Los protocolos de la vergüenza: mayor respeto al mayor

Estos días se cumple un año de la campaña de las elecciones municipales y autonómicas que hicieron a Isabel Díaz Ayuso presidenta a pesar de haber perdido los comicios. En uno de los mítines sobre las medidas del Partido Popular para las personas mayores, la entonces candidata enarboló un discurso que hoy, con la tragedia sobre nosotros, produce hasta angustia. Ayuso dijo que los mayores solo pedían compañía y atención sanitaria, precisamente lo que su Gobierno les ha negado. Ayuso dijo que cuando lo necesitaran tendrían las residencias que no hay en el resto de España, las mismas en las que se han muerto 6.000 personas, más que en toda Italia o Francia. Ayuso dijo que ofrecería a los mayores respeto y reconocimiento. Hoy sabemos que lo único que les ha ofrecido es abandono y muerte.

La semana pasada me tuve que ir abruptamente del Pleno de la Asamblea de Madrid porque un familiar cercano, que vivía en una residencia de la Comunidad de Madrid, falleció. Me fui con un nudo en la garganta, porque aunque era una noticia que no me cogía por sorpresa, lo último que tuve que escuchar de la presidenta fue que el escándalo de las residencias representa una anécdota y para justificarlo empezó a sacar papeles con un montón de cifras. La presidenta Ayuso debe pensar que las miles de vidas perdidas y de familias rotas por el dolor son una anécdota, porque deben representar un valor discreto en alguna estadística con las que trabaja.

La realidad es que las 6.000 víctimas mortales en residencias son algo más que una cifra o una estadística. Representan vidas, con sus nombres y apellidos, de una generación que sin que le regalaran nada tuvo que sacar este país adelante, después de una guerra, una posguerra y una dictadura de 40 años. Gracias a ellos hoy disfrutamos de los derechos que tenemos, gracias a ellos superamos la embestida de la crisis de 2008, en la que los jóvenes se protegieron bajo su escuálida pensión. Muchos de ellos acabaron en residencias de la Comunidad de Madrid, después de cumplir con su parte y haciendo un esfuerzo económico enorme. Ahora les tocaba a ellos ser cuidados después de toda una vida cuidando. Ahora nos tocaba a nosotros empujar por ellos en agradecimiento a todas las veces que han empujado por nosotros. Y la cruda y dura realidad es que el Gobierno de la Comunidad de Madrid les soltó la mano y les dejó morir solos. Lo hizo a través de unos protocolos de la vergüenza que van a pasar a la historia como uno de los episodios más negros de la historia de Madrid.

Si hay una lección que extraer de esta pandemia es que sólo en comunidad salimos de las malas. Pero dejamos automáticamente de ser una comunidad si envejecer se convierte en un problema. Si nos abandonamos en la cuneta en función de la edad o del dinero que tengamos en el bolsillo. Ese es el mensaje que ha mandado el Ejecutivo de Ayuso. Primero, fomentando un modelo de residencias inhumano, con mayores esperando horas para ir al baño o bañados literalmente en ‘mierda’ según las propias profesionales, atiborradas a pastillas para aguantar la carga física y emocional. Segundo, negando la atención hospitalaria si tenías unas arrugas de más en la cara pero permitiéndola si tenías unos ceros de más en la cuenta corriente.

Hoy hay muchos que dicen que no es tiempo de buscar culpables sino soluciones. Es una dicotomía falsa. Los que queremos investigar lo ocurrido con nuestros mayores y hallar hasta el último responsable, no lo hacemos por una cuestión de vendetta personal. Al fin y al cabo, las vidas de los familiares no van a volver. Si queremos depurar responsabilidades es precisamente para que no vuelva a ocurrir en el futuro. Para ofrecer garantías de que si hay un rebrote no vuelve a vivirse una pesadilla en nuestras residencias. Los tribunales tendrán que hacer su trabajo, pero en paralelo alguien tiene hacerse cargo de sus responsabilidades políticas, pedir disculpas y garantizar que que nunca más se vuelve a dejar sin alternativa a nuestros mayores. Ese espacio es una comisión de investigación a la que por respeto ningún partido, tampoco los del Gobierno, debería negarse.