Los gobiernos que temen a la gente
Hace muchos años me fui de cooperante. Colaboré en proyectos de desarrollo y ayuda humanitaria destinados a gente que lo había perdido todo por culpa de la guerra o las catástrofes naturales. Fue mi primera experiencia en una ONG. Y me enganché. A mi regreso a España seguí en el llamado "tercer sector" dedicándome a la sensibilización ciudadana, hasta llegar a Amnistía Internacional, donde, en la actualidad impulso campañas de derechos humanos. Cada vez que le cuento a alguien a qué me dedico, la gente lo escucha con interés e incluso con admiración. Trabajar en una ONG tiene cierto aura de romanticismo y se asocia automáticamente al hecho de ayudar a otras personas. Pero las organizaciones de la sociedad civil no solo ayudan a la gente, hacen mucho más.
Las sociedades evolucionan, crecen y mejoran gracias a que las personas se unen para alzar su voz y exigir derechos y recordar a los poderosos que no pueden hacer lo que quieran con ellas. Sin sindicatos no habría derechos laborales, sin movimientos feministas las mujeres estarían subordinadas a los hombres, si las personas gays y lesbianas no se hubieran organizado serían perseguidas en el mundo entero. Sin grupos ecologistas no habría conciencia de la necesidad de cuidar el planeta, sin organizaciones de derechos humanos la pena de muerte y la tortura camparían a sus anchas y la salud y la vivienda no se considerarían derechos humanos.
Por eso es tan importante que exista una sociedad vibrante en la que las personas se organizan y se unen para reclamar derechos. Así se construye el mundo que queremos.
Sin embargo, muchos gobiernos no sólo se niegan a escuchar a la ciudadanía sino que hacen todo lo posible por taparle la boca. En los últimos años ha habido una escalofriante tendencia que se ha ido extendiendo por todo el globo y que tiene como objetivo silenciar a la sociedad civil. El informe de Amnistía Internacional Leyes concebidas para silenciar revela un ataque sin cuartel a las organizaciones que se atreven a decir lo que piensan y a reclamar derechos para las personas. Sólo en los dos últimos años se han aprobado o están en camino 40 leyes que recortan gravemente el derecho de asociación. Y en la última década, más 50 países se han sumado a la moda de tapar la boca a la sociedad civil. La lista incluye democracias, dictaduras y gobiernos de cualquier ideología que, en todos los continentes, utilizan un sinfín de métodos para estrangular a las ONG: les ponen trabas insalvables para registrase, les impiden financiarse, las etiquetan como "agentes extranjeros" con el estigma que conlleva, congelan sus bienes y acosan a su personal si se atreven a seguir adelante con sus actividades.
Hay organizaciones que por la naturaleza de su trabajo están más en el punto de mira, como las de mujeres, las LGBTI, las que defienden a las personas migrantes y refugiadas, las ecologistas o las de derechos humanos. Algo de lo que tampoco se libra Amnistía Internacional cuyas oficinas han sido atacadas, se han congelado sus bienes y su personal ha sido acosado y amenazado en países como India o Hungría.
Arabia Saudí niega el permiso a organizaciones de derechos humanos, incluidas las que defienden los derechos de las mujeres, en Rusia hasta una organización que apoyaba a personas con diabetes tuvo que cerrar tras ser multada e incluida como "agente extranjero". Hungría se ha ensañado con las que apoyan a las personas migrantes y refugiadas. En Egipto hay dirigentes de organizaciones a quienes se les ha prohibido viajar, han sufrido congelación de activos y procesamientos judiciales con penas que podrían ir hasta 25 años de cárcel. En Estados Unidos se está asfixiando a organizaciones que ofrecen servicios e información sobre aborto y acceso a anticonceptivos, que trabajan en salud maternoinfantil, VIH, malaria o tuberculosis en países del sur global. El presidente de Brasil acaba de aprobar una orden ejecutiva para controlar las actividades de las ONG y ha dicho que va a poner fin a todas las formas de activismo. En Nicaragua, acaban de retirarle la personalidad jurídica al Centro de Derechos Humanos alegando que no había cumplido con los requisitos administrativos. Y en China la ley de ONG en la práctica es una herramienta para intimidar y suprimir las opiniones críticas.
Nunca pensé que vería un ataque así, coordinado, sistemático y sin cuartel hacia entidades no lucrativas que realizan una labor tan necesaria. Leer el último informe de Amnistía Internacional me ha dado miedo, pero no tanto como parecen tener esos gobiernos que no escatiman esfuerzos en silenciar a la gente. La represión y la fuerza son los argumentos de los débiles. Los gobernantes verdaderamente fuertes escuchan a la gente y si tienen que cambiar algo, lo hacen.
Y más les vale porque no vamos a parar.
