Los presupuestos superan su primer examen: el Congreso tumba las enmiendas de totalidad

Una victoria por goleada. El Gobierno de Pedro Sánchez ha superado con un amplio margen el primer examen de los Presupuestos Generales del Estado para 2021. El Congreso ha tumbado este jueves las siete enmiendas a la totalidad con 150 votos a favor y 198 votos en contra.

Gracias a esta votación, las cuentas públicas elaboradas por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, siguen adelante con su tramitación parlamentaria. Una situación completamente opuesta a la vivida en febrero de 2019, cuando el Congreso tumbó el primer proyecto presupuestario de Montero y provocó en adelanto electoral.

A los 155 votos de los diputados de PSOE y Unidas Podemos, se han sumado los representantes de ERC (13), Ciudadanos (10), PNV (6), EH Bildu (5), PDeCAT (4), Más País-Equo (2), Partido Regionalista de Cantabria (1), Compromís (1), Teruel Existe (1) y Nueva Canarias (1). Solo un diputado de este bloque no ha participado en la votación.

Estas formaciones han sumado 198 votos en total que se han negado a devolver los presupuestos. A pesar de que el Gobierno solo necesitaba una mayoría simple —más noes que síes—, ha logrado cosechar una cifra de parlamentarios muy superior a la mayoría absoluta, situada actualmente en 176 escaños. Todo un éxito.

Nunca, en los 40 años de democracia, el Congreso de los Diputados había tumbado las enmiendas de totalidad a unos presupuestos con tantos votos, según recuerdan las periodistas parlamentarias Pilar Portero y Ana Cañil en El HuffPost.

A favor de devolver los presupuestos han votado 150 diputados, que pertenecen a partidos como el PP, Vox, Junts, la CUP, Unión del Pueblo Navarro, Coalición Canaria y BNG. En esta bancada también se ha producido una ausencia.

Esta victoria parlamentaria del Gobierno de coalición es muy simbólica, pero solo es temporal. Ahora, Montero tendrá que sudar mucho más la camiseta para conseguir una mayoría para la aprobación definitiva de los presupuestos.

A pesar de las llamadas de unidad realizadas por la ministra, todo parece indicar que el Ejecutivo tendrá que elegir entre una de las dos vías que se abren: un acuerdo con Ciudadanos o con los socios de la investidura, esta última preferida por los ministros de Unidas Podemos.

La elección de una vía u otra ha protagonizado la segunda sesión del debate de totalidad. “Ustedes van a tener que elegir”, ha advertido la presidenta de Ciudadano, Inés Arrimadas. “Ciudadanos es incompatible con la izquierda. Decir que se puede pactar con Cs y ERC es mentir”, ha asegurado el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián.

Si finalmente, el Congreso aprobara los presupuestos de 2021 se podrá fin al eterno reinado las últimas cuentas públicas de Cristóbal Montoro, las más tiempo han durado en la democracia, en vigor desde el verano de 2018.

El debate de totalidad celebrado entre el miércoles y le jueves ha sido muy bronco y no ha estado ausente de sorpresas. Antes de que se iniciara, el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, aseguró que la coalición de la izquierda abertzale estaba dispuesta a aprobar los presupuestos. Un anuncio inédito en la democracia española y que marcó muchas intervenciones.

Tras el rechazo de las enmiendas, el presidente del PP, Pablo Casado, ha acusado este jueves al Gobierno de pagar el apoyo de EH Bildu con el acercamiento de presos de ETA.

“El Gobierno ha pagado a Bildu el acercamiento de presos etarras como los de ayer, los asesinos de nuestro compañero Alberto Jiménez Becerril y su mujer, Ascen, delante de sus hijos en Sevilla”, ha asegurado.

Otras de las sorpresas del debate de totalidad lo hizo la propia Montero. Nada más iniciar su primera intervención, la ministra sorprendió a todos los presentes con el anuncio de la rebaja del 21% al 4% del IVA de las mascarillas.

Una medida reclamada desde hace meses por la oposición. Hasta prácticamente ese momento la titular de Hacienda había asegurado que no podía realizarse esa bajada impositiva sin la autorización de Bruselas. Un gesto que supone renunciar a una recaudación de 1.500 millones, pero que sirve para allanar la negociación de las enmiendas parciales.

“Este Gobierno tiene la esperanza de que estas públicas sean el revulsivo para salir de la crisis. España no se puede permitir el bloqueo por sistema”, ha afirmado Montero.

Unos presupuestos de emergencia para hacer frente a la crisis

La negociación de las cuentas públicas no ha sido fácil. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias no podían contener la euforia el pasado 27 de octubre cuando presentaron el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado para 2021. Una foto con el libro amarillo que simbolizaba el ansiado acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos.

Las primeras cuentas públicas del Gobierno de coalición estuvieron a punto descarrilar antes de llegar a la mesa del Consejo de Ministros por las discrepancias entre los ministros socialistas y los morados por la regulación del precio de los alquileres y los impuestos a los ricos.

El proyecto presupuestario viene muy marcado por la pandemia del coronavirus y contiene el mayor gasto social de la historia, como recuerda reiteradamente la ministra Monter, que asciende hasta los 239.765 millones.

Este gasto social se apoya en principalmente en la llegada de dinero procedente de la Unión Europea. A España le corresponden 140.000 millones del fondo Next Generation EU. Hace un mes, Sánchez anunció un plan de recuperación para gastar 72.000 millones en los próximos tres años.

El proyecto presupuestario que ahora se negociará en el Congreso incluye un adelanto de 26.634 millones de estos fondos euros, a pesar de que ese dinero todavía no se ha recibido.

Algunas de las medidas estrellas de las cuentas públicas son la subida del 0,9% de las pensiones, el incremento salarial del 0,9% para los funcionarios, la subida del IRPF para los trabajadores que ganen más y la ampliación del permiso de paternidad a 16 semanas para equipararlo con los de maternidad.

Las principales críticas al proyecto presupuestario se centran en las previsiones de ingresos y gastos, al considerar que los cálculos de Montero han sido muy optimistas. El Gobierno prevé unos ingresos de 323.996 millones y unos gastos de 550.484 millones.

“Tenemos una variable que desconocemos: la evolución del coronavirus y la llegada de la vacuna. Estos son unos presupuestos muy difíciles de hacer por la indefinición. Hay un cierto voluntarismo tanto en los ingresos como en los gastos”, asegura Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas.

El analista político Joan Coscubiela, diputado de ICV entre 2011 y 2015 —durante la mayoría absoluta de Mariano Rajoy—, ha querido quitar hierro a estos cálculos, ya que considera que es la tónica habitual de los presupuestos.

Las administraciones públicas han tenido que aprobar nuevas restricciones ante la segunda oleada del coronavirus, como el toque de queda o el cierre de bares en algunas comunidades. Estas medidas han hecho que la recuperación económica se ralentice y que aumente de nuevo el gasto público.

“El capítulo de gastos es muy desconocido. Hace un mes estábamos hablando de poner incentivos para que los trabajadores salieran de los ERTE. Ahora con los nuevos confinamientos estamos volviendo a poner gente en los ERTE”, explica Puig.

Al igual que la oposición, los economistas también han cuestionado algunas medidas fiscales incluidas en los presupuestos, al considerar que no se deben subir impuestos en medio de una crisis económica.

“Los presupuestos tenían que haber sido unos presupuestos de emergencia”, señala el economista Juan Abellán, profesor de la escuela de negocios EAE Business School.

Una de las medidas fiscales que más críticas ha recibido es la reducción de las desgravaciones de los planes de pensiones privados. En su lugar, se pretenden fomentar los planes de empresa.

Actualmente, los planes de pensiones privados cuentan con una deducción al dinero aportado con un máximo de 8.000 euros. Ese máximo se rebajará a 2.000 euros. “La subida de los planes de pensiones es una subida real a las clases medias, porque es la única deducción que tienen en renta”, apunta Puig.

“Lo que están haciendo es fastidiar el ahorro de los planes de pensiones. Solo las grandes compañías tienen planes de pensiones de empresas. Un empleado de una empresa de 10 empleados, no va a tener un plan de pensiones de empresa”, coincide Abellán.

Una vez que los presupuestos han superado este primer examen, ahora pasarán a debatirse en la comisión para estudiar las enmiendas parciales. Aproximadamente dentro de un mes, se producirá la votación definitiva en el pleno. Posteriormente, llegarán al Senado.

El objetivo del Gobierno es intentar que la aprobación definitiva de los presupuestos se produzca antes de que termine el año, para evitar que las cuentas públicas de 2018 elaboradas por Montoro tengan que prorrogarse otra vez. Veremos si lo consigue.