Ministerio de Justicia y Covid-19 (Memoria de Enrique y Landelino)

Entre los tremendos impactos de las medidas de emergencia adoptadas en la lucha contra la pandemia de la Covid-19 sobre el régimen ordinario de disfrute y pleno ejercicio de los derechos consagrados por la Constitución española de 1978, no es asunto menor el relativo al acceso a la Justicia con todas las garantías, con prohibición de indefensión, así como a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE).

Interesa, pues, y mucho, fijar la vista en los planes que el Ministerio de Justicia (y, por su parte, el CGPJ y Fiscalía General del Estado), contemplan para responder ante lo que con total certeza va a suponer un descomunal desafío de respuesta jurisdiccional a la eclosión de recursos, pleitos y litigios congelados o aplazados, suscitados en la crisis y/o por la propia crisis, muchas de cuyas medidas tendrán, empiezan ya a tener, cauce de contestación judicial en forma de recursos y acciones.

Es cierto que los procedimientos más imperiosos (las llamadas, en la jerga, “causas con preso” por afectar a situaciones de privación de libertad, derecho y valor prioritario en la administración de Justicia, junto a las que afecten de lleno a derechos fundamentales indisponibles y, por descontado las de violencia de género) han seguido siendo preservados como objeto preferente de actividad de los juzgados para su tramitación. Pero también que prever la normalización, en el transcurso de un tiempo razonable, de la ingente cantidad de asuntos que ahora se embolsan en el cúmulo de los casos pendientes -en su mayor parte debida al parón de actividad impuesto por la emergencia-, implicará seguramente recurrir a todas las herramientas tecnológicas y digitales (incluyendo la incipiente “Inteligencia Artificial”) oportunas y al alcance: Y hay que saber, al respecto, que ya se han puesto sobre la mesa varias y estimables propuestas e iniciativas que permitan celebrar “videojuicios” y “teleprocesos” como no hemos conocido antes.

Activar todos estos instrumentos, ciertamente excepcionales, obteniendo para ello el concurso de los  múltiples operadores del Derecho y la Justicia (multiplicidad de cuerpos de funcionarios: jueces y magistrados, fiscales, letrados de Justicia, cuerpos de la Administración; profesiones del Derecho,  abogacía y procuradores), requiere un liderazgo político que sepa movilizar visión, altura de miras, compromiso, autoexigencia e incluso, por qué no decirlo, capacidad de sacrificio, por parte de cientos de miles de actores del ámbito jurisdiccional.

Hacerlo posible exige conocimiento del medio, que es muy especializado. Y manejo de una abigarrada (y técnicamente sofisticada) multiplicidad de competencias y atribuciones esparcidas en una espesa y densa gama de instituciones y órganos. Pero también hará falta derrochar mucha empatía para espigar el interés general de la Justicia y los justiciables (es decir, de la ciudadanía vapuleada por la crisis) a través y por encima de los intereses legítimos diferenciados y a menudo confrontados entre sí de esos múltiples sujetos individuales y colectivos que hacen posible a diario el funcionamiento ordinario de juzgados y tribunales.

Si esto es así en circunstancias calificables de “ordinarias”, con mayor carga de razón ante lo extraordinario. Y la emergencia de la Covid y la ansiada recuperación de la normalización tras el desconfinamiento ciertamente delinean un arquetipo insuperable de retos extraordinarios. También para la Justicia. Y talante para abordar este reto extraordinario es lo que cabe esperar del Gobierno de España, al frente de la estrategia de lucha contra la pandemia y de apuntalamiento de esa esperada, ansiada, “nueva normalidad” a cuyos contornos no es fácil asomarse todavía con certidumbre bastante.

Es el momento de confiar en la capacidad de dirección política, en una operación revestida de tamaña envergadura, por parte del ministerio de Justicia. Y, en sus atribuciones, por el CGPJ y la Fiscalía de Estado, con la colaboración de las CC.AA. en las competencias que tengan atribuidas en el ámbito de lo que el TC denomina, a partir de sus históricas SSTC 56/90 y 62/90, “administración de la administración de Justicia” (perímetro constitucional de la descentralización del Estado autonómico en la competencia estatal que sobre la Justicia residencia en el Estado, art. 149.1.5 CE).

En esta sucesión tremenda de interminables jornadas de euroconfinamiento en la lucha contra la pandemia de la Covid, quienes amamos la Justicia, máxime habiendo asumido responsabilidades en su política y gestión, hemos acusado el golpe de perder a dos históricos del ministerio de Gobierno que ocupa de esta rama de la estructura del Estado, requerida, a mi juicio, como ningún otro Departamento del Gobierno de España, de una insoslayable dosis de disposición al entendimiento transversal entre fuerzas políticas,  y a la búsqueda activa de grandes acuerdos y pactos.

Rindo homenaje de nuevo a la memoria de Enrique Múgica Herzog (1932/2020), con cuya amistad y consejo me honré desde que serví a sus órdenes como asesor parlamentario a inicios de los 90 del pasado s. XX, tiempo antes de desempeñar yo mismo la cartera de Justicia.

Durante sus casi tres años de mandato como ministro de Justicia, Enrique Múgica Herzog dio cuenta de ese carácter con que se distinguió invariablemente durante su larga vida: pasión por la libertad individual y colectiva (la que le llevó a la cárcel en su lucha antifranquista en los años 50 cuando era estudiante de Derecho en la Universidad Central) y coraje personal, el mismo que le llevó a acordar y ejecutar la dispersión de presos de ETA a lo largo y a lo ancho penitenciario, en un acierto estratégico que el tiempo demostraría decisivo en la derrota de la mafia criminal que se asesinó, años después, a su querido hermano Fernando. Pero también de ese talante conversador, propenso a fuerza de curiosidad y de ese respeto a las ideas y posiciones ajenas que sólo pueden permitirse los que conjugan con fuerza convicciones arraigadas y disposición dialéctica a la argumentación contraria y a los intereses legítimos de aquellos con quienes convivimos y a los que, alguna vez, nos alcanza el privilegio servir desde el Gobierno.

También hemos lamentado la muerte de Landelino Lavilla (1934/2020), una vida paralela, de muy distinto itinerario a la de Enrique Múgica y, sin embargo, coincidente en el servicio público a España y a los españoles desde las exigencias ciertamente singulares del ministerio de Justicia.

Juristas y personas de Estado, ambos pertenecientes a la generación que asumió el protagonismo de la transición democrática y la construcción de consensos para la afirmación de una Constitución que, 42 años después, mantiene su plena vigencia, para la recuperación de las libertades y, al tiempo, el avance social y la modernización de nuestra economía. Las figuras y legados de Landelino y Enrique honran nuestra historia reciente. Y enriquecen, con su hoja de servicios, la del ministerio de Justicia, requerido, en todas las estaciones, de imaginación política, altura de miras y pericia para acometer empresas como la que va a hacer falta para que la jurisdicción de garantía de derechos haga frente al volumen de trabajo que la acecha el día después de la Covid-19.