¿Qué Andalucía deja Moreno antes de pasar por las urnas?

La carrera electoral por la Junta de Andalucía encara su esprint final con la línea de meta fijada en el 19-J. Los votantes decidirán si vuelven a dar la oportunidad al popular Juan Manuel Moreno Bonilla de continuar cuatro años más en San Telmo, después de que en enero de 2019 lograse conformar Gobierno con Ciudadanos, y el apoyo externo de Vox, ante un PSOE capitaneado por Susana Díaz que, a pesar de ser la fuerza más votada, no logró ni mayoría absoluta ni posibilidad de reeditar Gobierno.

Se cumplía así el gran sueño del PP andaluz de tomar las riendas de una comunidad en la que el socialismo había gobernado cuatro décadas. Ahora buena parte de las encuestas publicadas recientemente auguran la victoria de los populares. El último barómetro del CIS con proyección de escaños les deja a una distancia de entre 6 y 8 de la mayoría absoluta (y, por lo tanto, a merced de Vox). No obstante, ¿qué ha hecho en esta legislatura el Ejecutivo de Moreno Bonilla? ¿Qué ha cambiado en la región desde su investidura en ámbitos tan importantes para la ciudadanía como la economía, la sanidad o la educación?

Las respuestas a estas preguntas dibujan un escenario de claroscuros con indicadores positivos y negativos, marcados por uno de los contextos socioeconómicos más complicados a los que han tenido que hacer frente los dirigentes de todos los niveles: la pandemia y, más reciente, las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania.

Cuando Moreno Bonilla fue investido presidente de la Junta, recogió una Andalucía con una tasa de paro del 21,26% -datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) del cuarto trimestre del 2018-, mientras que la nacional era del 14,45%. Las cifras en el primer trimestre de 2022 revelan que se someterá al test de las la urnas tras haberla bajado al 19,43%, es decir, una reducción de casi dos puntos (1,83). Con todo, el nivel de desempleo continúa siendo mayor si se compara con el de España, 13,65%.

El nivel de ocupación es uno de los grandes puntos fuertes de los que puede presumir Moreno, pero con un abanico de matices. Con los datos del INE en la mano en los mismos periodos antes mencionados, la tasa de paro juvenil (menores de 25 años desempleados) ha pasado del 45,09% al 36,07% actual. Pero sigue siendo inferior a lo que ocurrió a escala estatal (del 33,54% al 30,18%) y la comparación por comunidades les deja en la parte baja de la tabla. Por detrás se encuentran únicamente Melilla (62%), Canarias (57,35%), Ceuta (42,32%) y Extremadura (39,88%).

Si se analiza la evolución de la riqueza de la región el resultado también contiene un dato revelador. Según los últimos datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), en el primer trimestre de este año la tasa de variación anual del PIB a precios de mercado fue del 6,8, lo que supone una diferencia de cuatro décimas por encima del nacional en el mismo período, que el INE sitúa en el 6,4. A pesar de que es un aumento ligeramente superior, Moreno no ha pasado por alto este hecho y ha puesto el listón en convertir a Andalucía dentro de 8 años en la segunda comunidad con el mayor PIB, con el objetivo de batir a Cataluña.

Quizás una de las mejores maneras de definir qué ha ocurrido en el plano económico en los últimos años en Andalucía es el término que emplea el economista José María O’Kean: “Una transición tranquila”. El catedrático de Economía Aplicada explica a El HuffPost que la serie de cambios que se preveía con la llegada de un partido de centroderecha al poder se ha visto condicionado por la pandemia y no se ha podido acometer como tal.

Entre los puntos fuertes de la gestión económica del equipo de Moreno “ha destacado, por una parte, las relaciones con los empresarios y el tejido productivo”, señala el profesor de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla. O’ Kean también pone el foco en los deberes económicos de la Junta en materia de cumplimiento de déficit. “Las cuentas además han cuadrado”, apunta, “se han presentado bien, se han reducido los impuestos”, pero también “se ha recaudado más”.

Desde algunos medios de comunicación y algunos sectores del PP se ha ido construyendo la idea de que Moreno ha traído una suerte de ‘milagro económico y fiscal andaluz’. Mas O’ Kean recuerda que Andalucía ha seguido la línea de España, pero “la economía andaluza sigue por debajo de la media española, como siempre, el paro sigue varios puntos por encima, yo no veo ahí milagro”.

Con todo, el economista sí destaca que ha habido cambios positivos en sectores como el agroindustrial y que han aparecido muchas empresas tecnológicas, una cuestión muy importante de cara al futuro. También que se han atraído numerosas inversiones en ciudades como Málaga.

El experto también recuerda que hay un factor determinante que ha influido en los efectos de la pandemia sobre la economía andaluza. “El sector turístico pesa mucho más que en otras comunidades, como puede ser Castilla y León o Castilla-La Mancha”, incide, de un sector de los más castigados que ahora deberá hacer frente a la “incertidumbre” que pueden generar las consecuencias de la invasión de Ucrania con una inflación disparada, por ejemplo en los salarios.

La estrategia fiscal de Moreno

Si hay algo de lo que ha hecho gala Moreno ha sido de su política fiscal, con rebajas que han afectado al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), al Impuesto sobre el Patrimonio, al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD) y al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD).

Este año ha adelantado la entrada en vigor de la reducción de la escala autonómica del IRPF prevista para 2023, colocando los tipos entre un mínimo del 9,5% (desde los 12.450 euros) y un máximo de 22,5% (en adelante de los 60.000). Sin embargo, y en líneas generales, esta rebaja fiscal no ha afectado al tramo mínimo, sino que se ha planteado desde los tramos altos reduciendo el máximo desde el 24,3% del 2020 y desde el 23,7% del 2021. Es fácil de comprobar con un vistazo a las tablas de la Consejería de Hacienda.

O’ Kean explica que desde la Junta han seguido la línea de bajar los tramos más altos y “ahí sí ha habido una cierta reducción fiscal para atraer a gente” que estaba tributando fuera. “Han intentado que personas que tenían recursos que tributan muchos impuestos y que se empadronan en Madrid porque los impuestos son muy bajos se queden en Andalucía”, precisa.

No obstante, ¿son de gran magnitud todas estas reducciones fiscales? Lo cierto es que en algunos casos es cuestionable. Por ejemplo, en el marco del ITPAJD la rebaja del tipo general aplicable en las Transmisiones Patrimoniales Onerosas (es decir, entre particulares) ha pasado del 10% al 7% durante esta legislatura, mientras que para los documentos notariales (AJD) ha pasado del 1,5% al 1,2%. El Impuesto de Sucesiones y Donaciones sí lo ha bonificado en un 99%.

No obstante, el de Patrimonio continúa exento hasta los 700.000 euros, el mínimo por ley para todas las comunidades. Eso sí, ha adelantado que lo quiere “tocar un poco más”, deslizando que quiere mirarse en el espejo fiscal de Isabel Díaz Ayuso en Madrid, donde por ejemplo este tributo está bonificado al 100%. La realidad es que el único cambio hecho hasta ahora el Impuesto de Patrimonio es que ha mejorado el mínimo exento hasta 1.250.000 euros para las personas con un grado de discapacidad del 33% y hasta el millón y medio de euros para las de más de un 65% .

La gestión sanitaria de Moreno ha sido uno de los epicentros que han marcado esta campaña electoral. El popular la ha defendido a capa y espada, pero hay un dato más que revelador. El pasado marzo, el Ministerio de Sanidad hizo público su informe Estadística de Gasto Sanitario Público 2020, un documento que señala que Andalucía fue la comunidad con menor gasto sanitario público por habitante, en relación a su población, con 1.398 euros por persona. Le siguieron la Comunidad de Madrid (1.491 euros por habitante) y las Islas Baleares (1.577 euros por habitante).

Eso sí, según estos mismos datos, la comunidad andaluza incrementó en un 11,3% el gasto público entre 2019 y 2020. En ese último ejercicio, fue la comunidad autónoma que mayor cantidad destinó a los servicios primarios de salud, el 17,7% de todo el gasto consolidado. Y es que la pandemia, como para tantos otros dirigentes, ha sido uno de los grandes retos que ha marcado el mandato de Moreno al cargo de la Junta. Un desafío que supuso un mazazo en la base de la Sanidad, la atención primaria.

En el último informe sobre la situación de la atención primaria elaborado por la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), se recoge que un 41% de los médicos de familia de Andalucía supera la ratio aconsejada de pacientes a los que pueden atender, un parámetro que se mide por el número de profesionales que superan las 1.500 TSI (tarjetas sanitarias individuales). Es un dato inferior al nacional (35,4%), pero que sitúa a la comunidad como la décima con el peor porcentaje (no hay registros de Cataluña en este caso).

Donde los datos no dejan en tan buen lugar a la comunidad andaluza es en el relativo a las listas de espera. Los recientes indicadores dados a conocer por el Ministerio de Sanidad sitúan a Andalucía como la cuarta región donde más hay que aguardar para una consulta médica, con un tiempo medio de espera de 105 días, por detrás de Aragón (160), Canarias (118) y Navarra (109). También por debajo de la media nacional (89).

Si de lo que hablamos es de listas de espera para una intervención quirúrgica, la media en Andalucía es de 128 días frente a los 123 a escala nacional. En este caso es la octava comunidad en la que más hay que esperar para una cita de este tipo. Cabe destacar que en el programa electoral del PP en 2018 llevaban la siguiente promesa: “Eliminación de las listas de espera en la sanidad: 60 días

naturales para una intervención quirúrgica. Tiempos máximos de espera en consultas externas en 15 días naturales y 10 días para las pruebas diagnósticas”.

No obstante, resulta complicado extraer un análisis comparativo de lo que ha ocurrido con la Sanidad bajo el mandato de Moreno, puesto que nunca antes se había expuesto a un desafío como la crisis sanitaria del coronavirus. Esta es la opinión de Rafael Carrasco, presidente del Sindicato Médico Andaluz (SMA), quien, aunque queden demandas del sector por atender, sí ha visto avances. Lo ha notado en cuestiones como la equiparación salarial de los profesionales, la aprobación de un complemento específico para todos los médicos de la comunidad y otro de continuidad asistencial en la atención primaria, que se aprobó a finales del pasado año resolviendo una demanda histórica.

“Digamos que lo más positivo es que no ha habido un deterioro importante de la sanidad”, valora, puntualizando que se ha aumentado el presupuesto y ha aumentado la plantilla, tanto mediante fondos propios como los destinados por la pandemia. “Se ha consolidado mucho empleo, hemos pasado de más del 40% de temporalidad a cerca del 12%”, afirma reconociendo que “es cierto que una gran parte de todo esto ha sido gracias a estos fondos europeos para combatir la covid”.

Otra de las grandes medidas que tomó Moreno en lo peor de la pandemia fue la reapertura del antiguo Hospital Militar Vigil de Quiñones en la capital andaluza como hospital de emergencias -en el marco de 33 nuevas instalaciones sanitarias inauguradas en la legislatura-. En un contexto en el que se levantaban hospitales de pandemia como el polémico c Isabel Zendal en Madrid. “Es un hecho relevante, es un hospital que llevaba mucho años cerrado y que la Administración siempre argumentaba que era tan costoso recuperarlo que no era rentable ni era viable, sin embargo, durante estos años se ha conseguido y se ha abierto”, reconoce Carrasco.

El presidente del SMA apunta que es necesaria la “remodelación en profundidad de la atención primaria, que sigue teniendo escasez de medios y que sigue siendo la hermana pobre”. Carrasco lo tiene claro que hace falta más inversión y defiende que “hay que conseguir como sea que una persona pueda ser atendida durante 10-15 minutos por su médico”.

En este sentido, y como ocurre en otras comunidades autónomas, apunta a una carencia de profesionales en Andalucía, pero matiza el que ha venido siendo un argumento recurrente por muchas administraciones para justificar la dificultad de contratación: “Es verdad que no hay médicos, pero también es verdad que algunos de los que hay se nos van porque pagamos mal, porque las condiciones son malas, porque llegamos tarde...”.

El estado en Enfermería

En el sector de la enfermería han percibido avances positivos, pero también quedan asuntos pendientes explica a El HuffPost Rosa Elena García, secretaria de Acción Sindical de SATSE Andalucía. “Destacamos el diálogo con la Junta de Andalucía como algo positivo, aunque con matices”, afirma, recordando que gracias a sus gestiones “hemos conseguido subidas salariales para, atención primaria y atención hospitalaria tanto para enfermeras y enfermeros como para fisioterapeutas del SAS”.

No es el único logro que destacan de las negociaciones con la Consejería de Salud, como “la resolución del concurso de traslados 2019 y la convocatoria de otro para el 100% de la plantilla, la convocatoria de la OEP 2018-2021 y estabilización”.

En la otra cara de la moneda, asignaturas pendientes que se alargan en el tiempo, como lograr “una carrera profesional justa y accesible como en otras comunidades autónomas o la transformación de los nombramientos Covid-19 en plantilla estructural”. También cuestiones como “los problemas de falta de plantilla o inseguridad y nuestras demandas salariales”, que “de entrada han sido acogidas con buenas palabras y con el firme propósito de ser atendidas, pero muchas se han quedado en el tintero”.

García también pone el foco en la ratio de pacientes a los que tienen que atender las enfermeras, destacando que no se ajusta a las necesidades de la población -según el informe de la FADSP, aumentó de 1655 a 1.672 entre 2019 y 2020-. “SATSE ha recogido 50.000 firmas en Andalucía para establecer por ley un máximo de pacientes por profesional y ofrecer una atención sanitaria que garantice la seguridad del usuario”, explica la secretaria de Acción Sindical SATSE Andalucía.

Durante el tiempo de Moreno al cargo de la Junta también se han producido cambios en algunos de los principales indicadores educativos. Con Javier Imbroda (Ciudadanos) a las riendas de la Consejería de Educación, Andalucía logró bajar del 20% la tasa de abandono escolar temprano, por primera desde que existen registros -datos del Ministerio de Educación-. No obstante, el año pasado acabó como la comunidad autónoma con los peores datos de esta lista (17,7%), alejado de la media nacional (13,3%).

Eso sí, entre 2018 y 2020 se destinaron más fondos a Educación, según los datos más recientes del ministerio. Concretamente, el gasto público en este ámbito se incrementó 777.037 euros, hasta superar los 8,9 millones. No se puede obviar que este crecimiento se produjo en sintonía con el resto de España, puesto que en el conjunto nacional aumentó de los 50,6 a los 55,2 millones en ese mismo período.

Detrás de todos estos datos se encuentra también la distorsión que conlleva inevitablemente la pandemia. Más allá de estos indicadores, hay luces y sombras. Elena García, presidenta de CSIF Educación Andalucía, valora para El HuffPost los avances conseguidos en estos años y lo que queda pendiente para la próxima legislatura andaluza.

Entre lo logrado se halla el desarrollo normativo de la Ley de Reconocimiento de Autoridad del Profesorado de Andalucía, una demanda histórica de este sindicato que entre otras cosas garantiza la asistencia jurídica y psicológica para los docentes ante situaciones de conflicto. García también recuerda que arrancaron exigiendo compromisos para la equiparación retributiva del profesorado con la media nacional y después de una negociación larga se “ha llegado a buen puerto” al firmar el acuerdo el pasado abril.

Respecto a las demandas históricas, los “debes”, como los califica, pasan por la necesidad de adecuar las ratios de alumnos a atajar la burocratización de la labor docente en la enseñanza que consideran desde CSIF como “una lacra”. García comenta que cada vez existe “una carga mayor” en cuestiones como la elaboración de informes, aunque esta no esté recogida estrictamente en el horario del profesorado. Según explica, afecta negativamente al alumnado y al proceso de enseñanza, evidenciando que es necesario un aumento de la plantilla.

La plantilla del profesorado y las ratios

La otra gran pata del problema que acusa la Educación andaluza es el antes mencionado ratio del alumnado en las aulas. García asegura que chirrían los argumentarios sobre esta situación, afirmando que lo ha venido esgrimiendo la actual la Administración educativa andaluza, pero también la anterior. Sin embargo, subraya que “esta sí que utiliza ese mantra que han hecho propio de que no existe un problema de ratios sino de natalidad”.

“No se puede llevar al límite determinadas unidades que están sobrepasando los 26 [alumnos]”, opina, matizando que no es un problema generalizado en toda la comunidad, pero advierte de una “ingeniería o maquillaje aritmético” resultante de hacer una media con la situación en los centros de áreas metropolitanas y las rurales -donde hay mayor y menor concentración por aula, respectivamente-.

“No nos vale que se están haciendo cálculos utilizando la excepcionalidad y la excepcionalidad que se está haciendo cotidiana es el incremento de la ratio en un 10% [que tiene previsto la propia normativa]”, desgrana de una excepción para el alumnado sobrevenido (por ejemplo, los repetidores). “Ahí queremos poner el acento y donde entendemos que se debe incrementar la plantilla para que se produzcan esos desdobles de grupos, refuerzos y para que se dé una atención más individualizada”, valora.

Precisamente, sobre la demanda de más profesionales, desde CSIF también critican que “durante estos cuatro años, la plantilla hemos visto que se ha incrementado a base de suscribir acuerdos” para salvar una situación anómala marcada por la pandemia. García defiende que los aumentos de profesionales no se hagan de forma puntual, sino estructural.