Memoria personal del derecho al aborto

La nueva ley de salud sexual, reproductiva e interrupción del embarazo revierte la contrarreforma de la derecha del requisito del permiso paterno a las menores y pretende superar las limitaciones existentes a la gestión del ejercicio del derecho al aborto en la sanidad pública. Además, tiene como novedad el reconocimiento de nuevos derechos de salud sexual y reproductiva, como los relativos a la salud menstrual o al incremento del periodo de permiso preparto.

Se trata de la tercera ley del derecho al aborto de la democracia, un proceso de ampliación solo parcialmente interrumpido por la contrarreforma parcial del PP, que ha transcurrido en paralelo a la ampliación de derechos civiles y sociales desde la Transición democrática. Algo que me ha marcado, tanto a lo largo de mis años de formación médica en salud pública, como de activismo y de compromiso político.

Después de un breve periodo de legalización en la Segunda República, durante los largos años de la dictadura el aborto clandestino fue la única alternativa al término natural del embarazo, una salida muy peligrosa para la vida y la salud de la mayoría de las mujeres, aunque para la minoría que económicamente se lo podía permitir, estaban los viajes organizados a las clínicas de Portugal o de Londres, y ya muy al final también el aborto con asistencia profesional en algunas tan selectas como secretas clínicas españolas.

Haciendo memoria, ya desde los inicios como estudiantes de medicina, una parte minoritaria estuvimos implicados en las primeras experiencias de educación sexual y planificación familiar, en particular en la escuela rural. Se trataba de una formación más teórica que práctica y no solo para los que circunstancialmente eran nuestros alumnos.

Todavía entonces nuestro profesor de Ginecología en la Facultad se permitía defender sin matices el rechazo de cualquier interrupción voluntaria del embarazo, aunque este supusiera poner en peligro la vida de la madre.

Formábamos parte del difuso movimiento de las feministas y los activistas de la planificación familiar, que junto a los primeros profesionales de los centros de planificación municipal, trataban de dar respuesta a las necesidades de salud sexual y reproductiva, consideradas hasta entonces un tema tabú por el “fascismo frailuno”, en palabras de Vázquez Montalbán, en el final de la dictadura franquista y el principio de la Transición.

En este sentido, la posterior incorporación de los centros de planning al sistema sanitario de las CCAA, supuso un paso adelante en la integración del conjunto de la atención sanitaria, pero visto con distancia, también un paso atrás en los aspectos de promoción de salud y prevención relacionados con planificación familiar. Algo que ha continuado siendo así, a pesar de la intención preventiva de las sucesivas leyes de aborto, y no solo en materia de salud sexual y reproductiva, sino en general en una atención sanitaria más centrada en la curación de la enfermedad que en prevención y la promoción de la salud.

Más tarde, ya en democracia, algunos compañeros entramos a formar parte de la comisión de sanidad del PCE, donde participamos también junto al movimiento feminista en la elaboración del texto de plazos para la legalización del aborto, alternativo al proyecto de ley de indicaciones finalmente aprobado en 1985.

Luego vinieron las luchas por la ampliación de la ley de supuestos, ampliando hasta el límite la indicación relativa al peligro para la salud de la madre, como puerta de entrada para el derecho a decidir.

Como consecuencia, nos vimos obligados a movilizarnos contra las denuncias y los juicios de los sectores conservadores contra las mujeres, los profesionales y las clínicas privadas que intentaban ampliar dicha indicación de la ley vigente y a defender el derecho a decidir. Algunos de ellos lo pagaron con largos procesos, con inhabilitación y con penas de cárcel.

Lo más reciente y sin duda la culminación a este largo proceso ha sido la defensa como coordinador general del derecho al aborto libre en el programa de Izquierda Unida y la participación como diputado y ponente en la ley de interrupción voluntaria del embarazo y de salud sexual y reproductiva de 2010, al final del segundo Gobierno de Rodríguez Zapatero, que incorporó buena parte de nuestras propuestas, como el efectivo reconocimiento del derecho a decidir en las primeras 14 semanas, al que se suman las indicaciones hasta la vigesimosegunda semana, y la objeción de conciencia individual y limitada a los directamente implicados. Una ley que contó con la consiguiente beligerancia de la derecha y la iglesia católica, y la resistencia de amplios sectores profesionales de la sanidad pública.

Salvando las distancias, también se expresó un cierto fundamentalismo en la elaboración de la ley de plazos nuestra propia casa de la izquierda, con el rechazo de sectores minoritarios a cualquier plazo para la interrupción del embarazo y con la exigencia de que se realizase de forma inmediata y exclusivamente en la pública, sin dar oportunidad a ningún tipo de transición.

La ley de IVE de 2010 sigue siendo hoy una de las más avanzadas de Europa en cuanto al reconocimiento del derecho y sus plazos, pero también en cuanto a las medidas preventivas y educativas y de disponibilidad de los métodos para evitar el embarazo no deseado. También establece la preferencia de su realización en los centros públicos y más en concreto la obligatoriedad de la cobertura de los abortos terapéuticos. Para ello garantiza que la objeción de conciencia quede limitada a los sanitarios directamente implicados y que en todo caso el centro deba garantizar el derecho y la prestación sanitaria. La demostración es que los abortos en la pública se han multiplicado desde poco más del 1% de entonces, hasta el actual 15%, aunque es verdad que más lentamente de lo deseado.

Todo, porque los supuestos de la primera ley se orientaron hacia las clínicas privadas, toda vez que la objeción de conciencia colectiva se había convertido en realidad en un derecho de veto, que se mantuvo en contra los mandatos de la nueva ley de plazos. También se retrasó la estrategia promocional y preventiva de salud sexual y reproductiva y no ha cambiado la inercia en su gestión, tanto en el sistema sanitario como en el educativo. La demostración es la persistencia de los déficits en la educación sexual de los adolescentes en la escuela y de la formación sanitaria en la Universidad y en las especialidades comunitarias con respecto a la salud sexual y en particular con relación al aborto.

La nueva ley, y en particular el debate sobre la salud menstrual, ha servido para poner en evidencia a sus adversarios, que van más allá de los sectores confesionales y que incluso trasciende a la propia letra de las leyes. Mientras tanto, más allá de nuestras fronteras en América Latina avanzaba el reconocimiento del derecho al aborto y al mismo tiempo en los EEUU su tribunal Supremo amenazaba con dar vía libre a los Estados para la prohibición de cualquier tipo de aborto, retrotrayendo la legislación a mediados del siglo pasado. Nuestro propio Tribunal Constitucional ha descongelado y estudia en estos días el recurso de la derecha contra la ley de 2010.

Con respecto al nuevo proyecto de ley de salud sexual y reproductiva, quedan pendientes informes institucionales importantes y queda sobre todo una tramitación parlamentaria compleja, en que volverán a un primer plano la oposición frontal de las derechas dentro y fuera del parlamento, pero habrá que contar también con las competencias de las CCAA en sanidad y educación, en particular con respecto a la ordenación y las garantías del carácter público de la prestación de la interrupción del embarazo y también de su gestión.

La aplicación de la ley se topará de nuevo con las dificultades de la gestión del aborto en los centros públicos, entre la objeción de conciencia colectiva de algunos servicios, la prestación efectiva por parte del centro hospitalario correspondiente y las listas de espera para las atenciones sin riesgo vital.

Al igual que en sanidad, en la escuela nos encontraremos no solo con el pin parental de la ultraderecha contra la educación sexual, sino también con los estereotipos adquiridos en las redes sociales y con el mismo tabú y las mismas resistencias culturales, también en las facultades y en los servicios sanitarios. Los mismos que ha encontrado hasta ahora la ley hoy vigente.