No anden por las ramas: tras el ‘caso Cifuentes’ está el ‘caso Universidad’
Estuvo a punto de lanzamiento en el 'cabo Cañaveral' del PP, donde se montan y se disparan los grandes cohetes que conquistan el espacio político español. Como suele decirse en frase hecha, casi toca el cielo con las manos. Por fin, después de tanto batallar había logrado serias expectativas para estar en la 'pole'. En el cuarteto de las mujeres más influyentes de la derecha: Ana Pastor, presidenta del Parlamento; Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno; María de los Dolores de Cospedal, ministra de Defensa, y ella misma, Cristina Cifuentes, renacida casi de milagro tras un gravísimo accidente de moto en la Castellana en agosto de 2013.
Pero cuando abrazaba el futuro como posible sucesora de Rajoy, cada vez más incinerado en la parrilla de la corrupción, el pasado va y la atrapa, y la mete sin piedad ni consideración en el purgatorio. E intenta todas las contramedidas para evitar el impacto del misil, como destacar la 'extraña coincidencia' de su reciente 'tolerancia cero' contra los corruptos. Aunque suena a maniobra de manual para desviar la atención del elemento determinante de esta situación preagónica: las sospechas, con un alto índice de veracidad, de que su master de la 'Universidad Rey Juan Carlos' fue un apaño entre amigos y correligionarios. Un título a la carta y bajo pedido.
Conforme pasan los días desde la publicación en 'eldiario.es' de las primeras noticias del escándalo, la madeja se ha ido liando. Parece acreditado, después de que el rector y los responsables del postgrado se enfangaran más y más a cada disculpa que daban, que no hay constancia del TFM, ni del examen, ni de su asistencia a clases... Muy al contrario, el director, Enrique Álvarez Conde, habla de 'reconstrucción' urgente –o sea, falsificación en documento público- por encargo del rector, que quería salir 'ya' del embrollo; dos profesoras han dicho que esas firmas no son suyas... y varios alumnos han acudido al fiscal, porque siendo un master presencial no tuvieron el honor de gozar de la presencia de la interfecta.
La intoxicación en las redes sociales – incluso con videos que alimentan la probable interferencia de robots rusos de 'fake news' - ha ido en un 'in crescendo' sostenido.
Junto con episodios reales de falsificación o descarada copia de otros, se meten en el mismo 'wassap' o 'tuit' medias verdades a mansalva: que todos los partidos tienen estos casos, y que hay muchos políticos que no han logrado una licenciatura pero que en sus currículos aparece que tienen "estudios" de tal y cual. Y eso es verdad: poner que se cuenta con 'estudios de empresariales' o de astrofísica o del 'tarot con galletas' es una forma común de decir que no se han terminado. Pero lo que importa es el enredo.
En el 'caso Monedero', condenado por el TSJM, el juez echa abajo su defensa basada en que había otros profesores contratados a 'tiempo completo' en la UCM que hicieron lo mismo, trabajar para afuera, con un argumento contundente: "El desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento", pese a que otros la incumplan.
Hay que mirar detrás del caso concreto del master 'remasterizado' de la presidenta de la Comunidad de Madrid: y es ahí donde aparece la Universidad Pública Española con un sistema de gobernanza que la aleja cada vez más del núcleo de la Europa de las Universidades. Los más renombrados técnicos en la materia están concluyendo que por una parte hay un problema de falta de financiación pública y privada – esta segunda, derivada de una falta de confianza y de utilidad, y de una legislación atractiva de mecenazgo- pero, igualmente, por un modelo antiguo y desfasado de gobierno asambleario gremial que impide una gestión eficiente y objetiva de los recursos humanos y de los recursos económicos.
No hay rector – o constituyen una desconocida minoría- que se avenga a cohabitar con normalidad con una parte del gobierno que es 'corresponsable' y que debe ejercer, conforme a la LOU y sus reformas, la supervisión de toda la actividad económica o de efectos económicos así como de la eficiencia de todos los servicios.
Esto lo ha venido advirtiendo al menos desde su informe de 2002 de las Universidades Públicas Españolas el Tribunal de Cuentas del Estado, que ha insistido en algunos aspectos clave: los Servicios de Control Interno (SCI) deben depender de un órgano interno pero ajeno a los equilibrios de los grupos de poder claustral: este órgano es el Consejo Social.
Y, también en palabras del mismo TdC, tienen que contar con más medios y más cualificados para su función, cuando la realidad es que se hace justo lo contrario. Lo cual da mucho, y malo, que pensar.
Como se ha demostrado recientemente en la Comunidad de Madrid, los rectores en 'totum revolutum' insisten en vaciar de contenido y bloquear al único instrumento que tiene la Universidad Pública para irse situando en un plano de igualdad aproximada con las europeas. Y para cumplir con la legislación vigente.
Los rectores defienden que los auditados –ellos y los gerentes- hagan de auditores. Algo que abundante doctrina del TS y del TC considera anormal, igual que es anormal sustituir las auditorías internas por auditorías externas, porque como suelen argumentar las salas de lo Contencioso, con palabras que significan lo mismo, el que paga, manda.
¿Resistirían en la actualidad las Universidades Públicas un examen independiente de sus master, a veces con tres, cuatro o cinco alumnos, solo con el engodo tan poco intelectual de conseguir fácilmente dos líneas de currículo; de la dedicación a tiempo verdaderamente completo de su profesorado; de la idoneidad de todos ellos, y de su adaptación a los requerimientos actuales de las titulaciones....?
Otro 'guineo' del TdC que no se ha cumplido ¡en 16 años! es la implantación de una contabilidad de costes, o de un control 'objetivo' de las horas de clase del PDI. "Parece mucho tiempo, es verdad", reconocía con prudencia institucional en Oviedo Ramón Álvarez de Miranda, presidente del Tribunal de Cuentas, en unas jornadas organizadas por la Conferencia de CCSS.
La realidad de la demora no puede ser que no se haya encontrado un sistema adecuado para calibrar la eficiencia de una organización, pues ello pondría de manifiesto que si la Universidad no está preparada para esto, tampoco lo estaría para dar consejos en este sentido a las empresas privadas. A lo peor, es que no se quiere averiguar.
De parecido tenor es la pretensión constate de los rectores de 'aliviar' las Normas de Progreso y Permanencia, que son una competencia 'constitucionalizada' de los Consejos Sociales, por dos razones: una lógica y otra matemática: la obvia es que los alumnos, que cuentan con alrededor de un 25% en los claustros, tienen un fuerte poder interno. Dos sentencias del TC, la 131 y la134 de 2013 reconocen la constitucionalidad de esta dependencia que, a mayores, asientan en su derivada 'matemática': la duración de los estudios debe ser limitada, pues hay que utilizar responsablemente unos fondos públicos que por su propia naturaleza son finitos. En las universidades los profesores y los alumnos tienen parecidas exigencias 'profesionales': responsabilidad, sacrificio y abnegación, búsqueda de la excelencia... Tampoco aquí ha estado 'fina' Cifuentes.
La Constitución en el artículo 27.10 pone una coma 'diabólica' que subordina la segunda parte de la oración a la primera: "Se reconoce la autonomía de las universidades, en los términos que la ley establezca". Este universo, pues, tiene límites, a diferencia del otro. La autonomía universitaria no es ni como la de Puigdemont, ni como la de las alfombras de Ikea, de 'Bienvenido a la 'república independiente de mi casa'.
Volviendo a Cristina Cifuentes, tras su 'caso', hay otros en lista de espera: está el 'caso Rector', el 'caso profesoras no firmantes', el 'caso del director', que dijo que había 'reconstruido' un acta, aunque luego, cuando se dio cuenta del efecto boomerang de semejante disparate, se desdijo. Y todo esto, y los anteriores escándalos, como el de Monedero, solo la punta de un iceberg, o los del torticero uso de algunos fondos de investigación... hacen imprescindible una reflexión nacional sobre las universidades públicas, su endogamia colectiva en la práctica, y las causas por las que una potencia económica como España está a la cola de los ranking universitarios más significativos.
Cuando la sociedad acepta que el Senado tiene demasiados senadores sin un papel claro, las universidades tienen senados (claustros) con más senadores, o los mismos, que la Cámara Alta, pero sin casi 47 millones de habitantes. Unos claustros que, por sus resultados, son más propensos al mantenimiento de privilegios y al inmovilismo que a la conquista de la virtud mediante el esfuerzo. "Por sus frutos los conoceréis": Por la comparación, base del método científico, por los datos, y no por la fe, la esperanza o la caridad.
La Universidad, o se adapta a los tiempos, o provocará un maremoto en el que muchas desaparecerán tragadas por las olas de la vida.