Los líderes de la UE logran un acuerdo para desbloquear los fondos de recuperación

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea han dado este jueves su visto bueno al acuerdo alcanzado con Hungría y Polonia para que levanten su veto al presupuesto comunitario y el fondo de recuperación, desbloqueando así los 1,8 billones de euros en ayudas para los próximos años.

El acuerdo permitirá seguir con la tramitación del presupuesto comunitario para 2021-2027 y del fondo de recuperación con el fin de que puedan entrar en vigor el 1 de enero de 2021.

“Acuerdo sobre el paquete presupuestario y el fondo de recuperación. Ahora podemos empezar a aplicarlo y a reconstruir nuestras economías”, ha anunciado el presidente del Consejo europeo, Charles Michel, en un mensaje que ha compartido en su cuenta de Twitter pero en el que no ha dado más detalles.

En la misma red social, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, mostró su satisfacción por que los casi dos billones de euros del plan servirán para “impulsar nuestra recuperación y construir una UE más resiliente, verde y digital”.

Para convencer a Budapest y Varsovia, los líderes comunitarios aprobaron un documento de conclusiones que clarifica que la condicionalidad del Estado de derecho se aplicará de forma “objetiva, justa e imparcial” a todos los países y que, si alguno de ellos recurre esta legislación ante el Tribunal de Justicia de la UE, la Comisión Europea no podrá proponer penalizaciones hasta que haya una sentencia.

Sin embargo, no se modifica la regulación en sí misma, que permitirá por primera vez que se congelen las ayudas a un país en caso de que se produzcan violaciones del Estado de derecho que afecten al presupuesto comunitario, si así lo propone la Comisión y es aprobado por una mayoría cualificada de los socios de la Unión Europea.

Esto debería allanar el camino para que la Eurocámara, que ha rechazado tajantemente cambiar este mecanismo, acepte la solución y de luz verde al marco financiero.

No obstante, el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, ya ha advertido de que analizarán el compromiso desde el punto de vista legal.

El acuerdo deberá ser aprobado mañana viernes formalmente en una reunión de embajadores comunitarios de los Veintisiete, aunque esto se considera un mero trámite formal, habida cuenta del visto bueno de los jefes de Estado y de Gobierno de la UE.

En concreto, las conclusiones adoptadas por los líderes señalan que la Comisión elaborará unas directrices para aplicar este mecanismo de condicionalidad consultando con los Estados miembros y, en caso de que alguno de ellos pida al TJUE la anulación de esta regulación, las directrices solo podrán finalizarse una vez que haya una resolución judicial para tener en cuenta la opinión de la corte.

Y hasta que estas directrices no concluyan, la Comisión no podrá proponer medidas bajo este mecanismo, lo que en la práctica supone que, si Budapest o Varsovia recurren a los tribunales europeos, Bruselas no podrá proponer penalizarles, aunque lo viera necesario, hasta que haya una sentencia.

En la práctica, esto supone que no se podrán suspender pagos a países que violan los principios fundamentales del bloque hasta dentro de al menos dos años.

Hungría y Polonia han sido expedientados por Bruselas por problemas con la independencia judicial, la libertad de prensa o el respeto a las minorías.