La mitad de las víctimas de agresión sexual en España son niños

La mitad de las denuncias por agresión sexual en España tiene como víctimas a niños y eso que solo llegan a conocerse un 15% de los abusos a menores, un problema que solo se visibiliza cuando ocurren casos como el de la joven de 14 años que se colgó del tendedero para evitar que su padre la violara.

Organizaciones de defensa de la infancia consultadas por Efe coinciden en la urgencia de aprobar la ley de Protección Integral frente a la violencia contra los niños -paralizada por el final de legislatura- y hacerlo en los 100 primeros días del nuevo Gobierno, porque el sistema actual no garantiza la protección de los menores ante cualquier tipo de violencia.

Las últimas víctimas mortales de uno de los tipos de violencia que sufren los menores, la machista, han sido la del joven de 15 años asesinado por su padre en Andorra (Teruel), y el niño de 11 años de Beniel (Murcia), también asesinado por su progenitor como una forma de venganza hacia su madre.

Pero hay muchas más víctimas invisibles cuyos casos, la mayoría, nunca se conocerán, alerta Carmela del Moral, analista jurídica de derechos de infancia de Save the Children.

“Nos preocupa que solo el 15% de los casos llegan a la policía o se denuncian, con lo cual los datos conocidos serían solo la punta del iceberg de una realidad mucho mayor” ha apuntado.

Según los últimos datos del Anuario Estadístico del Ministerio del Interior, el 49% del total de denuncias de violencia sexual tiene como víctimas a un menor de edad, destaca la experta.

Como ocurrió con la niña que huyendo de su padre se colgó en el tendedero, “los niños no denuncian por miedo y es que en la gran mayoría de los casos el agresor es del entorno de confianza del niño e incluso del familiar directamente. Llevamos años pidiendo la ley y luchando para que se apruebe porque el sistema actual no protege a la infancia lo que debería, falta un marco de protección completo”, insiste.

¿Qué falla? “Hay una gran deficiencia en prevención, en detección y en la judicialización de los casos, contamos con profesionales que no tienen las herramientas para detectar y en muchos casos para denunciar los casos de violencia contra la infancia, tenemos muchos niños que no conocen sus derechos y que no saben donde denunciar y los sistemas no están adaptados para ellos presenten esa denuncia”, enumera Carmela del Moral.

La tramitación del anteproyecto de ley Orgánica de protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la violencia, que ya había recibido el informe del Consejo del Poder Judicial, se ha quedado parada por la situación política, aunque según la experta, si el Consejo de Estado enviara su informe, el Ejecutivo en funciones podría seguir con la aprobación del proyecto de ley para su remisión al Parlamento.

La ley incluye la modificación de once leyes para convertir la infancia en un bien colectivo de especial protección, situando a los menores como titulares de derechos subjetivos, y establece el deber de cualquier persona que advierta una situación de desprotección, riesgo o violencia sobre un menor a comunicarlo.

“Se necesitan ya acciones y un compromiso tanto del Gobierno como del resto de los partidos, porque no se puede utilizar esta ley como un arma política de tira y afloja una vez que llegue al Congreso”, opina Del Moral.