Los alcaldes catalanes que cedan datos del censo para el referéndum serán multados con hasta 600.000 euros
Violarían dos artículos del Régimen Local y Protección de Datos, según 'El Mundo'.
Los alcaldes que cedan a la Generalitat catalana datos censales para el referéndum convocado el 1 de octubre tendrán que afrontar multas de hasta 600.000 euros, ya que se trataría de una infracción "muy grave" del Régimen Local y Protección de Datos, revela El Mundo.
Según revela el diario en un artículo publicado este jueves, la cesión violaría los artículos 16.3 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local y 21 de la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal.
Estos artículos establecen que dos administraciones diferentes pueden compartir datos de los ciudadanos sin su consentimiento sólo para ejercer adecuadamente sus funciones y únicamente cuando la información sobre el domicilio sea necesaria para ello.
El hecho de que el referéndum vulnere la Constitución resulta un agravante, dado que el intercambio de datos sería para "un fin ilícito". Las multas también ascenderán en función del volumen de información cedido y la reincidencia del delito.
UN FOLLETO PARA SABER CÓMO ACTUAR "ANTE UNA ORDEN ILEGAL"
La Central Sindical Independiente de Funcionarios de Catalunya (CSIF) ha editado un folleto que se ha empezado a difundir entre los empleados públicos catalanes en el que ofrecen consejos para evitar cualquier "orden ilegal" que puedan recibir por parte de la Generalitat.
En un comunicado, el sindicato explica que el panfleto se ha creado con el fin de "proteger a los empleados públicos" mediante un modelo de "preguntas-respuestas" que les ayuden a resolver las dudas que, según dicen, ya "está generando este proceso".
El título del folleto es ¿Cómo actuar ante una orden ilegal?, y algunas de las preguntas a las que pretenden dar respuesta son cómo identificar una orden "manifiestamente ilegal", qué hacer en esa situación y cómo actuar si un superior insiste en que se cumpla.
El cuadernillo ya se ha empezado a repartir en el marco de una "campaña de protección y asesoría legal" enfocada en los empleados públicos que se "intensificará" durante el mes de septiembre, en el que la campaña incluirá charlas en los distintos centros de trabajo.
El presidente del CSIF, Joan Escamilla, recomienda "pedir la orden por escrito, ponerlo en conocimiento de la inspección de servicios y, en función de la respuesta, llevarlo a la Fiscalía" y ha insistido en que todo funcionario tiene que "jurar y prometer la Constitución". A su juicio, es una "desfachatez" que la Generalitat haya declarado ante el Tribunal de Cuentas que los funcionarios apoyarán el 9N.