Multa de 12 millones de euros a España por no cumplir la normativa de aguas residuales de las ciudades

Multa de 12 millones de euros a España por no cumplir la normativa de aguas residuales de las ciudades

Por cada semestre de retraso se sumarán 11 millones de euros.

EFE

España ha tenido 27 años para cumplir la directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas. Este documento establece que se debe garantizar que las ciudades y urbanizaciones recojan y traten correctamente sus aguas residuales para evitar que queden contaminadas por bacterias y virus nocivos.

Las ciudades debían aplicar la normativa para el 1 de enero de 2001. Y, como España no lo ha hecho, después de muchos avisos desde Bruselas, le ha llegado la primera multa.

El Tribunal de Justicia de la UE ha condenado hoy a España a pagar 12 millones de euros y por cada semestre de retraso se sumarán 11 millones de euros aproximadamente, según un comunicado del propio Tribunal.

"#ECJ: España pagará una suma global de € 12 millones + una multa coercitiva de € 11 millones por cada semestre de retraso en la implementación de la Directiva de Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas".

España se une así al club de países de la Unión Europea sancionados por estos incumplimientos. En este grupo figuran países como Bélgica, Luxemburgo, Grecia, Portugal e Italia.

La corte declaró por primera vez el incumplimiento de España en 2011

El caso se remonta a 2010, cuando la Comisión Europea llevó al España ante la Justicia europea tras haber comprobado que varias aglomeraciones urbanas con más de 15.000 habitantes no disponían ni de sistemas colectores ni de sistemas de tratamiento de aguas residuales urbanas. El tribunal confirmó el incumplimiento en abril de 2011.

El Ejecutivo comunitario denunció de nuevo a España el año pasado porque el Estado seguía sin cumplir la sentencia en 17 aglomeraciones.

Finalmente, la corte ha dictaminado que España ha violado su obligación de cumplir la sentencia de 2011 porque 17 de las 43 aglomeraciones urbanas siguen sin disponer de los sistemas necesarios.

Estos son los municipios:

Asturias: Gijón Este.

Canarias: Noreste (Valle Guerra) y Valle de Güímar.

Andalucía: Matalascañas, Alhaurín el Grande, Isla Cristina, Tarifa, Coín, Estepona-San Pedro de Alcántara, Nerja y Barbate.

Comunidad Valenciana: Benicarló, Peñíscola y Teulada-Moraira.

Galicia: Santiago de Compostela, Aguiño-Carreira-Ribeira y Vigo.

Los jueces han reconocido "los esfuerzos significativos" de España para reducir el número de municipios sin estos sistemas , pero consideraron como "circunstancia agravante'" el carácter prolongado de la infracción.

España ha argumentado que algunos municipios ya están en regla y han hablado de las dificultades jurídicas y económicas que sufre el país como razón por el retraso en el cumplimiento de la legislación.

Los jueces han subrayado que estas causas no eximen a España de cumplir la normativa y han decidido sancionarles.

La multa es una medida "disuasoria" que evitará que se repitan infracciones similares en el futuro. Por su parte, España ha afirmado que no podrán cumplir la sentencia antes de 2019.