“Mientras gobierne esta gente en la Región de Murcia, no hay solución para el Mar Menor”

El pasado 17 de agosto, después de toda una noche tomando muestras en el Mar Menor tras la inusitada mortalidad de peces en la laguna, Pedro García se encontró con dos escenas desagradables al llegar a la orilla. Una era de dos señoras mayores, que le preguntaron entre lágrimas qué se podía hacer para evitar esa desgracia. La otra se produjo cuando unos reporteros le preguntaron qué opinaba sobre el anuncio de que el Gobierno de la Región de Murcia iba a denunciar a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, por la inacción por “permitir la entrada de nutrientes y agua dulce en el Mar Menor”. “¿En serio?”, fue lo único que García atinó a responder.

Pedro García (Isla Plana, Cartagena, 1966) lleva dos tercios de su vida siendo miembro de la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE), que ahora dirige. De formación geógrafo, y habiendo trabajado 20 años como técnico de Medio Ambiente en la Administración, la vocación ecologista le viene de nacimiento, pues su familia siempre se ha dedicado al campo o al mar. En toda su trayectoria, nunca había visto lo que ha ocurrido este verano en el Mar Menor.

En poco más de una semana se recogieron cinco toneladas de peces y crustáceos muertos, aunque ANSE considera que la cifra real es al menos dos veces mayor. A ese drama había que sumar que mientras la población, los ecologistas y medio mundo observaban con consternación lo que sucedía en las playas, los responsables políticos de la región primero negaron lo que pasaba —achacándolo a las altas temperaturas—, después “echaron balones fuera” y le “quitaron dramatismo” —diciendo que no era anoxia (ausencia total de oxígeno) sino hipoxia (reducción de oxígeno)—, y por último acabaron responsabilizando al Gobierno central.

Ahora, un informe del Instituto Español de Oceanografía (IEO) confirma lo que muchos sospechaban: que la mortandad de especies se produjo principalmente por el continuo aporte de nutrientes procedentes de la actividad humana, sobre todo la agricultura intensiva del Campo de Cartagena.

ANSE contradijo desde el primer momento la versión del Gobierno murciano, y advirtió que “había síntomas que apuntaban a la falta de oxígeno [anoxia]”. “Al final, la evidencia fue tan brutal que al Gobierno ya no le quedaron argumentos. Pero lo peor es que han puesto en duda los criterios científicos”, sostiene García.

Para Pedro García, el Gobierno de Fernando López Miras “ha dejado a la ciencia en un lugar espantoso, queriendo basar sus medidas en supuestos conocimientos científicos, cuando no era verdad”. ANSE considera que con esta crisis “se ha puesto de manifiesto que las decisiones, la gestión y la inversión [de la Región de Murcia] para solucionar los problemas no se basan en evidencias científicas”. García explica que “casi la mitad de los investigadores” que formaban parte del comité científico del Mar Menor han ido abandonando su puesto en los últimos años por negarse a respaldar teorías que convinieran al Gobierno regional. En total, ocho asesores científicos dimitieron en 2019 entre quejas por la “manipulación” y la “falta de independencia” en el manejo de la situación del Mar Menor.

Ya en la crisis de 2021, la consejería de Medio Ambiente planteó en un primer momento hacer un dragado en la gola de Marchamalo para que hubiera más intercambio de agua entre el Mar Menor y el Mediterráneo, cosa que el Colegio Oficial de Biólogos de la Región tachó “temeridad y actuación contraria a toda evidencia científica”.

Ahora, el Partido Popular —tanto el nacional como el que gobierna la Región de Murcia— se empeña en señalar a la rambla del Albujón e insiste en que la solución es “evitar que se sigan vertiendo al Mar Menor unas aguas dulces cargadas de nitratos que no vienen de vertidos directos del sector agrícola, prohibidos y precintados esos pozos desde hace tiempo en la Región, sino que muchas veces afloran por acuíferos a los que han llegado hace muchos años”.

De nuevo, ANSE contradice una buena parte de esta versión. Para Pedro García, “no hay duda” de que la mortalidad de los peces “deriva directamente” de la agricultura intensiva, concretamente de los nitratos que llegan al Mar Menor “de los regadíos del Campo de Cartagena”. “En el Mar Menor se dan muchos problemas diferentes, cada uno con un origen y un desarrollo, pero el que se originó con la agricultura intensiva se ha ido incrementando con el paso de los años”, explica el geógrafo. “En vez de hacer algo con este problema, ha seguido creciendo, y creciendo y creciendo mucho más allá de lo que se tenía previsto. Y cuando ha estallado, o no se han tomado medidas suficientes o han sido casi de broma”, describe.  

Los ambientalistas llevan más de 20 años protestando contra la agricultura intensiva y la contaminación que deriva de ella, hasta el punto de que pusieron su primera queja formal ante la Unión Europea a principios de los 2000.

“El mar nos ha estado dando señales en estos 20 años, pero, hasta ahora, las Administraciones han mirado para otro lado”, lamenta García. El ambientalista cree que en 2019 se produjo un cambio “significativo”, con el giro de gobierno a nivel estatal y la visita de la ministra Teresa Ribera tras la primera anoxia a gran escala que vivió la laguna, en la que murieron al menos tres toneladas de especies marinas.

Por primera vez, la Confederación Hidrográfica del Segura hizo (CHS) “un chequeo en profundidad” de la superficie de regadío legal en el Campo de Cartagena, cuenta García, y ese informe determinó que unas 8.500 hectáreas de esos regadíos serían ilegales. Hasta el pasado agosto, la CHS había remitido a la Consejería de Agricultura 132 expedientes, que abarcan una superficie de 2.278 hectáreas, para que ordene la restitución de los terrenos a su estado original. Pero “quien ejecuta el desmantelamiento de los regadíos es la comunidad autónoma”, aclara García. Y la Región de Murcia no ha obligado a desmantelar ninguno de esos regadíos.

En parte, el geógrafo entiende el “lío de las competencias” que supuestamente hay entre Gobierno central y autonómico. Su diagnóstico es que “alrededor del 80% de las competencias son de la comunidad autónoma, porque se trata de un espacio medioambiental protegido”. García lo resume así: “La contaminación por nitratos de origen agrícola es competencia de la comunidad; la transformación de secano a regadío es de la comunidad; pero el agua que se utiliza en los regadíos es competencia de la Confederación Hidrográfica del Segura”, que depende del Estado. 

En cualquier caso, aclara García, “no es tan fácil que el Estado pueda aplicar medidas cuando son competencia de la comunidad”. “La Confederación Hidrográfica del Segura puede determinar que se deben tomar una serie de medidas; pero luego tiene que pedir a la comunidad autónoma que las aplique”, señala. “Y si las administraciones están peleadas entre ellas, nos puede llevar a caminos sin salida”, dice. He ahí otro de los problemas.   

Pedro García se confiesa derrotado cuando piensa en lo que puede (o no) esperar por parte del Gobierno de Murcia a la hora de buscar soluciones. “Mientras gobierne esta gente, creo que no hay solución, francamente”, reconoce. “A nivel ambiental, no hay solución para el Mar Menor de manos de la comunidad autónoma. No la hay”, recalca el geógrafo, que sostiene que “va a depender de cómo sea de capaz el Estado, o de si la Unión Europea se moja”. “A nivel regional no esperamos nada”, insiste.

“Entiendo que los dirigentes políticos no tienen por qué hacerlo, pero el Ministerio [de Transición Ecológica], tanto desde la secretaría de Estado como la ministra, se interesaron estos días, nos llamaron, nos escribieron por WhatsApp”, enumera García. Por parte del Gobierno regional, en cambio, no hubo un solo gesto hacia ANSE, que lleva trabajando por la zona desde 1973. 

En todo este tiempo, no es la primera vez que el Mar Menor da muestras de no poder más. “En 2016 nos enseñó la zarpa con la sopa verde, cuando las aguas se pusieron verdes”, recuerda García. En 2019, ya no fue un susto, sino “un bofetón descomunal que nos dejó en shock, como cuando la vida te da un golpe”. 

Para l próximo 7 de octubre, varias organizaciones ecologistas, entre ellas ANSE, han convocado una manifestación en Murcia que irá desde la Consejería de Medio Ambiente hasta la sede del Gobierno Regional para exigir “soluciones reales ya” a la crisis ambiental del Mar Menor. “Ya queda muy poca capacidad de reacción”, advierte Pedro García. “Si ya no reaccionamos a esto, lo que nos queda es una lenta agonía”, reflexiona.