Los acuerdos pendientes de la coalición, el gran dolor de cabeza del Gobierno

Con los Presupuestos Generales aprobados en el Congreso y su previsible aprobación en el Senado, pareciera que el Gobierno tiene los deberes hechos hasta final de legislatura.

Pero nada que ver. El Ejecutivo de coalición liderado por Pedro Sánchez tiene tarea pendiente y todo apunta a que les puede traer buenos dolores de cabeza a las formaciones que lo componen.

Porque al pacto Coalición progresista, un nuevo acuerdo para España suscrito a finales del 2019 por PSOE y Unidas Podemos le quedan grandes compromisos por cumplir.

Entre ellos, uno que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo situó como “un problema fundamental” a la altura de los salarios y del precio de los alimentos: la vivienda.

El acuerdo no hablaba específicamente de elaborar una ley de Vivienda, pero sí recogía diversos objetivos como aumentar el presupuesto en esta materia o un plan de cuatro años para rehabilitar viviendas y financiar el alquiler.

Pero también una cuestión fundamental, frenar “las subidas abusivas del alquiler”. Y se indicaba específicamente que “se impulsarán medidas normativas necesarias para poner techo a las subidas abusivas de precios de alquiler en determinadas zonas de mercado tensionado”.

Propuesta que cayó en saco roto hasta que, pasado un año, los socios de coalición pactaron aprobar la regulación de los alquileres e incluirlo en la futura ley de Vivienda. Este acuerdo, de hecho, permitió entonces sellar el pacto de Presupuestos que salió del Consejo de Ministros.

También de allí salió camino del Congreso de los Diputados la ley de Vivienda, que fue aprobada sin apenas cambios respecto a lo que pretendía la parte morada de la coalición. De hecho, uno de los puntos fuertes de la norma era que recogía el control de precios a grandes tenedores y en zonas tensionadas. Pero desde entonces la tramitación se ha ido alargando y alargando. Y hasta hoy.

Desde Unidas Podemos aseguran que la ley podría estar ya aprobada si el PSOE diera el visto bueno a que estos tres puntos estén incluidos en ella: regulación de los precios de alquiler en zonas de mercado tensionado para todos los propietarios, tanto grandes como pequeños tenedores; prohibición de desahucios a familias que no tengan alternativa habitacional; y que todas las viviendas de la Sareb pasen a ser parque público de vivienda de alquiler.

Fuentes del partido morado llevan meses afirmando que estos puntos tienen el visto bueno del bloque de investidura y que permitirían sacar adelante la norma “mañana mismo”.

El otro gran frente que provoca choques en la coalición es la ley Trans, que en las últimas horas ha vuelto a generar tensiones entre PSOE y Unidas Podemos.

La propia ministra de Igualdad, Irene Montero, ha lamentado las enmiendas a la ley que han presentado en el Congreso los socialistas y que, según la titular de Igualdad, supondrían “recortar derechos de las infancias trans”.

Montero hacía referencia a la enmienda que plantea que sea un juez quien autorice el cambio de sexo en el registro de los menores entre 12 y 16 años.

Preguntada por estas declaraciones, la vicesecretaria general y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado que estas enmiendas pretende “reforzar la seguridad jurídica de los menores”, algo que ha calificado como “una cuestión que es imprescindible y fundamental”.

Sobre si las enmiendas son inamovibles, la dirigente socialista ha negado la mayor, aunque el PSOE las mantiene y confía, según fuentes citadas por EFE, en que se pueda llegar a buen puerto en la negociación, que sigue abierta.

Otro punto polémico de esta ley era la autodeterminación de género, que ha generado en los últimos meses iracundas críticas de sectores feministas dentro del PSOE lideradas por Carmen Calvo, exvicepresidenta del Gobierno. Sin embargo, los socialistas finalmente han respetado este punto, clave en la ley, en sus enmiendas.

Sin embargo, en Podemos temen que el PSOE se alíe con el PP para enmendar la ley, algo que los populares han negado asegurando que “nadie” les ha llamado. Desde la formación morada, creen que la tramitación se retrasará más allá de final de año, según ha dicho el portavoz del partido, Pablo Fernández.

Otras dos tareas pendientes son la ley de Bienestar Animal y la derogación de la ley Mordaza.

Esta última, en el acuerdo de coalición, aparecía como un aspecto a solucionar “a la mayor brevedad”. Sí se han suprimido algunos artículos del Código Penal que se especificaban en el pacto de Gobierno, pero todavía no se ha elaborado una norma para sustituir la ley de Seguridad Ciudadana, tal y como se contempla en el texto pese a que del Consejo de Ministros salió un proyecto de ley que lleva ya tres años parado. El material antidisturbios y las devoluciones en caliente son los principales escollos de la negociación.

La cuarta tarea pendiente de este Ejecutivo y que también provoca enfrentamientos internos es la ley de Bienestar Animal, a la que el PSOE también presentó una enmienda en la que los socialistas quieren que la norma no se aplique a los perros de caza ni a otros animales empleados en actividades profesionales, como Policía o rescate, o a los que se dediquen a tareas específicas como la ganadería o la cetrería.

Fuentes socialistas citadas por EFE aseguran que el PSOE quiere acelerar “lo máximo posible” la aprobación de la reforma de la ley mordaza y de la ley de Vivienda, sin descartar que puedan salir adelante antes de final de año.

El calendario aprienta y obliga a que el Gobierno se deba poner a contrarreloj a trabajar para sacar adelante la mayoría de las tareas pendientes, ya que enero no es hábil parlamentariamente y en febrero los partidos ya estarán con la vista puesta en las elecciones municipales y autonómicas de mayo.