Myanmar y Bangladesh pactan el retorno de los rohingyas

"Libre y exento de riesgo". Esa es la primera acepción de la palabra "seguro" en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Seguro es el techo que resguarda, el hogar propio, el Gobierno que protege a sus ciudadanos, la ley que ampara. Lo que le sucede a los rohingyas nada tiene que ver con esa palabra: son una minoría musulmana perseguida por el Ejecutivo del país que pisan desde hace siglos, Myanmar, que ha visto sus ciudades arrasadas por una supuesta cruzada contra el terrorismo, que tiene malviviendo en el país vecino, Bangladesh, a al menos 723.000 refugiados.

Ahora, en virtud de un acuerdo firmado por los dos estados el pasado 30 de octubre, este 15 de noviembre se activará un plan de retorno de rohingyas desde la zona de Cox Bazar, en Bangladesh, donde se hacinan en campos infinitos, hasta la antigua Birmania. Naciones Unidas insiste en que "el genocidio sigue en vigor" y no hay garantías de una vuelta segura, en la que se respeten los derechos humanos esenciales de este colectivo.

Estas son las claves de un proceso incierto al que el mundo mira con sonrojante desapego.

Cómo están las cosas

En agosto de 2017, comenzó una campaña militar y policial del Gobierno birmano contra esta minoría, compuesta por un millón de habitantes, concentrados en la región de Rakhine y que ni siquiera cuentan con el estatus de ciudadano, el que sí se le da, sin dudarlo, a los demás nacidos en la religión budista, que profesan el 90% de los habitantes del país.

Al veto administrativo y la falta de servicios esenciales que arrastran los rohingyas desde hace siglos se sumó esta oleada de violencia oficial como respuesta, explican, a las acciones de un grupo insurgente que opera bajo las siglas de esta etnia, el llamado Ejército de Salvación Rohingya de Arakán (ARSA). Miembros de este grupo atacaron en el verano del pasado año varios puestos de policía. La réplica de las autoridades, con quema de aldeas, tierra arrasada, detenciones y ejecuciones arbitrarias, es la que llevó a la mayoría de estos musulmanes a escapar al país más cercano, Bangladesh.

Myanmar insiste en que está llevando a cabo una "operación antiterrorista" y no una limpieza étnica, como denuncian las principales ONG del planeta y hasta Naciones Unidas. Si caen civiles, explican, son "daños colaterales".

Son tantos los exiliados -hasta 950.000 según los datos menos optimistas- que Daca no puede suministrarles las atenciones básicas. Por ejemplo, unos 626.000 viven en chozas de plástico y bambú en el masificado campamento de Kutupalong y sus aledaños, indica la Agencia EFE. Están amontonados, sufren epidemias por los precarios cuidados sanitarios, la educación es una quimera, hay episodios de tensión...

María Simón, coordinadora de emergencias de Médicos Sin Fronteras (MSF) en Bangladesh hacía esta radiografía de situación hace dos meses, en el primer aniversario del éxodo.

El acuerdo de retorno

Prácticamente desde el inicio de esta crisis humanitaria, Bangladesh está tratando de que los rohingyas regresen a su país. Aunque les abrió las puertas y el país ha sacado de la pobreza a 20 millones de personas en dos décadas, sigue siendo un país con una enorme densidad de población y pocos recursos. En noviembre del pasado año ya se firmó un acuerdo bilateral Daca-Naipyidó para estas repatriaciones, pero se ha ido retrasando.

Finalmente, el pasado 30 de octubre se rubricó el que se presentó como un acuerdo "firme", un "primer paso" para la vuelta. Se ha elaborado una lista con los 8.000 primeros nombres. En una primera entrega, cruzarán la frontera de vuelta 2.300 personas, de 485 familias, a partir del 15 de noviembre. Ya hay en elaboración una segunda lista con otros 22.400 nombres. Todos ellos han sido analizados por Myanmar y aprobados por sus autoridades. Hay que verificar las identidades, averiguar dónde vivía cada persona y, luego, ver si quieren o no volver.

¿Pero ha cambiado algo?

Como gesto de buena voluntad, Birmania ha dicho que va a proceder a "reformar" algunos protocolos de actuación de sus fuerzas armadas y cuerpos policiales, que trata de promover "el orden" entre sus filas, y que está impartiendo "talleres" para reducir sus comportamientos violentos, "para que no puedan discriminar a las personas de Rakhine", informa AFP. "Hemos demostrado actitud política, flexibilidad y capacidad de adaptación para comenzar con la repatriación lo antes posible", enfatiza su secretaria de Exteriores, Myint Thu.

Lo que ha dejado claro es que no va a darles la ciudadanía anhelada a los rohingyas ni va a flexibilizar sus movimientos limitados. Tampoco les promete mejor salud o educación. Ni siquiera garantiza que puedan volver a la región que era su casa, Rakhine, donde poco queda en pie y se vive "en grave riesgo", según el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR).

Hay pueblos que han desaparecido por completo y que han sido sustituidos por infraestructuras militares (bases, helipuertos y carreteras), según las imágenes captadas por satélite por Amnistía Internacional y difundidas junto a un informe el pasado marzo. El Ministerio de Exteriores birmano sostiene que algunas viviendas -un par de centenares- se están reconstruyendo, pero mientras eso sucede, los que regresen quedarán encerrados en un "campo de recepción".

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Crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio

Amnistía Internacional, Human Rights Watch y diversas agencias de Naciones Unidas han puesto el grito en el cielo ante la posibilidad de este retorno masivo de ciudadanos a un lugar que les es hostil. La relatora especial de la ONU para Myanmar, Yanghee Lee, ha emitido un comunicado en el que dice que estos musulmanes se enfrentarían "a un alto riesgo de persecución" si vuelven. "Myanmar no ha brindado garantías de que no volverían a sufrir la misma persecución y la misma violencia horrible", insiste. El Gobierno tiene que confirmar que dará "un entorno seguro" a los refugiados, pero no es el caso. Lee reclama que primero se traten las causas de la crisis, aún por resolver, "empezando por la ausencia del derecho de ciudadanía".

El ACNUR, por su parte, también muestra sus dudas y sostiene que las condiciones del país "aún no son propicias para el retorno". "Es fundamental que los retornos no sean apresurados o prematuros", alerta a Reuters su portavoz, Andrej Mahecic.

El pasado agosto, la ONU publicó un durísimo informe en el que afirmaba que los responsables de las Fuerzas Armadas birmanas deben ser investigados y juzgados por un tribunal internacional por los ultrajes contra esta minoría. "Los crímenes cometidos en el estado de Rakáin, y la manera en la que fueron perpetrados son similares en su naturaleza, gravedad y alcance a aquellos que han permitido establecer un genocidio intencional en otros contextos", señaló la Misión Internacional de Investigación de la ONU. Se habla, expresamente, de crímenes de guerra, de lesa humanidad y de genocidio.

Naipyidó rechazó esas conclusiones y dijo que los enviados de la ONU no habían sido independientes. "Es un informe poco constructivo y lleno de prejuicios", dijeron sus portavoces.

Y la respuesta del mundo es...

Pese a la alerta roja que avisa de que un retorno de los rohingyas a Birmania puede acentuar aún más su persecución, poco se está haciendo en el planto internacional, más allá de los informes y los comunicados ya reseñados.

Según informa la agencia Associated Press, se ha redactado un borrador de resolución en las Naciones Unidas para condenar de forma "enérgica" las "graves violaciones y abusos de derechos humanos" que se cometen contra este pueblo. El texto pide además a Birmania que ponga fin a su discriminación y abra el camino al reconocimiento de la ciudadanía.

Enfatiza la "profunda preocupación y angustia" que generan los informes conocidos sobre este drama, el uso de fuerza excesiva, las razzias militares, los asesinatos y las violaciones, pero no hay apartado alguno en el que se contemplen amenazas o sanciones contra Myanmar.

La iniciativa ha sido impulsada por la Organización para la Cooperación Islámica, compuesta por 57 naciones, a las que se han sumado 25 europeas más Canadá. Se espera que se vote el mismo 15 de noviembre.

Por ahora, son sólo palabras.