Mascarillas, tabaco y el Derecho Indiano

La prohibición inicial de la Xunta de Galicia de fumar en terrazas y calles, seguida este viernes de la prohibición por parte del Gobierno en acuerdo con el resto de las comunidades autónomas, no es sino una aclaración pertinente sobre la obligatoriedad que ya existe de llevar mascarilla en todo momento para disminuir los contagios del SARS-CoV-2 y que ha sido ignorada olímpicamente por los fumadores sin ninguna consecuencia. Lo cierto es que en el texto de cada uno de los decretos aprobados por las comunidades autónomas ya se prohibía fumar de forma implícita pues, salvo una interpretación maliciosa, sesgada o torticera de esos decretos era imposible entender lo contrario. ¿Por qué entonces ha hecho falta que una administración lo haga explícito (generando este revuelo), como ya exigió Nofumadores.org el 11 de junio? Muy sencillo, la industria tabaquera, la hostelería y el fumador han tenido siempre no el derecho, sino el privilegio de aplicar la ley a su gusto, deformarla o pasar de ella y que el resto de la sociedad cargue con los perjuicios. Estos sectores han hecho suyo con gran éxito el principio de “La ley se acata, pero no se cumple”, el conocido principio del Derecho Indiano, que imperaba en el esclavismo tardío español de Santo Domingo, Cuba y Puerto Rico.

Los argumentos sanitarios son de peso. En primer lugar, los fumadores son, al menos, un 140% más propensos a sufrir un agravamiento del covid-19 por la mayor expresión en sus pulmones de la enzima ACE-2, que funciona como puerta de entrada al virus. Esto hace que degenere en una neumonía bilateral que puede ocasionar graves secuelas o incluso la muerte. Pero es que además, con el reciente descubrimiento del papel que juegan los aerosoles y su carga vírica, el tabaco es señalado de nuevo. Los ciudadanos lo saben y están expresando su frustración a través de la petición de change  “¡Terrazas sin humo, ya!”, que en cuanto tuvo un mínimo de visibilidad ha alcanzado 82.000 firmas en pocos días. Con el apoyo adecuado, esta petición podría traducir en cientos de miles de firmas el hartazgo que tiene la sociedad de un tabaco que continúa imponiéndose a pesar del rechazo que suscita.

A los fumadores se les reclama con esta medida algo muy sencillo: que ayuden al esfuerzo común contra la covid-19 en la misma medida que lo hace el resto de la población. Ni más, ni menos. Sin embargo, las nuevas normas contienen un error de bulto, que, sin duda, será aprovechado para seguir cometiendo fraudes con resultado de muerte, al establecer la exigüa distancia de dos metros para exhalar el humo de un cigarrillo con sus gotículas incluidas cuando los aerosoles mantienen su capacidad infectiva al menos a cinco metros, como apunta un estudio preliminar publicado el 4 de agosto por la Universidad de Florida. Como advierte el médico José María Zabala, de la iniciativa ciudadana XQNS, la distancia mínima debería ser de 10 metros. Hay que reclamar a las demás autonomías que subsanen esta situación para proteger a la población.

Recomiendo hacer un sencillo experimento que yo mismo hice. Caminé 20 minutos a primera hora de la mañana en dirección al centro de mi ciudad con el propósito de quitarme la mascarilla quirúrgica únicamente cuando se impregnara de olor a tabaco. Cada 200 metros, me sentí obligado a quitármela por el puro asco de la sustancia que me obligaban a respirar pegada a la tela. El humo provenía casi siempre de personas con las que me cruzaba caminando o empleados a la puerta de sus lugares de trabajo, aunque en ocasiones vino desde la acera de enfrente. Si este humo tuviera carga vírica, mi mascarilla no me habría salvado, pues su objetivo es proteger a los demás de nuestras gotas de saliva. Al final del paseo me senté en la cafetería, en la que fumaban en 3 de las 9 mesas disponibles, obviando la indirecta de que no les ponían cenicero, como bien estipulan las normas de la nueva normalidad para la hostelería.

Desde el principio de la pandemia ha quedado claro el rol negativo que juega el tabaco. Por eso, más de 30 asociaciones sanitarias y de derechos civiles, entre las que se encuentran CNPT, SEDET, SEPAR, la AECC y la FACUA han suscrito ya el manifiesto impulsado por Nofumadores.org que reclama “considerar los establecimientos hosteleros en su totalidad, espacios libres de humo y de vapores, bajo la imperiosa necesidad de velar por la salud de los españoles y de controlar la evolución de la covid-19”, y que aspira a seguir recabando apoyos ante un cambio que, si los políticos saben sumarse, puede ocasionar un cambio de proporciones históricas.

La primera ola del SARS-CoV-2 causó más de 40.000 muertes, a las que hay que sumar las 55.000 que causa cada año esta otra pandemia cuyo foco emisor son cuatro grandes corporaciones con un poder inmenso. Los futuros historiadores tendrán dificultades para explicar cómo el Gobierno mantuvo abiertos los estancos como un “sector esencial” en lo más duro del cerrojazo mientras morían cientos de personas cada día. Dudo mucho que se sostenga eso de que sellos, bolígrafos y certificados eran imprescindibles y piensen más bien en la tremenda presión que ejerció el lobby tabaquero.

La pandemia brinda una ocasión única y legítima para asestar un golpe decisivo a la industria tabaquera que mantiene como adictos al 34 por ciento de la población española. Ha hecho falta un virus que ataca a los pulmones para que se escuche por fin a quienes estamos hartos de tragar humo, de predicar en el desierto, y hartos de cargar con la factura del tabaquismo mientras se sigue enriqueciendo este inmoral oligopolio. Hoy, la crisis sanitaria dicta que no se puede fumar sin riesgo, pero el día de mañana habrá que mantener estas medidas porque fumar no es un derecho, sino un dañino privilegio que ha matado a 550.000 españoles solo en los últimos diez años y que, como el coronavirus, se ceba cada vez más en los más vulnerables.