María José y Ángel: el final que obliga a reabrir el debate sobre la eutanasia

El suicidio asistido de María José Carrasco, enferma en fase terminal, con la ayuda de su marido, Ángel Hernández, y la detención posterior de este han reabierto el debate sobre la despenalización de la eutanasia. Una polémica que entrecruza cuestiones morales, jurídicas y políticas y que vuelve al primer plano en un contexto progresivamente más favorable al llamado “derecho a una muerte digna”.

Únicamente el adelanto electoral ha impedido la finalización de su tramitación en sede parlamentaria, un largo camino que se inició a mediados de 2018 y que, con toda seguridad, se retomará en la próxima legislatura. Antes, habrá marcado la campaña electoral que ahora arranca.

El caso de María José comenzó hace tres décadas, cuando fue diagnosticada con esclerosis múltiple. Entonces ella tenía 32 años. Este es un trastorno degenerativo aún sin cura que había llevado a la fallecida a expresar “muchas veces” a su marido su deseo de morir para poner fin al sufrimiento. De hecho, durante todo este tiempo, el propio esposo había sido el encargado de suministrarle la morfina necesaria para paliar los dolores.

Ángel Hernández fue detenido este miércoles por efectivos de la Policía Nacional acusado de haber provocado la muerte a su mujer suministrándole pentobarbital sódico. Según la investigación en curso, el cónyuge habría obtenido esta sustancia, que se bebe y causa efecto en unos 30 minutos, en el mercado negro. A última hora del jueves la jueza responsable del caso decidió dejarle en libertad sin medidas cautelares.

El matrimonio quiso grabar en vídeo el suicidio asistido de María José, quien, reiteró en la cinta su firme decisión de morir. Para ello fue imprescindible la ayuda de su marido, que relata todo el proceso y pregunta a su esposa su voluntad de finalizar su vida. María José, sin apenas poder articular las palabras, deja claro que quería que llegara el momento “cuanto antes, mejor”.

23 años antes el marido había impedido su suicidio

Se da la circunstancia de que esta decisión adoptada por ambos se ha producido 23 años después de que el propio Ángel Hernández evitase el suicidio de María Jesús.

Este caso ha impactado a la opinión pública y ha hecho resurgir una problemática que viene de antiguo: la despenalización de la eutanasia con el fin de lograr una “muerte digna”.

Una de las primeras reacciones a este suceso ha sido la creación de una campaña en la plataforma Change.org para solicitar el indulto en favor de Ángel.

Sin embargo, esta cuestión ha quedado paralizada en el Parlamento por el anticipo electoral. El pasado año todos los grupos a excepción del PP, respaldaron la propuesta del PSOE para tramitar la primera ley de eutanasia de España. Comenzaba, con esa toma de consideración, un largo proceso legislativo que se ha visto frenado por la falta de plazo legal para tramitarla antes del 28-A.

Este “vacío político” obliga a recurrir al Código Penal para analizar la regulación al respecto. En el artículo 143 se recoge “la inducción al suicidio o la cooperación con el suicidio de otras personas”, con un rango de penas que va de los dos a los diez años de prisión, aunque se prevé una rebaja si hay petición expresa de la víctima y esta padeciera enfermedad grave.

Los distintos grados hacen referencia al punto de implicación en los hechos. Así, el cooperador con actos necesarios podrá ser condenado entre dos y cinco años. El inductor será castigado con prisión de cuatro a ocho años, mientras que si la cooperación llega “hasta el punto de ejecutar la muerte”, esa condena será de seis a diez años de prisión.

Pero en el apartado 4 de ese artículo se establece que en los casos de “petición expresa, seria e inequívoca” de la víctima, si ésta sufriera “una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte, o que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar”, el castigo será con la pena inferior en uno o dos grados a las señaladas.

Eso implica, por ejemplo, que si se considera a una persona responsable de cooperar con actos necesarios al suicidio de una persona (castigado con entre dos y cinco años) de cárcel, la pena inferior en uno o dos grados iría de seis meses a dos años de prisión.

Si se establece que esa cooperación llega hasta el punto de ejecutar la muerte, la aplicación de la pena inferior en uno o dos grados reduciría la condena a una horquilla de entre un año y tres meses y cinco años de cárcel.

En España, la Audiencia Provincial de Zaragoza condenó en 2016 a dos años de prisión -la Fiscalía pedía seis- al joven Ignacio Sánchez Olaso por ayudar a su madre enferma a suicidarse. Esta es la única sentencia a un familiar por ayudar a suicidarse a una persona en España que reconoce como tal la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD). En otros casos la relación entre los involucrados había sido extra familiar.

Una carta dirigida a los “negacionistas” y a los grupos políticos

En el caso de Ángel y María Jesús, el propio esposo escribió una carta que ahora ha hecho pública la citada asociación. En ella, explicaba que “es evidente que el deseo de María José a fin de que se cumpla necesita que se la ayude, por su incapacidad a realizarlo por ella misma, y como es una constante en ella demandar ese auxilio no habrá más remedio que proporcionarle esa ayuda para que su deseo se cumpla”.

Ángel pidió comprensión a quienes se oponen a la eutanasia por el “el dolor que ocasionan a todos aquellos que como María José y su familia sufren por su actitud”. Igualmente se dirigió a los políticos a fin de “evitar que alguien que lo necesite tenga que transitar por los mismos caminos que ellos”.

Reacciones políticas

Las nuevas Cortes surgidas tras el 28 de abril podrían abrir definitivamente las puertas a la mencionada primera ley de eutanasia en España. A este respecto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prometió la pasada semana que si gobierna nuevamente regulará la eutanasia para que “la muerte sea tan digna como la vida”.

Pablo Iglesias ha reaccionado a los hechos. En declaraciones a Cuatro ha señalado que “alguien pueda ser detenido por eso e ir a la cárcel es una vergüenza. Indultaremos” a Ángel si llegamos al gobierno”. “Me gustaría que alguien hiciera conmigo lo mismo si estuviera en las circunstancias de su esposa. Podría verme obligado a hacerlo por un familiar”. Su formación, Unidas Podemos, presentará una ley “con todas las garantías necesarias para las personas que deciden poner fin a su vida, así como para quienes las asisten”.

Ciudadanos ha pedido “autocrítica” para todos los partidos y ha apostado por la necesidad de una regulación. El PP, por su parte, no ha mostrado aún una postura oficial a la espera de la presentación de su programa electoral.

La muerte de María José devuelve al primer plano no solo el debate moral sobre la eutanasia, sino la desprotección jurídica a la que se enfrentan personas como Ángel frente a ella. La nueva legislatura deberá dar respaldo legal a la “muerte digna”, tema que cada día moviliza más opiniones y que en la actualidad recibe el apoyo de 4 de cada 5 personas, según la asociación Derecho a Morir Dignamente. Enfermos, familiares y allegados esperan con atención una solución que reclaman desde hace demasiado tiempo.