizar las leyes, como se hace en muchas facultades, había que cuestionarlas.
A estas alturas parece imposible que el debate de los vientres de alquiler se pueda realizar sin condicionantes emocionales. Sin ser señalado e insultado por sus fervientes defensores. Creo, en primer lugar, que se puede tener una posición contraria a la regulación de la gestación subrogada sin que deba ser descalificado por ello. Igual que expreso mis opiniones contrarias en torno a la prostitución o la esclavitud sin recibir insultos. Sin embargo es habitual entrar en este debate y salir de él siendo un ser abyecto, “acosador de niños y niñas” y un “recortador de libertades de las mujeres”. se resume esta perversión del debate en que el simple uso de la expresión “alquiler de vientres” supone una ofensa para los defensores de la subrogación. Vician, condicionan e impiden cualquier discusión al respecto, desde el inicio.
Aunque el alquiler de vientres está expresamente prohibido por la legislación española, hay un partido que quiere poner fin a esa situación. Ciudadanos propone regular la explotación de los derechos reproductivos de las mujeres. Su programa electoral para las pasadas generales establecía su voluntad de aprobar “una Ley de Gestación Subrogada altruista y garantista para que las mujeres que no pueden concebir y las familias LGTBI puedan cumplir su sueño de formar una familia”. El vientre de la mujer y la gestación es, en términos generales, el único espacio intacto que le queda al capitalismo por manosear. El liberalismo económico, al que todo le parece un negocio, no podía quedarse fuera. Y los partidos que abanderan esta ideología no iban a dejar pasar la oportunidad de promover un nuevo mercado, que genera millones de euros de beneficio, sobre todo en intermediarios.
Según aseguran los de Albert Rivera “su modelo, similar al de Canadá y Reino Unido, garantizará los derechos de todas las personas intervinientes en el proceso, en especial los de las mujeres gestantes y los de los menores nacidos mediante esta técnica de reproducción asistida”. Determinan el altruismo como un principio rector de su propuesta, que no es más que un pretexto para regular un mercado que específicamente no se va a desarrollar en España. El “altruismo” es pues una excusa para regular los vientres de alquiler y permitir a las agencias internacionales ofrecer el “catálogo de sus productos” de forma generalizada. Quieren permitir lo que está prohibido en España, como ocurriera en Reino Unido, para obtener beneficio de la pobreza ajena. Al no haber madres voluntarias y desinteresadas, la demanda gira al exterior, generalmente a países en vías de desarrollo.
Lo más significativo es el uso manipulador e instrumental que hacen de la causa LGTBI. Lucha en la que milito desde hace más de una década. Dicen que lo hacen para que las “personas LGTBI puedan cumplir su sueño de formar una familia”. Utilizan nuestro colectivo para visibilizar un negocio que en absoluto está relacionado con nuestra lucha o con el activismo por la igualdad de derechos. Quien se opone a esto, es tachado de homófobo. Es la banalización del odio.
Nunca la paternidad ha sido una demanda social del movimiento LGTBI. No se trata, pues, de nuestros derechos, es elevar un deseo a la categoría de derecho. Un deseo que, de llevarse a efecto, condicionaría derechos fundamentales de otras personas, concretamente de las mujeres y de los recién nacidos. No es una novedad, en la historia de la humanidad, el uso abusivo de la prevalencia de los deseos del hombre frente a los derechos de la mujer. Convertir el cuerpo de la mujer en un objeto para la satisfacción del deseo masculino, tal y como se plantea con la gestación subrogada, es una manifestación más de la desigualdad de género. Se llama explotación, en este caso, reproductiva, al igual que la prostitución es explotación sexual.
Formar una familia, genéticamente perfecta, con la carga de ADN de los dos padres (varones fundamentalmente) no encaja con ningún valor ni principio de la lucha por los derechos de lesbianas, gais, bisexuales y personas trans. Constituye una forma de asimilación al modelo tradicional de familia, que indiscutiblemente se construye a través de la herencia genética y el modelo heterosexual reproductivo y biologicista de la familia. Tradicionalmente se ha utilizado la heterosexualidad como norma máxima y hegemónica para disciplinarnos y discriminarnos. Querer plegarnos a ella, pareciendo familias heterosexuales, no es activismo, es traición. Es querer asemejarse, cueste lo que cueste, a quienes nos han oprimido, para ser aceptados por mimetismo. Y no queremos que nos acepten, queremos respeto. El planteamiento de quienes están a favor de la subrogación es el borrado de nuestra historia, lucha y memoria. Es disfrazarnos de lo que no somos, pagando por ello un altísimo precio. No es legítimo y no visibiliza la verdadera diversidad familiar ni la realidad de nuestras familias que necesita de toda nuestra atención y defensa.
La posibilidad de ser padres no es nuestra lucha. La lucha por los derechos LGTBI no se ha construido pisoteando los derechos de otras personas. No estamos en el activismo para satisfacer los deseos de nadie. Los hombres gais que exigen una norma que permita la gestación subrogada no representan los intereses del colectivo LGTBI, que en todo caso es una coalición de identidades, causas, y luchas. No son activistas, ni hablan en nuestro nombre. Y me preocupa que este juego de la confusión terminológica acabe alejándonos de nuestra causa y de la alianza que en su día establecimos con el feminismo que hoy es más necesario que nunca.
