Madrid privatiza de urgencia el rastreo de casos de coronavirus

La Comunidad de Madrid ha privatizado por la vía de “emergencia” el servicio de rastreo de nuevos casos de coronavirus. El Gobierno liderado por Isabel Díaz Ayuso ha adjudicado el contrato a la empresa privada Quirón Prevención, que recibirá 194.223 euros por prestar servicio durante tres meses.

l contrato ha sido adjudicado por “procedimientos sin publicidad” y la resolución fue adoptada el pasado 7 de agosto, como puede leerse en la propia web de la Comunidad. Durante tres meses, Quirón Prevención S.L. se encargará de prestar el servicio “para la realización de encuestas telefónicas para recoger variables epidemiológicas de casos de COVID-19 detectados en la Comunidad de Madrid, incluyendo, entre otras variables, los antecedentes del caso, el momento de inicio de los síntomas, la o las exposición/es de riesgo para la adquisición de la enfermedad y la identificación de los contactos durante el período en que haya podido ser el transmisor de la enfermedad”. Por ello, la empresa recibirá 194.223 euros.

Los madrileños pagarán esta cantidad por el trabajo durante 3 meses de 22 rastreadores (2 médicos y 20 auxiliares), divididos en turnos de mañana y tarde: de lunes a viernes no festivos de 9.30 a 14.30 y de 16 a 21 horas. Dada la cuantía de contrato, un cálculo sencillo indica que el trabajo de cada uno de estos profesionales se pagará a razón de 2.939 euros al mes.

El número de encuestas a realizar diariamente por este equipo será “de al menos 190 a 220 diarias”, indica la adjudicación, en la que se señala también que “al menos un día antes del comienzo del servicio”, personal de la Dirección General de Salud Pública impartirá “una formación necesaria” al equipo de trabajo de Quirón que se referirá “al proceso de trabajo y al manejo de la herramienta”.

El Gobierno de Ayuso se reconoce incapaz de hacer frente a la situación

Esta adjudicación apresurada se produjo después de varios días de polémica por la intención de la Comunidad de cubrir los puestos de rastreadores con voluntarios procedentes de las universidades de la Comunidad de Madrid.

Elena Andradas, directora de Salud Pública del gobierno madrileño, reconoció la intentona y explicó que se debía a que habían encontrado dificultades “para cubrir los puestos ofertados” y por eso habían optado por abrir el campo a profesionales de la biología y la educación social.

En el texto de la adjudicación, Sanidad reconoce que la situación de la pandemia en la Comunidad es cada vez más preocupante, porque “muestra un incremento el número de casos que obliga a proveer un mayor número de efectivos destinados a las labores de averiguación y seguimiento de contactos, constituyendo una obligación para esta administración la prevención y control de la enfermedad, su diagnóstico temprano y la vigilancia epidemiológica”.

El gobierno de Ayuso también se reconoce incapaz de responder a las necesidades de formación y contratación para garantizar la respuesta “ante un eventual incremento del número de casos”. “El tiempo de formación necesario, la eventual rapidez con la que puedan producirse cambios en la situación

epidemiológica y el carácter anticipatorio que se busca, acortan los tiempos y hacen inviable recabar los medios materiales y humanos precisos dentro de los recursos propios de la Administración en un plazo compatible con los objetivos perseguidos”, puede leerse en el texto de la adjudicación.

“Por todo ello”, añaden, “se hace imprescindible cubrir estas necesidades mediante la contratación de un proveedor externo con experiencia de estas tareas”.

Una “desfachatez”

Tras conocer esta información, la secretaria general de CCOO Sanidad Madrid, Rosa María Cuadrado, ha tachado de “vergüenza” y “desfachatez” por parte del Gobierno regional la contratación “sin publicidad y con nocturnidad y alevosía” con Quirón Prevención.

“Primero intenta buscar rastreadores voluntarios sin retribución y una vez que no lo consigue, adjudica un contrato a una empresa externa con dotación presupuestaria para que las empresas privadas si puedan cobrar. Lo que se les niega a profesionales de Ciencias de la Salud, disponibles en el ámbito académico, se les ofrece sin pudor a la privada”, ha señalado Cuadrado.

Además, ha añadido que “una vez más se demuestra que el único objetivo que tiene el Gobierno regional es adjudicar contratos con total oscurantismo de los que se enteran tiempo después en vez de utilizar los recursos públicos y en vez de contratar trabajadores para la sanidad pública madrileña”.

La máxima responsable de CCOO Sanidad Madrid recuerda que los rastreadores tenían que haber estado contratados hace ya más de dos meses, antes de comenzar la desescalada.

“Denunciamos que no tenían contratados ni el 4% de lo prometido, hicimos seguimiento de los contratos en Salud Pública, y hemos mantenido que de los 400 anunciados -cifra aún por debajo de las ratios recomendadas para la población de Madrid- no llegaban al 8% por técnicos de Salud Pública contratados. Y señalamos que la situación de plantillas infradotadas en Atención Primaria, tampoco contribuía a soportar con cánones de calidad el rastreo en la región de Madrid”, ha censurado Cuadrado para añadir que “todo esto al final acaba como siempre en inyección de fondos públicos a la sanidad privada, en detrimento de la Pública y de la salud de los ciudadanos”.

Todo son parabienes para Quirón

El texto que certifica la privatización del servicio, de hecho, incluye parabienes para Quirón Prevención S.L., la empresa que se va a encargar del rastreo de casos en la Comunidad, y señala que es “la única empresa” capaz de realizarlo.

“Dada la importancia de los servicios a realizar y por tratarse de una emergencia de carácter inaplazable la única empresa que puede iniciar los trabajos con carácter inmediato es QUIRON PREVENCIÓN, S.L. (NIF: B64076482), que cuenta además con las instalaciones y el equipo requerido para la realización de los trabajos objeto del servicio”, puede leerse en el documento.

Quirón es una de las principales empresas protagonistas en el “desmantelamiento” de la Sanidad pública en la Comunidad de Madrid, denunciada repetidamente en los últimos años por la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) y otros colectivos. Esta organización situó a Madrid a la cabeza de la privatización de la sanidad en España por ser líder en algunos indicadores como el ratio de camas privadas sobre el total o el aumento de las consultas de especialista en clínica privada.

En un reportaje de El País sobre esta cuestión publicado en febrero de 2020, Marciano Sánchez Bayle, presidente de FADSP y médico, aseguró que “Madrid ha tenido una clara estrategia de privatizar el sistema sanitario público de una forma relativamente pausada, pero nunca ha habido descanso, ha seguido incrementándose las derivaciones a los privados o los presupuestos al grupo Quirón, por ejemplo”.