Los últimos presos alejados de ETA: así pone el Gobierno fin a la política de dispersión

ETA ha desaparecido. No hay grupúsculos auténticos ni rescoldos fanáticos que amenacen la seguridad nacional. Está fuera del mundo, como repetía el que fuera ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. Por eso, tras más de 30 años de política de dispersión, el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos ha acelerado el acercamiento de presos a prisiones del País Vasco, que es lo que recomiendan los tribunales de derechos humanos y la propia Constitución.

Esta semana, se ha anunciado el abandono de las cárceles andaluzas los últimos cuatro presos de la banda que cumplían sus penas en el sur. Cárceles como las de El Puerto de Santa María (Cádiz), Huelva, Sevilla o Albolote (Granada) se han quedado sin etarras, cuando llegaron a ser un núcleo importante de las comunidades reclusas de estos lugares.

En estos días, se han trasladado también a reclusos que estaban en Zaragoza (uno) y Burgos (dos). Siete movimientos, en total. Ahora, lo más lejos que están de sus casas en el País Vasco o Navarra es la Comunidad de Madrid. Interior ha acercado a todos los presos de ETA en los últimos tres años. Es “lo lógico y lo normal”, dice el Ejecutivo.

El presidente Pedro Sánchez está dando la vuelta a la estrategia adoptada por otro socialista, Felipe González, entre 1987 y 1989. Eran los años de plomo, cuando la banda terrorista golpeaba más fuerte, con atentados masivos, indiscriminados y muy frecuentes para forzar negociaciones con el Gobierno. En una sesión de control en el Congreso, en el verano de 2018, Sánchez anunció que comenzaría a revertir la situación, por fases, hasta el punto en el que estamos hoy: la totalidad de los internos pertenecientes a la banda terrorista cumple ya su condena en prisiones de Euskadi o de comunidades próximas. Son ya 247 los acercamientos llevados a cabo por el Ministerio del Interior, de quien depende Instituciones Penitenciarias, desde que activó esta medida, hace cuatro años.

En este tiempo, el goteo de traslados de etarras ha sido constante, inicialmente de forma más discreta y, con el tiempo, a las claras, convencido como está el Gobierno de su estrategia y ante el eco de las asociaciones de víctimas más batalladoras, que insisten en que la medida es un “regalo” porque responde a una reivindicación histórica de los terroristas.

Interior ha acometido este acercamiento por fases. Inicialmente se comenzó con los presos que se encontraban en circunstancias singulares, como su edad -había veintena de enfermos o de mayores de 70 años- o el avanzado cumplimiento de sus condenas. Luego fue cuando se generalizó el proceso, incluyendo en la última etapa a los etarras que arrastraran crímenes de sangre, esto es, los que causan lesiones corporales graves o la muerte. Según datos de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), hay 105 presos con delitos de sangre que se han beneficiado de los traslados más cerca de sus ciudades de origen, que son responsables del asesinato de 295 personas.

Entonces y ahora

El abogado Manuel Benítez, especializado en derechos humanos, sostiene que lo que hizo González hace más de tres décadas fue una medida “entendible en su contexto”, porque tenía un “propósito estratégico”: “era una estrategia de la lucha antiterrorista, desde lo policial, que trataba de evitar no solamente la comunicación entre estos presos específicos sino que algunos mandos o cabecillas diesen órdenes concretas para asesinatos y otros atentados desde el interior de estas prisiones”, explica.

Frente al terror, era una manera de presionar y de cortocircuitar la actividad de los que aún querían seguir matando, secuestrando y extorsionando. Benítez -que en lo personal rechaza este tipo de medidas-, recuerda que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos acepta ese alejamiento en supuestos como el de España, a los que añade la posibilidad de evitar los hacinamientos, garantizar la disciplina adecuada o velar por la seguridad y la vida del interno en casos de circo mediático o elevada sensibilidad social.

El tribunal de Estrasburgo ha plasmado en diversos pronunciamientos su apoyo a España, porque su empeño con esta estrategia “era garantizar una disciplina adecuada en las cárceles y aplicar su política con respecto a los presos de ETA”, dice literalmente.

Sin embargo, el letrado entiende que la aniquilación de ETA por parte de la justicia y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y la inacción tras el abandono de la violencia y la entrega de armas ha hecho que “las circunstancias excepcionales del pasado no hagan ni necesario ni justificado este plan” de tener a los presos lejos. Explica que los riesgos de contacto desaparecen, tampoco hay visos de una reorganización de la banda ni de órdenes que dar.

“El Tribunal Europeo de Derechos Humanos recomienda que, llegados a este punto, se inicie el acercamiento, para respetar el derecho de los presos, fundamental, a la vida privada y familiar, debiendo cumplir la condena, en principio, cerca de su domicilio porque así lo exige el derecho a la vida familiar”, dice.

También la Constitución Española ampara estos derechos, cuando en el artículo 25.2 habla de reinserción social, más sencilla en casa, en terreno conocido, con la familia. “Nuestro sistema legal y penitenciario se basa en la tradición histórica del humanitarismo, se busca la dignidad del ser humano, que no la pierde por el hecho de haber cometido delitos que hay que pagar. Si se dan las circunstancias, se puede alterar la excepcionalidad”, señala.

“La pena es individual y no puede extenderse injustificadamente y sin motivación alguna a sus familiares y personas allegadas, que llevan años haciendo viajes para ver a los suyos. Sabemos que eso no es comparable con perder a un familiar en un atentado, pero cuando las cosas cambian, hay que pensar en los derechos de todos. Hoy es más justo cambiar”, ahonda.

Lo que dicen las víctimas...

La AVT se remite a una nota en la que denuncia que el Gobierno accede, con su nueva política, a una de las insistentes peticiones de los etarras y la izquierda abertzale que un día los cobijó. Entiende que, tras los acercamientos, desde Interior se activarán nuevas medidas que ayuden a los presos de la banda. “Son la antesala de las progresiones de grado, los permisos penitenciarios, la libertad condicional o incluso los indultos. En definitiva, son la antesala de la impunidad”, dicen. Unos favores a los que no ha hecho referencia por el momento el departamento que comanda Fernando-Grande Marlaska.

El domingo pasado, en un acto celebrado en el Congreso en homenaje a las víctimas del terrorismo, la AVT y una docena de asociaciones más comocomo Dignidad y Justicia y Covite decidieron declinar la invitación y concentrarse a las puertas de la Cámara Baja, precisamente para protestar por los acercamientos. Lamentan que no ha habido eco a sus reclamaciones en el Ejecutivo central. Al recuerdo tampoco asistieron ni el PP ni Vox, en protesta por este acercamiento y por lo que creen un “blanqueamiento” de Bildu, cuya representante, Mertxe Aizpurua, sí acudió al hemiciclo. “No caben medidas tintas”: “O se está con las víctimas, o se está con los verdugos”, dijo la presidenta de la AVT, Maite Araluce.

Dentro, en nombre de la Fundación de Víctimas del Terrorismo (FVT), su presidente, Tomás Caballero, pidió al Gobierno reformas legales para impedir de forma urgente los homenajes a etarras cuando salen de la cárcel, un “ultraje” para las víctimas y “una incitación al odio y la violencia” y, también, un esfuerzo en evitar “cualquier intento de blanqueamiento del terrorismo”. “Porque quienes empuñaron las pistolas no serán jamás como quienes recibieron el tiro en la nuca”, añadió.

... y lo que dicen las familias

Después de conocer el acercamiento de los últimos presos de ETA desde Andalucía, Castilla y León y Aragón, Joseba Azkarraga, exsecretario general de Eusko Alkartasuna y portavoz de la red ciudadana Sare, declaró que a partir de ahora comienza “una nueva fase”, “es muy importante de cara a la convivencia en Euskadi”. Según Azkarraga, esta noticia es un “gran alivio” para muchas familias. “Dejamos atrás, así, las prisiones más alejadas, para comenzar el acercamiento de todos y todas”, señala.

“Aquí se inicia un proceso del fin total de la política de alejamiento y un proceso de regreso a casa que fundamentalmente se hará a través de la progresión de grados”, avisa, cerrando con un “aquí no acaba nada”.

El debate político, que siempre ha estado vivo, ahora se caldea más y promete estar en la agenda en los próximos meses, si se profundiza en el acercamiento exclusivo a Euskadi y Navarra o si se abre el melón de las condiciones del cumplimiento de penas, como anuncia la AVT y barrunta la derecha, aún sin señales desde el Gobierno.