Los Franco insisten en la Almudena: hay más riesgos de seguridad en el fútbol
"Por qué debe la familia del general Franco soportar el dolor, la humillación y la afrenta de ver desenterrado a su abuelo", se preguntan.
La familia de Francisco Franco se reafirma en enterrar al dictador en la cripta de la catedral de la Almudena de Madrid si se exhuman sus restos en el Valle de los Caídos y argumenta que la afluencia de público prevista no presentaría riesgos para la seguridad, porque sería muy inferior a la de los partidos de fútbol.
En el escrito de alegaciones finales al expediente de exhumación que ha presentado este martes su abogado, Luis Felipe Utrera-Molina, la familia Martínez-Bordiú Franco denuncia las "múltiples irregularidades" que presenta el proyecto gubernamental, así como "el incumplimiento por la Dirección de Salud Pública de la Comunidad de Madrid de la normativa vigente en materia de sanidad mortuoria".
Según recalca en un comunicado, la familia reprocha a la Comunidad de Madrid "haber obviado la condición de cadáver embalsamado de los restos mortales" cuando, el pasado diciembre, la Dirección General de Salud madrileña contestó al Gobierno de Pedro Sánchez que la exhumación "no está sometida a ningún requisito administrativo sanitario".
Además de advertir de que el proyecto de exhumación incurre en "múltiples y graves incumplimientos de la legalidad urbanística", con "la colaboración del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial", la familia Martínez-Bordiú Franco afirma que el procedimiento seguido es una "farsa administrativa" para dar "cobertura legal" a una decisión tomada de antemano por Sánchez.
La familia considera inconstitucional y "fraudulento" el trámite administrativo que emplea el Gobierno porque se ampara en un real decreto ley para establecer "un procedimiento de carácter singular, única y exclusivamente dirigido" a la exhumación de Francisco Franco, "excluyendo del mismo a cientos de afectados por la citada norma".
Se pregunta en este sentido "por qué debe la familia del general Franco soportar el dolor, la humillación y la afrenta de ver desenterrado a su abuelo, con evidente intención de agraviar su imagen y recuerdo, antes que el resto de familias que tienen a parientes en la misma situación".
Tras solicitar al Ministerio de Justicia una resolución que declare "la improcedencia de llevar a cabo la exhumación", la familia precisa que, si pese a ello sigue adelante el procedimiento, se reafirma en su deseo de recibir los restos mortales para poder enterrarlos en la sepultura que posee en la cripta de la catedral de la Almudena.
En este punto, el escrito de alegaciones sale al paso del informe de la Delegación del Gobierno en Madrid sobre los "supuestos problemas de seguridad" que desaconsejan el entierro en la cripta de la catedral y asegura que esos riesgos son en realidad "ciertamente reducidos", según "expertos en materia de seguridad" consultados por la familia.
Argumenta al respecto que la zona en que se ubica la cripta es "altamente segura" por la elevada presencia de fuerzas de seguridad, restricciones y medidas de control antiterrorista, aparte de que no es "objetivo del terrorismo islámico, única amenaza terrorista considerada en la actualidad".
Pero, además, la afluencia prevista de visitantes sería un "máximo de 1.000 diarios", algo "no relevante" respecto a "otros eventos que se celebran en la capital, como los partidos de fútbol, que concentran a 100.000 personas en el centro de Madrid durante un plazo de tres horas, o el Museo del Prado, con casi tres millones de visitantes anuales".
Por último, la familia cree "despreciable el riesgo de disturbios de orden público de carácter ideológico" y cita el precedente de "la reciente manifestación convocada por Unidos Podemos, UGT y CCOO contra el eventual traslado de los restos a la Almudena, que apenas congregó a 200 personas".
El escrito pone el énfasis asimismo en "la doble violación de los derechos fundamentales a la intimidad personal y familiar y a la libertad religiosa" que, en opinión de la familia Martínez-Bordiú Franco, constituye por un lado la exhumación en contra de su voluntad y, por otro, la "injerencia del Gobierno" en "el derecho de la familia a decidir el destino" final de los restos.
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