Madrid Central, modelo para una ley de cambio climático ambiciosa

Hace algo más de tres años comenzamos a pensar en la idea de Madrid Central. Una gran área de bajas emisiones que uniría las antiguas zonas de prioridad residencial, que se encontraban en un centro de Madrid colapsado de coches y que cada semana rebasaba los niveles de contaminación que marca la Organización Mundial de la Salud y la Unión Europea como aire saludable.

Comenzó entonces un proceso lento, a ratos frustrante, pero sobre todo lleno de esperanza por implantar una medida que sabíamos a ciencia cierta mejoraría la calidad de vida de las madrileñas y madrileños. Y cuando digo a ciencia cierta, no es solo una expresión: consultamos a los expertos, trabajamos de la mano de las universidades, se hicieron informes y estimaciones. Es decir, abrazamos la ciencia, como la hemos abrazado todos estos años, sabiendo que era la mejor fórmula para encontrar soluciones a un problema, el de la contaminación, que cada año nos costaba y nos cuesta aún muchas vidas.

Durante el proceso de tramitación hubo que convencer a propios y ajenos. Había muchas dudas, recibimos críticas durísimas y se creó una polémica tras otra para intentar que todo se quedara tal y como estaba, para que nada cambiase.

Con cada anuncio, con cada avance, el nivel de crítica iba subiendo de tono: cochófobos, restricción de las libertades, gueto… Algunos incluso lo compararon con el Muro de Berlín. Hubo miles de titulares, cientos de noticias con información a veces ni siquiera contrastada y recibimos presiones de todas partes para no imponer una medida que iba en favor de lo único que realmente importa: la salud.

Y entonces, sucedió lo que nadie esperaba. Con las primeras medidas de restricción de tráfico, en uno de los episodios de alta contaminación, los reporteros y reporteras se echaron a la calle a buscar madrileños y madrileñas indignados con estos cambios, pero lo que encontraron fue muy distinto a lo que imaginaban. Las vecinas y vecinos de Madrid entendían, igual que lo hacíamos en el Gobierno de Manuela Carmena, que la salud es un bien preciado, frágil y que hay que cuidar por encima de todas las cosas. No hay mejor año que este para ser conscientes de ello. Así que, las respuestas ante las cámaras fueron de asentimiento general, de aceptación de las nuevas medidas, alguna confusión por ser el primer día, pero en su mayoría opiniones favorables a los cambios que estábamos haciendo.

Evidentemente, las críticas siguieron ocupando portadas y el hoy alcalde de Madrid se presentó prometiendo derogar Madrid Central. Es un orgullo decir que no lo han conseguido, no solo porque la justicia también comienza a tener claro que legislar contra la salud no es una opción, sino porque, cuando lo intentaron, miles de vecinos y vecinas se echaron a la calle una calurosa tarde de verano en la capital para decir que preferían una multa a que se siguiera poniendo en juego la salud de todas y todos.

Hoy se debatirá y se aprobará en el Congreso una ley de cambio climático que va un paso más allá, y obligará a todas las ciudades de más de 50.000 habitantes a tener una zona de bajas emisiones antes de que finalice 2023. Sin embargo, es una ley que corre el riesgo de nacer vieja si no se introducen los cambios necesarios como reducir más rápido las emisiones de gases de efecto invernadero, como prohibir definitivamente las exploraciones de hidrocarburos, como promover asambleas ciudadanas o como introducir medidas reales de fiscalidad verde para la transición ecológica sea justa. En materia de lucha contra la crisis climática vamos tarde y a contrarreloj.

Al poner en marcha Madrid Central experimenté de primera mano lo que significa impulsar una política pública que cambia la forma de entender la vida: cómo nos movemos, cómo nos relacionamos con nuestra ciudad. Y sé, por experiencia propia, que no es un camino fácil. Pero también sé que si ese camino no lo hacen los poderes públicos, la política, nadie lo hará por nosotros. No podemos esperar a que algo sea económicamente rentable para que las empresas hagan su parte y comenzar las transformaciones que necesitamos.

Madrid Central ha transformado incluso la forma en la que se compran los coches. En octubre de 2018, un mes antes de su implantación definitiva, las matriculaciones de vehículos de gasolina comenzaron a superar a las de los diésel y, cada año, la diferencia se ha hecho más grande. De hecho, en octubre de 2020, la matriculación de híbridos y eléctricos superó a la de los diésel por primera vez.

La ley de cambio climático tiene la oportunidad de revalidar el éxito que supuso Madrid Central, pero para eso el Gobierno debe ser valiente. El Ministerio para la Transición Ecológica debe ser ambicioso en su apuesta por reducir las emisiones, pero también por implantar otras muchas medidas que nos pueden ayudar a luchar contra la crisis climática, que ya tenemos encima.

Para ello, tendrán que resistir la presión de los lobbies, de otros miembros del Gobierno, de las grandes empresas y de la oposición. Como decía antes, impulsar los grandes cambios no es un camino fácil y a veces hace falta luchar contra propios y ajenos, pero es un camino que nos ayudará a realizar los cambios que nos tocará hacer más temprano que tarde.

La receta está estudiada: abrazar la ciencia, explicar cómo van a suceder los cambios, darle certeza a las empresas y las administraciones y esperanzas a la gente.

Durante toda la negociación hemos hecho múltiples propuestas: con objetivos intermedios para reducir las emisiones, con presupuestos de carbono, asambleas climáticas ciudadanas, por abrazar la ciencia siguiendo las recomendaciones de un comité científico independiente y con recursos, con fiscalidad verde. Hay muchas fórmulas, pero una única solución: contaminar menos, frenar el aumento de la temperatura del planeta y preservar la salud y la vida.