Los contribuyentes con ingresos inferiores a 14.000 euros podrán ahorrarse hasta 800 euros con la bajada del IRPF

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) calculan que la ampliación para el próximo año de la no obligatoriedad de declarar el IRPF para quienes ingresen entre 12.000 y 14.000 euros, tal como han pactado el Gobierno y Ciudadanos para aprobar el techo de gasto, podrá beneficiar a cerca de un millón de contribuyentes, que podrán ahorrarse unos 800 euros de media. Aunque un porcentaje de estos, por diversos motivos, seguirán soportando la carga del impuesto. El coste de esta medida superará los 750 millones de euros.

Al coste del acuerdo, se tendrán que añadir otros 830 millones de los que se beneficiarán 750.000 personas con cónyuge con discapacidad a cargo, ascendiente anciano a cargo y deducción adicional al cuarto hijo, que podrían obtener un descuento de 1.200 euros de media. Finalmente, otros 1,6 millones de declarantes de entre 14.000 y 17.000 euros obtendrán un ahorro medio de 250 euros, que implicará un coste de 420 millones, si el coste total de la rebaja es de 2.000 millones tal como se anuncia, aunque el Ministerio de Hacienda aún no ha concretado cómo va a afectar la rebaja impositiva a estos declarantes.

REBAJA FISCAL

La rebaja fiscal pactada entre el Gobierno y Ciudadanos en 2018 quiere ampliar el tope de ingresos para no pagar IRPF a los 14.000 euros. Actualmente, las rentas inferiores a 12.000 euros ya no tributan por este impuesto. Así, la medida beneficiaría a los contribuyentes con sueldos entre 12.000 y 14.000 euros.

Será una ayuda a las rentas bajas y los colectivos vulnerables como preámbulo de una bajada general del IRPF para todos los trabajadores en 2019. Este es el pacto definitivo al que ha llegado el Ministerio de Hacienda con el partido naranja para conseguir su voto favorable a los objetivos de estabilidad y el techo de gasto que se debatirán el próximo 11 de julio en el Congreso de los Diputados.

Rivera ha anunciado. este acuerdo durante un acto organizado por la Agencia EFE. Para un contribuyente que gana 14.000 euros, la medida propuesta por Ciudadanos supone un ahorro de 761 euros al año, 63,5 euros al mes, informa Jaume Viñas en Cinco Días.

Además de esa exención del IRPF para los ciudadanos que ganen menos de 14.000 euros anuales, Rivera también ha indicado que estudian rebajas fiscales para el tramo que va de los 14.000 euros a los 17.500 euros y una "devolución" de 1.200 euros para las familias con personas con discapacidad o mayores a cargo. Según sus cálculos, la rebaja fiscal beneficiará a unos 3,5 millones de españoles.

Actualmente, todos los asalariados tienen derecho a una reducción de 2.000 euros. Además, los declarantes con rendimientos netos del trabajo (el sueldo menos las cotizaciones sociales) inferiores a 11.250 euros gozan de una reducción adicional de 3.700 euros. Este importe se reduce paulatinamente hasta desaparecer para los que ganan más de 14.450 euros.

La supresión del beneficio fiscal provoca que el tipo marginal efectivo se dispare para rentas bajas hasta el 45%, lo que significa que casi la mitad del incremento de renta de estos contribuyentes acaba en los bolsillos de Hacienda, se explica en Cinco Días. Por ejemplo, el salario neto de un contribuyente que gana 13.000 euros brutos al año asciende a 11.796,2 euros. Si a este declarante le suben el sueldo 1.000 euros, su salario neto solo se incrementará en 553 euros hasta los 12.349,4 euros. El 45% del incremento se lo lleva el Estado. Ciudadanos ha exigido al Gobierno que corrija este error de salto.

DÉFICIT PÚBLICO

No obstante, los Técnicos de Hacienda avisan de que una bajada del IRPF para el próximo año, puede aumentar el riesgo de que España incumpla de nuevo con el objetivo de déficit público, que es del 2,2% del PIB para 2018.

Igualmente para los técnicos, en 2016 el Gobierno tuvo que recuperar a finales de septiembre el pago a cuenta mínimo del Impuesto de Sociedades, ante el desplome recaudatorio que se produjo con su eliminación en enero de ese año. Una medida tomada in extremis y de urgencia para recuperar una pérdida recaudatoria de 8.000 millones y poder cuadrar las cuentas públicas.

Además, otro problema añadido a juicio de los técnicos es la elevada deuda pública que soporta España, que era del 98,98% del PIB a finales de 2016. Por lo que los Técnicos consideran que lo prioritario debería ser recuperar las políticas de bienestar recortadas desde 2010 y, a continuación, reducir esa deuda antes que bajar los impuestos. Más si cabe en una situación de crecimiento económico –el Gobierno espera que el PIB aumente este año un 3%-, ya que las bajadas impositivas constituyen una política anticíclica propia de situaciones de recesión con el objetivo de fomentar el consumo. Igualmente, los Técnicos señalan que tampoco es conveniente reducir el IRPF en un momento en que las comunidades autónomas y entidades locales están pidiendo más financiación, ya que les cortaría una línea recaudatoria muy importante.

UNA REFORMA FISCAL INTEGRAL

Por lo tanto, para Gestha esta medida es una nueva improvisación de la política fiscal del Gobierno, que se va moviendo según las situaciones o sus propios intereses. En este caso, se ha pactado a cambio de un techo de gasto, como si la política fiscal fuera una moneda de cambio política cuando es el principal instrumento para garantizar la sostenibilidad del gasto del Estado.

En este contexto, Gestha reitera la necesidad de que se lleve a cabo una reforma fiscal integral que dé estabilidad a las bases del sistema tributario español. En un momento de crecimiento económico es necesario reforzar la política fiscal para que el país esté preparado ante futuras crisis económicas y momentos de caída de la recaudación.

Por ello, Gestha considera que necesario un debate de los partidos políticos, patronales, organizaciones sociales y ciudadanos que defina el modelo de país que queremos, y a continuación, se aborde una reforma fiscal que mejore los principios esenciales del artículo 31 de la Constitución para que el sistema tributario aporte recursos suficientes para el gasto público y sea más progresivo, igualitario, equitativo y, sobre todo, justo.