Más muertes que días de Gobierno: la convulsión y la represión en Perú, sin visos de mejora
Las protestas y la violencia continúan en el sur del país, mientras el Ejecutivo de Dina Boluarte, y una buena parte de la sociedad limeña, miran a otro lado.
Más muertes que días en el Gobierno. Ese es el triste balance del Ejecutivo de Dina Boluarte en Perú, que comenzó convulso –con la destitución y encarcelamiento del anterior presidente, Pedro Castillo, tras un intento fallido de golpe de Estado–, y hoy lo está aún más. En apenas cinco semanas, al menos 48 personas han muerto en el contexto de las protestas que han estallado en las calles del país, sobre todo en las zonas más humildes del sur, donde se ha desplegado una dura represión por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía. La mayoría de las víctimas han muerto por proyectiles, según han confirmado los informes médicos.
Organizaciones como Human Right Watch (HRW) han instado a las autoridades peruanas a iniciar investigaciones “inmediatas, exhaustivas e independientes” sobre estas muertes, concretamente sobre los “asesinatos de manifestantes” –incluidos varios menores– y el “uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad”. Medios como Reuters han mostrado con imágenes ese abuso de fuerza: uno de los casos más evidentes, quizás, fue el de Edgar Prado, un hombre de 51 años que salió de su casa a auxiliar a un herido por los disparos del Ejército en Ayacucho y, a cambio, acabó con otra bala en el cuerpo que le provocó la muerte horas después.
La Fiscalía de Perú ya ha abierto una investigación por genocidio contra Dina Boluarte y sus ministros; mientras, el Congreso peruano daba su voto de confianza al gabinete del primer ministro Alberto Otárola esta semana. El Ejecutivo, una y otra vez, ha eludido responsabilidades por las muertes y, más aún, ha tachado a los manifestantes de azuzadores, violentistas, vándalos, “financiados por el dinero del narcotráfico”, y ha acusado al expresidente Pedro Castillo, hoy en la cárcel, de ser “responsable” de “coordinar” estas protestas.
Sólo el hasta ahora ministro de Trabajo, Eduardo García Birimisa, ha dimitido este jueves pidiendo a Boluarte que asuma responsabilidades, que haya mayor diálogo social, que se investiguen las muertes y que haya adelanto electoral antes de 2024. Por parte del Congreso, el único ‘gesto’ ha sido la decisión, por 71 votos a favor del total de 130, de crear una comisión para investigar las muertes en las protestas. Pero esto no arregla el malestar de la población (al menos, de una buena parte de ella). Llega demasiado tarde, y después de mucha indiferencia y maltrato.
Si Indira Huilca, socióloga y excongresista peruana, tuviera que resumir este mes de Gobierno de Boluarte, lo tiene claro: “La principal respuesta política ha sido la respuesta represiva; es la estrategia que se ha reforzado en las últimas semanas, primero con las Fuerzas Armadas, ahora con la Policía”. “No hablamos de una estrategia represiva para controlar movilizaciones de forma razonable; hay abuso explícito, disparos a la cabeza y al cuerpo de los manifestantes, violación de los derechos humanos”, enumera Huilca.
“Ya ha pasado casi un mes y no hay responsables”
Explica la socióloga que esta estrategia violenta “no es novedosa” en Perú, pero “la magnitud de la movilización hace que lamentablemente tengamos un saldo de víctimas tan alto”. También es novedosa la indiferencia que están suscitando, en general, estas protestas y estas muertes en el Congreso de Perú, y en la capital, Lima, que aún se mantiene en una especie de burbuja con respecto a lo que ocurre en el sur, en poblaciones mayormente campesinas, indígenas, pobres y olvidadas.
“De los sucesos de Ayacucho [donde murieron 10 personas por proyectiles del Ejército] ya ha pasado casi un mes, y no hay responsables. Como mínimo, debería haber cargos policiales identificados y procesados, debería haber un proceso de investigación”, indica Huilca. “No ha funcionado por parte de la señora Boluarte el supuesto diálogo que dijo que impulsaría. Porque para impulsar un diálogo, antes tienes que reconocer de alguna manera lo que está pasando. Y tienes que reconocer que por parte del personal policial ha habido delitos o violaciones a los derechos humanos, que deberían individualizarse, investigarse y sancionarse”, expone la socióloga.
No sólo no se investigan las muertes, sino que, una vez más, se responsabiliza de ellas a los propios manifestantes. Un policía murió esta semana en la ciudad de Juliaca (Puno) por ataques de los manifestantes; el resto de los fallecidos son civiles, varios de ellos niños.
“Así como en Brasil se detuvieron a las personas que ingresaron a la fuerza a las sedes oficiales [el pasado fin de semana], en Perú la policía está, o debería estar, capacitada para contener las protestas violentas sin asesinar a nadie”, plantea Rafael Robles, periodista peruano afincado en Madrid.
La “burbuja” limeña (inflada por los medios)
Recién llegado a España tras pasar las navidades en Lima, Robles reconoce que le ha sorprendido la “burbuja” en la que vive parapetada una buena parte de la sociedad limeña mientras la tragedia se cierne sobre compatriotas del sur. Esto se explica por la desigualdad, el clasismo y el racismo que existen en el país desde hace siglos, sostiene el periodista, pero también por la información que ofrecen los grandes medios peruanos sobre las protestas, añade.
Robles cita, por poner un ejemplo, cómo el grupo El Comercio –“probablemente el medio más importante” del país– tildaba en una publicación de “desadaptados” a los manifestantes que hace unos días llenaron las calles de Puno, en el sur. Esta idea “representa en cierto modo lo que mucha gente ha comprado: que ellos [los manifestantes] son ‘los otros’, los distintos, los que no son peruanos, o son menos peruanos, y que hay que verlos de esa manera. En vez de acercarse a entenderlos, se les aparta, se les elimina, se les juzga sin siquiera tratar de entender cuáles son sus demandas”, sostiene Robles. “Hay un sector de Lima que detesta la idea de que estas personas quieran reclamar igualdad y, para empezar, dignidad”, lamenta el periodista. “Se les tilda de terrucos [terroristas], se dice que esto viene maquinado del narcotráfico de Bolivia… finalmente son pretextos para no aceptar una realidad histórica”, afirma.
Esos ciudadanos “de segunda clase”
Huilca explica que es en el sur del país donde se sitúan “las regiones históricamente más excluidas, donde el votante, el ciudadano, siempre ha tenido un ánimo cuestionador hacia la clase política, justamente por la enorme desigualdad que se vive”. “Son las regiones más empobrecidas, con más recursos naturales o extractivos, pero donde no se refleja esa riqueza”, añade la socióloga. Además, fueron estas regiones las que dieron la victoria a Pedro Castillo en las últimas elecciones.
En Perú cunde la idea –expresada públicamente incluso por el expresidente Alan García– de que ciertos ciudadanos son “de segunda clase”. Por eso más de 40 muertos en Cusco, Ayacucho y Puno no importan lo mismo que 40 muertos en Lima. “El país se está cayendo a pedazos, pero en Lima no pasa nada”, señala Rafael Robles. “Importa más que se cierren las carreteras y no se pueda ir a la playa o a Cusco” –dice– que el hecho de las muertes y la represión. “No veo ganas de acercarse a entender siquiera”, admite Robles.
¿Y si las protestas estallan en Lima?
La preocupación ahora de quienes conforman esas élites limeñas es que los manifestantes se desplacen hasta la capital para protestar ahí. El primer ministro Otárola dijo hace unos días que no iban a “permitir que esta sonada que pretenden hacer contra Lima se haga efectiva” y, para ello, recuperarían “el orden interno en Puno”, donde se han dado las últimas protestas. Otárola dio, además, una fecha de cuando los manifestantes podrían llegar a Lima: este sábado, 14 de enero.
“Los políticos azuzan a la gente con esta idea” de que la ‘turba’ llegue a Lima, apunta Rafael Robles. “Como si Lima fuese otro país, como si el único objetivo fuera proteger a la capital”, plantea.
Huilca, por su parte, incide en el temor de la clase política a que las manifestaciones se extiendan por la capital. “Saben que en el momento en que en Lima haya una respuesta ciudadana, o que lleguen manifestantes de otras regiones, la situación del Gobierno cambiaría. Serían mucho más visibles los actos que están llevando a cabo”, advierte.
¿La única manera de que pare la represión es que Lima se levante? “De alguna manera, sí”, responde Indira Huilca. ¿Y para que caiga el Gobierno de Boluarte? “Tendría que darse una suma de factores: que haya respuesta ciudadana en las grandes ciudades y que haya una presión dentro del Parlamento” –sostiene la excongresista–, cosa que ahora mismo no se da.
“No creo que haya una solución cercana”
Tanto Huilca como Robles prevén que las protestas continuarán, al menos en el sur, durante los próximos días. “No creo que haya una solución cercana, para nada”, admite Robles. “Creo que esta represión va a continuar”, lamenta Huilca.
La principal petición de los manifestantes es la renuncia de Boluarte y el adelanto de elecciones, que a priori se celebrarán en abril de 2024. La fecha resulta demasiado lejana para la población en pie, y ni siquiera está del todo claro que se cumpla esta ‘promesa’. El próximo mes de marzo habrá una nueva votación en el Congreso para ratificar ese adelanto, y hoy en día está incluso en duda que salga adelante.
“Me temo que muchos congresistas estén evaluando que en marzo no se apruebe este adelanto y pretendan quedarse”, avanza Indira Huilca. Rafael Robles coincide con ella: “Ya se está empezando con este discurso”. El periodista recuerda que algunos congresistas, como Jorge Montoya, ya han expresado que “no hay urgencia” para unas nuevas elecciones en Perú. “Esto genera más indignación entre la población y menos credibilidad en el Congreso”, recalca Robles.
Huilca insiste en la delicada votación de marzo para el adelanto electoral, y lo que puede suponer que no salga adelante. “En el Congreso tienen que mirar con mucho cuidado este tema; tienen que ver hasta dónde quieren jugar con este asunto”, sostiene la excongresista. “Porque lo que sí existe en Lima es un rechazo al Congreso y los congresistas”, recuerda Hui. Y si Lima se levanta, ya se sabe, todo podría saltar por los aires.