Más de 30 entidades se quejan ante el Defensor del Pueblo por el internamiento de 464 inmigrantes en una cárcel de Málaga

Más de una treintena de organizaciones sociales han firmado una queja dirigida al Defensor del Pueblo tras la decisión del Ministerio del Interior de internar en una cárcel de Archidona (Málaga) -cuya inauguración está prevista el próximo enero- a 464 inmigrantes, personas sin papeles pero que no han cometido delito alguno como para estar entre rejas.

La Plataforma de Solidaridad con los Inmigrantes ha pedido este martes, además, la actuación de la Fiscalía, la Junta de Andalucía y otras administraciones para proteger a un menor que se ha detectado en el grupo. Este colectivo integrado por una veintena de organizaciones sociales ha explicado que en una visita de apenas dos horas a este centro penitenciario dos de sus abogados pudieron entrevistarse ayer con una decena de internos que previamente habían identificado, entre los cuales había uno cuya minoría de edad era evidente.

El director de Málaga Acoge, Alejandro Cortina, ha señalado que la plataforma ha presentado un escrito ante la Fiscalía para demandar su actuación por la presencia de un menor, al tiempo que ha emplazado a las administraciones públicas a actuar para que lo protejan y verifiquen que entre el grupo de inmigrantes no hay más menores.

Tras calificar de "alarmante" que se permitan estas situaciones, Cortina ha afirmado que los abogados no pudieron hacer una visita de fiscalización del centro, pero la presencia de un menor es "un indicador bastante claro de la situación de vulnerabilidad en que se pueden encontrar" estos inmigrantes.

"POSIBILIDADES TENÍA MUCHÍSIMAS"

La plataforma ha demandado que el Ministerio del Interior "dé un paso atrás" en el internamiento en la futura prisión de cerca de medio millar de inmigrantes de origen argelino que llegaron el pasado fin de semana a las costas de Almería y Murcia y haga "lo que tenía que haber hecho unos días".

Las organizaciones sostienen que el Ministerio tenía que haberse dirigido a las entidades que gestionan las plazas del programa de acogida a humanitaria y enviar a esas personas a las disponibles, pues "posibilidades tenía muchísimas. Voluntad está claro que no tiene ninguna", ha lamentado Cortina.

Ve en esta medida una "campaña para criminalizar" a las personas que llegan a las costas españolas y acusa al Ministerio del Interior de trasladar "una imagen de alarma" por la vía de los "hechos consumados".

Sobre la actuación de los jueces que autorizaron el traslado a un centro no penitenciario dependiente de la Jefatura Superior de Policía de Archidona, ha indicado que han actuado "de acuerdo a la información que el Ministerio les ha facilitado", aunque no exista ese centro como tal.

En cuanto a los 40 días que está previsto que los inmigrantes permanezcan en la futura prisión, el director de Málaga Acoge ha expresado sus dudas sobre ese plazo y ha citado como ejemplo el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Tarifa, que "iba a ser una medida provisional y ahí está".

El portavoz de la plataforma, Gabriel Ruiz, ha dicho que el Ministerio "no ha tenido ningún reparo en saltarse la ley" al internar a estas personas en un centro penitenciario, que además está "sin terminar", en referencia a la carencia de agua potable, que se suministra en botellas.

Por su parte, el presidente de este colectivo, Luis Pernía, ha expresado su indignación por el internamiento de estas personas en la futura prisión, al tiempo que ha reiterado su rechazo a los CIE -el existente en Málaga se abrió en 1990 y se cerró en el 2012-, que ha definido como "cárceles encubiertas".

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NI ADECUADO NI LEGAL

El vicepresidente del Gobierno andaluz, Manuel Jiménez Barrios, se ha alineado con las ONG al no considerar "adecuada" la cárcel para el internamiento de inmigrantes, a la vez que el PSOE ha calificado de ilegal la decisión, a través de un comunicado en el que ha anunciado que ha presentado una batería de iniciativas parlamentarias para pedir explicaciones al respecto, recuerda que "tanto las diferentes leyes de Extranjería, como el reglamento de funcionamiento de los CIE, aprobado en 2014 por el PP, apuntan que, 'con carácter preventivo o cautelar, el ingreso preventivo en centros no tendrá carácter penitenciario'".

Por su parte, la Abogacía Española ha manifestado su "más absoluta condena" por este ingreso y ha exigido su "inmediato traslado a un centro no penitenciario de los extranjeros internados". En una nota oficial, la Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía ha informado de que ha pedido explicaciones al ministerio que comanda Juan Ignacio Zoido por dicho traslado.

Además, ha recordado que los centros de internamiento de extranjeros son "establecimientos públicos de carácter no penitenciario en los que se tiene que salvaguardar los derechos y libertades de los extranjeros reconocidos en el ordenamiento jurídico, sin más limitaciones que las establecidas a su libertad ambulatoria".