Los ideales de los Conservadores y Reformistas Europeos para el 26-M

El Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) es el tercero en importancia en la Eurocámara, con 71 de sus 751 escaños actuales. Bajo esas siglas hacen causa común formaciones de derechas, pero marcadamente euroescépticas y antifederalistas. No hay españoles entre sus filas.

En realidad, se sustenta sobre tres partidos básicamente, a los que se suman algunos eurodiputados sueltos, representantes de hasta 15 países: se trata del Partido Conservador de Reino Unido (su columna vertebral), el polaco Ley y Justicia y el Partido Democrático Cívico de la República Checa.

Tras las elecciones de 2009, se unieron a instancias del entonces primer ministro británico, David Cameron, que no casaba con el grupo conservador del Partido Popular Europeo y que ya empezaba a mostrar su alejamiento de Bruselas, el que acabó cuajando en el Brexit. Cuando el divorcio se consume, este grupo desaparecerá; mientras tanto, su ligazón extrema con los tories le aboca a tener un papel mínimo en el nuevo Parlamento Europeo. Las primeras proyecciones de voto los dejan casi en la nada, aunque la suma de todos los euroescépticos, si se ponen de acuerdo, puede superar los 150 escaños.

Esa es su gran amenaza de futuro, pero no la única. Son tan diversas las fuerzas que componen este grupo que apenas hay chicha que los una, más allá del desencanto respecto a Europa. Sin ser como los Marine Le Pen o los Matteo Salvini, digamos que en una escala de cero a cinco sacan entre un tres y medio o cuatro aproximadamente en cuanto a antieuropeísmo. Y el segundo partido más potente del grupo, el polaco del que fuera primer ministro Jaroslaw Kaczynski, tiene también ideas que chirrían a sus socios, como una visión católica de la vida hasta el extremo de decir que la Iglesia es la ”única depositaria” de sus valores. Con ellos es imposible hablar de homosexualidad o aborto.

Ahora se presentan a las elecciones del 26 de mayo con un líder checo de 56 años, amante del rock, llamado Jan Zahradil, que se aferra al lema “Reafina la UE”, un giro a lo que ya da Bruselas. “La Unión Europea no es un estado, la Comisión Europea no es un gobierno y nosotros somos una familia proeuropea, sí, pero antifederalistas”, ha explicado el candidato en esta campaña.

Según explican en su argumentario, para el CRE la UE tiene un papel que desempeñar en el siglo XXI, “pero debería centrarse en facilitar la colaboración entre los Estados miembros y en encontrar soluciones prácticas para los problemas y los retos a los que nos enfrentaremos a mediados del actual siglo, y no a los que había a mediados del anterior”. Su promesa es “cambiar el rumbo” de la Unión y “hacer que vuelva a funcionar, tanto para la economía como para la gente”.

Por lo demás, su pensamiento se resume en unas cuantas máximas: libertad de empresa y comercio, menos impuestos y poca regulación, libertad individual pero con control democrático, reconocimiento de la familia como unidad básica de la sociedad, defensa de la soberanía de los estados frente a la UE, inmigración controlada, atlantismo en lo defensivo.

La “protección”, lo primero

Para los conservadores y reformistas el capítulo más importante de sus propuestas es el de “protección”, como lo llaman, añadiendo a la clásica “seguridad” un matiz extra de amenaza. Reivindican que “mantener a los ciudadanos de Europa a salvo de la amenaza de violencia y criminalidad debe ser una prioridad para la Unión Europea”.

Para ello apuestan por el intercambio de información entre naciones, “esencial en la lucha contra la delincuencia transfronteriza, el delito informático y el terrorismo” y en reforzar los Registros de Nombres de Pasajeros (PNR), que incluyen información básica del pasajero, como su ruta, las fechas del viaje y el método de pago. “Los datos de PNR han ayudado a capturar a cientos de asesinos, pedófilos, traficantes de personas, agresores sexuales, secuestradores, narcotraficantes y grandes terroristas, incluidos los involucrados en los ataques de Mumbai en 2008 y el frustrado de Times Square”, dicen, recordando que fueron en parte los impulsores del primer borrador de PNR.

Defienden ahondar también en el Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales, “una herramienta importante para los fiscales, jueces y fuerzas policiales europeas con el fin de evitar el movimiento de delincuentes en toda Europa y ayudar a que se desarrollen procesos judiciales”. EUROPOL y EUROJUST deben tener más medios, piden, y capacidad de acceder a esta información.

La llamada frontera exterior de la UE -de la que España es esencial en el sur- es otra de sus fijaciones. Hablan de proteger la integridad del espacio Schengen, mantener la libertad de movimiento pero “garantizar la seguridad interna de la UE”, de ahí que defiendan los controles obligatorios y sistemáticos “en las bases de datos relevantes en las fronteras exteriores”. “Esta medida garantizará que los combatientes extranjeros terroristas, los migrantes irregulares y los traficantes de personas sean detectados en la frontera exterior”.

De la mano viene su propuesta de proteger a las víctimas del terrorismo en Europa mediante fondos y el establecimiento de un Centro de Coordinación de Respuesta al Terrorismo, que “ayudará a las autoridades nacionales a implementar la legislación de la UE diseñada para proteger a las víctimas del terrorismo y proporcionará servicios de apoyo a las víctimas, como el asesoramiento”.

Cancerberos ante la inmigración

“Prioridad clave” es para ellos la política migratoria. Quieren reformar “profundamente” el Sistema Europeo Común de Asilo porque entienden que “no es eficaz para hacer frente a los desafíos modernos de la globalización, los conflictos regionales, la pobreza y la migración en masa”.

Reclaman un sistema de migración que “respete la voz y los deseos de sus Estados miembros y sus ciudadanos”; es su primera petición, por encima del bienestar de los asilados. Para que sea sostenible, ese sistema “debe contar con el respaldo total de todos sus Estados miembros y de los ciudadanos de Europa”. “La UE no puede seguir imponiendo un sistema de inmigración que está respaldado por solo unos pocos de sus Estados miembros. Debe prevalecer un sistema de cooperación más que de compulsión”, denuncian.

En su lugar, piden que la UE se centre en “hacer lo correcto”. ¿Y eso qué es? Pues dar más medios a los estados que son frontera exterior, combatir el “abuso” del sistema de asilo de la UE, reforzar el papel de FRONTEX y trabajar con terceros países “para alcanzar acuerdos de cooperación y evitar que los migrantes hagan el viaje que pone en peligro su vida a través de todo el Mediterráneo hasta la UE”. No especifica qué tipo de ayudas o proyectos pondría en marcha para ello.

Especialmente duros son con esos que llaman refugiados “fallidos”, los que no logran finalmente el asilo. Para que el acogimiento sea “sostenible” y sí se pueda atender a los “solicitantes genuinos y más vulnerables” piden que los demás sean repatriados. “Un objetivo clave del Grupo ECR es fortalecer las características de seguridad y las garantías técnicas del documento de viaje europeo estándar, que sirve para acelerar el retorno de los ciudadanos de países no pertenecientes a la UE que permanecen en forma irregular en los Estados miembros sin pasaportes ni documentos de identidad válidos, a fin de promover su aceptación por terceros países”. Pero aquí, no.

“Si bien esta no es una solución mágica -sostienen-, es un paso importante para combatir el abuso del sistema de asilo de la UE y aumenta la capacidad de la UE para reducir el número de solicitantes de asilo fallidos que aún residen en la Unión. Desde que este documento ha sido introducido por los Estados miembros, el número de devoluciones ha aumentado”, se felicitan.

“Sentido común” y sostenibilidad

Conservadores y reformismas se quejan de que grandes debates esenciales sobre la sostenibilidad del planeta se están abordando sin orden y con cierto populismo en el seno de la UE. Por eso exigen “sentido común” y “sensatez” al abordar el cambio climático, el reciclaje, la generación de residuos, la contaminación, la calidad y la seguridad alimentarias. Y eso quiere decir normas que “no impongan cargas innecesarias y costosas” a las empresas, preferentemente, y también a los socios del club comunitario. Desdeñan los compromisos ambientales de base, por “poco realistas, que nunca se cumplirán o implementarán adecuadamente” y piden “un enfoque ambicioso, incremental y sensato que todos los Estados miembros pueden apoyar”.

Lo que ellos plantean es la protección de la vida silvestre y de los animales en peligro de extinción, con un cerco al tráfico ilegal, que da ganancias de hasta 20.000 millones de euros anuales a las mafias. Buscan, además, una legislación más fuerte, que penalice los delitos contra esa vida natural.

Se aplauden por impulsar el Plan de Comercio de Emisiones de la UE, pues “logra el equilibrio adecuado entre los compromisos climáticos a largo plazo de la Unión y la garantía de que las industrias europeas estén protegidas contra el deterioro de los competidores externos que operan con estándares de emisiones más bajos”.

Reclaman acciones continentales para mejorar la calidad del aire, que es un agente “asesino” cuando está muy contaminado. Apoyaron los nuevos límites máximos de emisiones de dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, amoníaco y alineación de los objetivos para 2020, con compromisos internacionales y objetivos más ambiciosos hasta 2030, con lo que “se estima que el impacto en la salud de la contaminación del aire se habrá reducido en un 50% en 2030 en comparación con 2005″. “Esa es la línea de trabajo”, sostienen, más el “cuidado” a una pesca y una agricultura “sostenibles, seguras y de calidad”.

Impuestos fuera

Es “prioritario” eliminar gran parte de la “asfixiante regulación” que la UE ha adoptado y aplicado a las empresas. Se duelen de que todo se hace de forma “innecesariamente burocrática y complicada”, mientras que no se dan garantías ni seguridad suficiente a los que apuestan por un negocio. De ahí que pidan “menos trabas y más eficiencia”.

“La UE necesita una regulación que brinde igualdad de condiciones para las empresas mientras protege a los consumidores, sin una implementación desigual en toda la UE”, abunda el grupo. Esa regulación “sensata”, “justa” y con menos papeleo hará a las empresas “crecer mejor, seguir siendo competitivas y rentables y ofrecer más puestos de trabajo”. Las pymes, en particular, son las que más beneficiadas deben salir.

“El Grupo ECR es plenamente consciente de que cada centavo que gasta la UE es dinero de los bolsillos de los contribuyentes europeos” y por ello plantean más filtros para detectar malos usos. También un espacio seguro para los denunciantes de infracciones, conductas indebidas o actividades ilegales relacionadas con la administración pública y las empresas privadas, el crimen organizado y la evasión fiscal. “Si la UE no toma en serio el abuso financiero, la confianza de los votantes, los contribuyentes y los ciudadanos de Europa se verá seriamente erosionada”, entienden. Hablan de crear una “cultura de comunicación” que eleve los estándares éticos de la Unión.

A hacer negocios

Los del ECR quieren “un comercio más abierto”, pues entienden que trae más empleos y oportunidades y productos más baratos para el consumidor. Prometen buscar acuerdos internacionales para “romper las barreras actualmente existentes que impiden que las empresas europeas negocien con las principales potencias económicas de todo el mundo”. Tras el alegato capitalista, el matiz: ese beneficio debe llegar a todos, con salarios dignos y cuidando la industria local.

No son proteccionistas. “Apoyamos la apertura de nuestro mercado nacional a productos no pertenecientes a la UE, de forma limitada y controlada, al tiempo que garantizamos que los productos de la UE tengan un mejor acceso a los mercados no pertenecientes a la UE para nuestras exportaciones más populares. Creemos que los acuerdos de libre comercio de la UE deben beneficiar a los consumidores ofreciéndoles más opciones de productos, una mayor variedad de servicios y una mayor movilidad para los empleados de la empresa”, señalan. Su postura histórica ha sido la de apoyar especialmente los intercambios comerciales con Norteamérica (EEUU y Canadá) y con el sureste asiático.

Su doctrina defiende que fomentar la empresa privada y el crecimiento económico nacional acaba reduciendo la pobreza, “creando futuros socios comerciales y ayudando a apoyar la estabilidad democrática y los derechos humanos en el proceso”. Se cuelgan la medalla de ser los impulsores de la colaboración privada para combatir la exclusión, que llevó a la Comisión a crear un fondo que ya ha movilizado 44 billones de euros. Reclama ayudas a los países empobrecidos que no sea “ni parches ni salidas a corto plazo”, sino “duraderas”, porque ayudará, por ejemplo, ante el fenómeno migratorio. Eso sí, con la empresa privada como colaboradora esencial.

Transparencia, crisis y responsabilidad

“Responsabilidad democrática” y “transparencia” también son palabras que se repiten en el argumentario de este tercer grupo del Europarlamento. Con ellas debe acometerse una reforma de la UE. Argumentan que si se ha ido “erosionando” la confianza de los ciudadanos ha sido por la ausencia de ambos principios, que deben impregnar cada agencia, cada presupuesto y cada ley.

Literalmente, prometen seguir haciendo “preguntas difíciles” para que haya verdadera rendición de cuentas. “Para que la UE tenga una transformación profunda (...) primero Bruselas y sus políticos deben identificar lo que no está funcionando y reconocer lo que antes falló”, recuerdan.

Esa política de poner todo “en el escaparate” es útil, además, para prevenir otra crisis económica; eso y evitar “las políticas sobre el euro implementadas apresuradamente”. Reclaman mucho estudio, mucha previsión y mucha información “real” a los aliados.

En sus planes no está, obviamente, que Bruselas mande más en los estados. Identifican más Europa con más burocracia y con agencias que no les valen. “Tomar la dirección política equivocada podría causar restricciones presupuestarias duraderas, riesgos sistemáticos para el sistema monetario y, en última instancia, el desempleo en los Estados miembros. El Grupo ECR cree que deberíamos centrarnos en gestionar mejor la zona euro en lugar de profundizar los vínculos políticos con la UE”, señalan.

El Mecanismo Europeo de Estabilidad para compartir la responsabilidad “no es la mejor manera de recuperar la competitividad en los países de la zona euro”, añaden. Las disciplinas fiscales, un Banco Central Europeo independiente sin agenda política y respetando la decisión de los Estados miembros que no adoptaron el euro, en cambio, “son los ingredientes clave para prevenir futuros choques económicos”. “Es justo que todos los países europeos demuestren responsabilidad económica y fiscal. La prudencia económica nacional debe ser fomentada, no penalizada”, insisten.

Y añaden un punto novedoso en los programas comunitarios: “acabar con los costosos residuos de las instituciones de la UE”. Hay 751 diputados en el Parlamento Europeo, 3.000 empleados, asesores externos y grupos de presión que se tienen que trasladar a la sede de Estrasburgo apenas cuatro días. “Las estimaciones de los costos de reubicación están entre 102 y los 180 millones de euros por año. Un movimiento que provoca la liberación innecesaria de 20000 toneladas de C02″, denuncian. Centralizar todo, en Bruselas o Estrasburgo, sería la solución.

Infraestructuras a tope

Los conservadores aprecian las infraestructuras como uno de los grandes bienes de la UE, que conecta a países y ciudadanos sin fronteras ni burocracia. Pero para crearlas hace falta dinero y hay que gastarlo bien. Plantean aprobar un bloque legislativo sobre transporte, mercado único y derechos del consumidor, que sea “eficaz y eficiente”, para aportar lo que un país en solitario no puede dar. Las claves deben ser la apuesta por infraestructuras básicas, la reducción de barreras en el mercado único, la facilidad de comprar y vender en el seno de la UE y la garantía de los derechos de los compradores o beneficiarios.

En el caso del tren, eso se debe traducir en “transportes de alta calidad” y rapidez entre los principales núcleos, tanto para personas como para mercancías, que dé “cohesión” a los Veintiocho. “Más conectividad es más desarrollo económico”, recuerdan. El ECR destaca la necesidad de impulsar el desarrollo de los corredores de transporte Norte-Sur, como la ruta Via Carpathia entre Lituania y Grecia y la línea ferroviaria de alta velocidad Rail Baltica, que conecta los Estados Bálticos con Europa Central.

Su modelo incluye la libre competencia en el mercado del servicio de pasajeros en cada país, para dar “nuevos servicios” supuestamente más eficientes y de más calidad. “Un entorno más competitivo para los ferrocarriles significará más opciones para los pasajeros, lo que conducirá a servicios ferroviarios de mejor calidad para los consumidores”.

Abogan por profundizar los controles en la industria del automóvil, tras escándalos como el de Volkswagen y sus emisiones, para evitar que “hagan trampa”.

Y confesionales

Para ellos es “esencial” velar por la situación de los cristianos perseguidos en el mundo y creen que esta apuesta debe tener “un lugar destacado en la agenda de la política exterior de la UE”. “Más que cualquier otro grupo, los cristianos son blanco de la violencia religiosa. Una situación largamente ignorada por la política exterior de la UE”, denuncian.

Más allá de esta particularidad que los diferencia de otros grupos, reclaman en general la protección “de la libertad y la dignidad humanas”. Piden una agenda específica de Bruselas sobre derechos humanos, que pueda servir para presionar a terceros países para que no haya violaciones. Para eso, asumen, también hace falta consenso.