Los deberes pendientes de la economía española que nos recuerda Rutte
Las pensiones, el mercado laboral y los impuestos son algunas de las materias que España debe abordar si quiere resolver sus problemas.
El primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte, era un auténtico desconocido para la mayoría de los españoles, pero su papel en las duras negociaciones del Consejo Europeo que aprobó el fondo de reconstrucción le han convertido en el político neerlandés más odiado de España.
No lo tenía fácil para desbancar a Jeroen Dijsselbloem, quien dijo en 2017 que los países del sur no podían gastarse el dinero en “alcohol y mujeres” y después “pedir ayuda”. Rutte lo ha logrado en la última cumbre al exigir reformas en el sistema de pensiones y en el mercado laboral a España e Italia si querían recibir ayudas.
Quizás no eligió el mejor momento para abrir el debate, con la necesidad de una respuesta común al terremoto del coronavirus, pero el político holandés puso de manifiesto una serie de deberes pendientes de la economía española, que los políticos han ido postergando.
La pandemia del coronavirus ha puesto otra vez de manifiesto las debilidades del mercado laboral español, que sufre una temporalidad sin parangón en Europa y que vive inmerso en la precariedad desde la crisis de 2008.
Ante el parón de la economía, el Gobierno flexibilizó la herramienta de los expedientes temporales de regulación de empleo (ERTE), que fue utilizada por 3,4 millones de trabajadores y sirvió para proteger principalmente a los trabajadores indefinidos.
Sin embargo, cerca de 900.000 puestos de trabajo se destruyeron en 14 días tras la declaración del estado de alarma a mediados de marzo. Parte del empleo perdido se ha recuperado, pero todavía queda mucho camino por recorrer. El Banco de España calcula que la tasa de paro se elevará desde el 14,4% del primer trimestre al 20% en el segundo trimestre.
Así ha evolucionado la afiliación a la Seguridad Social en 2020:
La temporalidad es uno de los males endémicos del mercado laboral. “Uno de cada cuatro trabajadores ocupados en España tiene una relación laboral temporal”, explica Valentín Bote, director de Randstad Research.
La destrucción de empleo por el coronavirus fue más intensa en los colectivos más vulnerables, según explica Manpower Group. La crisis se cebó especialmente con tres tipos de trabajadores: jóvenes, temporales y con jornada parcial.
Más de uno de cada diez asalariados con contrato temporal (10,7%) perdió su empleo entre febrero y junio, mientras que solo ocurrió lo mismo con uno de cada 100 trabajadores con contrato indefinido (0,9%).
“La causa más importante de contratación temporal corresponde a circunstancias de la producción, picos de trabajo que explican la necesidad de estos trabajadores. Cuando la economía entra en crisis dejan de producirse esos picos”, señala Bote.
Los jóvenes de 16 a 34 años también sufrieron mucho más las consecuencias de la crisis —un 7,6% menos de afiliados en este colectivo— que los mayores de 35 años —un 1,9% menos—.
Así ha sido el impacto del coronavirus en la afiliación:
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La mayoría de las empresas recurren a los contratos temporales especialmente en momentos de incertidumbre, porque es más barato despedir si llegan dificultades. Los jóvenes para incorporse al mercado laboral tienen que encadenar multitud de contratos temporales.
¿Cómo se arregla esto? No existe un consenso, los partidos políticos han defendido propuestas muy diversas. El PP apuesta por incentivar los contratos fijos. Ciudadanos quiere eliminar los contratos temporales e implantar un contrato único, con una indemnización de 20 días por año trabajado.
El acuerdo de Gobierno firmado entre PSOE y Unidas Podemos incluía medidas como simplificar los tipos de contrato, reforzar el control de la contratación a tiempo parcial e intensificar las actuaciones de la Inspección de Trabajo.
Los expertos consideran que se debe actuar luchando contra el fraude laboral y la economía sumergida y mejorando la formación de los trabajadores. “Hay que reforzar la lucha contra el empleo sumergido, porque es el más injusto con el trabajador: le priva de un contrato laboral, de cotización a la Seguridad Social y de todos los derechos que de ahí se derivan”, señala Bote.
Las pensiones es otro de los grandes problemas de la economía española mencionado por Rutte. El gran elefante en la habitación del que nadie quiere hablar y que tendrá que ser abordado en esta legislatura.
El sistema público de pensiones tiene un déficit estructural equivalente al 1,5% del producto interior bruto, según el Banco de España. Existe una diferencia entre los ingresos y los gastos de la Seguridad Social de unos 18.000 millones.
España basa su sistema de pensiones en el reparto: los mayores cobran su jubilación gracias a las cotizaciones de los trabajadores en activo. Estos a su vez confían en que, al llegar al momento de retirarse, haya una nueva generación que pague su pensión.
Actualmente la Seguridad Social recauda dinero suficiente para pagar las pensiones mes a mes, pero no para hacer frente a las pagas extra de junio y diciembre. Por eso, el Estado tiene que prestarle dinero cada año para afrontar estos desembolsos. El coronavirus ha agravado la situación al tener menos ingresos y más gastos.
“La Seguridad Social lleva con déficit 10 años, un déficit acumulado de más de 115.000 millones de euros. Tiene una deuda de más de 100.000 millones. La hucha de las pensiones está casi agotada”, asegura Juan Carlos Higueras, profesor de economía en la EAE Business School y autor del informe La jubilación de nuestro sistema de pensiones.
Así ha evolucionado el gasto en pensiones:
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El problema de este sistema de reparto es que la población española cada vez es más mayor, ya que se ha alargado la esperanza de vida. Si un ciudadano llegaba a los 65 años en 1975, le quedaban otros 15 años de vida. Actualmente le quedan otros 21 años.
“El sistema de pensiones tal y como está configurado es insostenible. Es un sistema de reparto que se apoya mucho en la pirámide demográfica. La pirámide se está invirtiendo, porque está envejeciendo la población”, apunta Higueras.
El problema se agravará con la inminente llegada de la generación del baby boom a la jubilación. Si actualmente se jubilan cada año unas 300.000 personas, esa cantidad se va a duplicar en los próximos años.
“Los que nacieron entre el año 1958 y 1975 se empiezan a jubilar en cinco años. Entonces había 650 mil nacimientos al año. Va a haber un tsunami de nuevos pensionistas”, afirma Higueras.
Esto no sería un problema si no fuera porque nacen muy pocos niños, lo que impide que exista un relevo generacional. España tiene una de las tasas de natalidad más bajas del mundo: 1,26 hijos por mujer.
Así han evolucionado los nacimientos en España:
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Ante este escenario, los Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy llevaron a cabo reformas en 2011 y 2013. Se retrasó gradualmente la edad de jubilación, se aumentó el periodo de cálculo y se introdujo un factor de sostenibilidad, entre otras medidas.
Estos no serán los últimos cambios que se hagan, ya que el sistema todavía tiene problemas. La Comisión del Pacto de Toledo se quedó en febrero de 2019 cerca de emitir unas recomendaciones para asegurar el futuro de las pensiones. Ese trabajo tiene que ser retomado ahora.
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, propuso una batería de medidas para arreglar el agujero de las pensiones cuando estaba al frente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef). Apostaba por traspasar los gastos de funcionamiento del sistema a los presupuestos, aumentar la edad efectiva de jubilación y ampliar el periodo para calcular la pensión a 35 años.
Algunas de las cuestiones que están sobre la mesa del Gobierno son la limitación de las jubilaciones anticipadas (cuatro de cada 10 españoles se jubilan antes de llegar a la edad legal) e implementar la cotización por ingresos reales de los autónomos.
Algunos expertos creen que estos cambios no serán suficientes para arreglar el problema y que España debe implementar un sistema mixto como el que existe en el algunos países vecinos.
“Hay que hacer una reforma integral. Lo ideal sería copiar los modelos que funcionan en el mundo como Países Bajos o Suecia. Esto no se puede cambiar de un día para otro, pero sí que se puede hacer que los que entren ahora en el mercado laboral, lo hagan con unas nuevas reglas”, explica Higueras.
Otro ejemplo para este experto es Reino Unido, donde los trabajadores entre 22 y 65 años que ganan más de 10.000 libras al año se inscriben automáticamente en un plan en el que cotizan el trabajador y el empresario.
Otro de los quebraderos de cabeza es el déficit público, la diferencia existente entre los ingresos y los gastos, que se ha convertido en estructural.
El déficit público se situó en el 2,8% del producto interior bruto en 2019, según la agencia europea de estadística Eurostat. El ingente gasto público necesario para hacer frente la crisis del coronavirus disparará el déficit este año hasta el 13,9%, según el FMI.
¿Cómo se puede contener el déficit? Al igual que se hace en una economía familiar, hay que revisar tanto los ingresos y los gastos.
La presión fiscal en España se sitúa por debajo de la media de los países de la UE. Los ingresos por impuestos se situaron en el 35,4% del producto interior bruto en 2018 frente al 41,7% de la eurozona, según Eurostat. Si se cerrase esa diferencia de 6,3 puntos, España recaudaría unos 74.000 millones más.
Estas semanas se ha hablado mucho sobre subidas y bajadas de impuestos, pero el Banco de España y la Airef han puesto el foco estos días sobre uno de los grandes meollos: las exenciones fiscales.
El organismo supervisor que dirige Pablo Hernández de Cos ha señalado que España tiene más productos con el tipo del IVA reducido (10%) o superreducido (4%) que sus vecinos de la UE. Apuesta por reducir la lista de bienes con esos tipos bajos para que se aumente la recaudación.
El organismo independiente de control fiscal que capitanea Cristina Herrero también aboga por eliminar paulatinamente los tipos reducidos del IVA. Los que más se benefician de estos tipos bajos son las rentas altas, al ser los hogares donde más se consume.
La Airef también cree necesario eliminar la tributación conjunta en la declaración de la renta —perjudica el acceso de la mujer al mercado laboral— y reformar la deducción del IRPF por aportaciones a planes de pensiones —no genera el ahorro esperado y su efecto se centra en la rentas altas—.
Estos deberes pendientes de la economía española, recordados por Rutte, son cambios estructurales que deberán acometerse en los próximos años. Algunos de los cuales coinciden con las condiciones que España debe cumplir para acceder al fondo de reconstrucción aprobado por la UE.
La Comisión Europea ha recomendado llevar a cabo un plan de ajuste presupuestario “cuando las condiciones económicas lo permitan”, implementar medidas para garantizar la sostenibilidad de las pensiones o combatir la tasa de temporalidad laboral.
Esta lista de recomendaciones también incluye otras cuestiones como reforzar el sistema sanitario —ante la vulnerabilidad demostrada en la pandemia—, mejorar la eficiencia de las ayudas sociales —las rentas mínimas existentes antes del ingreso mínimo vital apenas llegaban a sus potenciales beneficiarios—, mejorar las políticas de investigación, el ahorro energético e impulsar el tren de mercancías.
Si quiere acceder a las ayudas del fondo, el Gobierno tiene que enviar un Plan Nacional de Reformas a Bruselas, que detalle las reformas y las inversiones que se pretenden hacer. Ese documento, que diseña la vicepresidenta Nadia Calviño, servirá para ver si España afronta sus tareas pendientes o sigue postergándolas.
