El juez retira el pasaporte a Medina y Luceño tras oírles y ante el riesgo de fuga

Se esperaban sus testimonios ante el juez y este lunes por fin han llegado. Los comisionistas Luis Medina y Alberto Luceño, investigados por la trama de las mascarillas, han dado su versión de los hechos en sede judicial. Y por el momento, se van a ver obligados a comparecer cada 15 días ante el riesgo de fuga, ya que el instructor les ha retirado el pasaporte.

Medina ha reconocido que contactó con el Ayuntamiento de Madrid a través de una llamada al primo del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. En una declaración de alrededor de media hora, solo ha contestado a las preguntas del juez, negándose a contestar al fiscal y las partes. En su breve testimonio, ha manifestado que la comisión de un millón de euros que cobró en la operación de venta de mascarillas es “normal” dentro del mundo comercial, han informado fuentes jurídicas. Luceño, por su parte, lo ha hecho durante unos 20 minutos, sin responder tampoco a las partes.

El juez Adolfo Carretero, que lleva la causa ha interrogado tanto a Medina como a Luceño por la presunta comisión de delitos de estafa, blanqueo de capitales y falsedad documental. En el caso de Medina, se le investiga también por un presunto alzamiento de bienes, al haber vaciado su cuenta bancaria y dejarla únicamente en 247 euros para evitar embargos.

Tras oír a ambos, el titular del juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, ha optado por retirarles el pasaporte, coincidiendo con la petición lanzada por las acusaciones populares que representan al PSOE, Podemos y Más Madrid, no así las que representaban el Ayuntamiento y la Fiscalía.

Un saludo y cada uno a un lado

Luceño se ha adelantado y ha acudido a primera hora, sobre las 9:00, tres antes de la cita e intentando esquivar a los medios. Más apurado en plazo ha aparecido el aristócrata Luis Medina, hijo de Naty Abascal, pasadas las 11:40 horas. Nada más salir del vehículo este, ha sido rodeado por decenas de periodistas que le esperaban en la puerta y ha llegado a la entrada a empujones. Incluso en algún momento se ha golpeado contra las vallas de acceso.

Los investigados solicitaron al decanato de los juzgados acceder en coche en los juzgados pero se les denegó la petición. En el pasillo, han coincidido Medina y Luceño, pero se han sentado con distancia entre ellos separados por dos bancos, según fuentes jurídicas.

Sin embargo, nada más verse se han saludado y cada uno se ha ido rápido a un banco. Luis Medina manifestó ante el fiscal que su socio no le volvió a coger el teléfono desde agosto de 2020.

En su declaración, Medina habría confirmado que contactó con el Ayuntamiento de Madrid a través de una llamada al primo de Almeida, Carlos Martínez-Almeida, quien le facilitó el contacto de la responsable de Compras del Ayuntamiento de Madrid, Elena Collado. En relación a la comisión que cobró, ha dicho que era “normal” en el mundo comercial, en la misma línea que manifestó ante su declaración con el fiscal Anticorrupción.

Según fuentes jurídicas, Luceño ha depositado dos relojes para que se sumen a la fianza. En su declaración, ha manifestado que la operación objeto del procedimiento era su primer negocio con la empresa malaya Leno y que la comisión era habitual en ese tipo de operaciones. Además, ha alegado que San Chin Choon, el empresario malayo que trajo el material sanitario, va a declarar en la instrucción, a lo que el juez le ha contestado que es la primera noticia ya que se ha negado a colaborar con la justicia.

Hechos “graves”

El instructor investiga una querella de la Fiscalía Anticorrupción, encabezada por el fiscal Luis Rodríguez Sol, por la presunta comisión de delitos de estafa agravada, falsedad documental y blanqueo de capitales, hechos que el magistrado ve “graves” al tener lugar “en el momento más álgido de la pandemia” cuando había “miles de fallecimientos diarios. Rodríguez Sol sostiene que los comisionistas, con ánimo de obtener “un exagerado e injustificado beneficio económico”, ofrecieron al Ayuntamiento de Madrid la posibilidad de adquirir “grandes remesas de material sanitario fabricado en China”.

Estas gestiones de Medina le reportaron una comisión de un millón de euros, que destinó a la compra de un velero por 325.515 euros, embargado por la Justicia, y a dos bonos de inversión por valor cada uno de 200.000 euros,

El sumario de la investigación destapó que días después de recibir las transferencias de la empresa malaya Leno, el aristócrata transfirió el dinero a una cuenta en Países Bajos, dejando una de sus cuentas prácticamente vacía, con apenas 247 euros, y otra en números rojos.

La escasa cantidad en sus cuentas llevó al juez, a instancias de Anticorrupción a fijar una fianza de 981.000 euros, en cuyo caso de impago se procederá a embargar los derechos hereditarios del investigado en relación a la herencia de su abuela, la duquesa de Medinaceli.

A Medina se le investiga también por la presunta comisión de un delito de alzamiento de bienes después de que el magistrado comprobara que el investigado realizó disposiciones de sus bonos y patrimoniales desde el 13 de abril de 2021, fecha en que fue citado a declarar ante la Fiscalía Anticorrupción.

Defienden una comisión “dentro de lo normal”

El papel de Medina en la operación de compra-venta es de facilitador, según él mismo manifestó durante su declaración ante el fiscal. Fue la persona que contactó con el Consistorio, aprovechando su condición de personaje público y “su amistad con un familiar del alcalde de Madrid”, según la querella del fiscal. Se le facilitó el nombre de Elena Collado, coordinadora general de Presupuestos y Recursos Humanos del Área de Gobierno de Hacienda y Personal del Ayuntamiento de Madrid, quien está citada el 9 de mayo como testigo y para quien el PSOE pide que se le cite como investigada.

En su declaración ante el fiscal, Luis Medina afirmó que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, le “llamó o escribió para darle las gracias” por la donación de 283.000 mascarillas en los peores momentos de la pandemia, afirmando que “no tiene ninguna relación” con él. Y aseguró que “yo del monto total si lo sumas, entre lo que se lleva él y lo que me llevo yo, yo me llevo menos de un 10% de comisión, que está dentro de lo normal”, normalizando el importe cobrado por su gestión.

Ya en el marco de la instrucción, el investigado se quejó en un escrito presentado por su abogado Carlos Texidor de que el juez aceptara la presencia del Ayuntamiento de Madrid en la causa en calidad de perjudicado, al igual que la empresa de la funeraria municipal, al estar de acuerdo en sendos casos con los contratos investigados.

“El asunto se dio por concluido y el Ayuntamiento se sintió satisfecho con la solución, por lo que ahora no pueden venir a quejarse de algo que dieron por válido y por lo que no interpusieron ningún tipo de reclamación, muy al contrario de lo que hicieron con la empresa Sinclair, a la que denunciaron por no tener la calidad suficiente las mascarillas compradas”, subrayó el abogado.

Luceño, el negociador

A Alberto Luceño se le investiga por ser la persona que se encargó de las negociaciones con Elena Collado, ante quien se presentó como un “experto en importación de productos procedentes del mercado asiático, con fábricas en China a su disposición, y como agente exclusivo de la empresa malaya EEE, a través de la cual se iba a realizar la importación”.

Según las investigaciones, Alberto Luceño recibió en concepto de comisiones un total de 5.100.000 dólares ―4,6 millones de euros―, mediante transferencias remitidas desde Malasia a una cuenta personal. Con este dinero, el empresario costeó una estancia en un hotel de Marbella con un coste de 60.000 euros; tres relojes Rolex; doce vehículos de lujo y una vivienda en Pozuelo.

Respecto al investigado, el juez ya ha procedido al bloqueo de tres cuentas bancarias y tarjetas por valor de casi 130.000 euros, así como al embargo de la vivienda de lujo que adquirió.