Los 7 retos económicos urgentes que no pueden esperar a la formación de Gobierno
Paro, precariedad, alquileres o pensiones son algunos de los puntos calientes que tendrá que atender el Ejecutivo en cuanto sea elegido.
No pudo ser, pero la economía no espera. Pedro Sánchez fracasó este jueves en su intento de ser reelegido como presidente, mas el país afronta una serie de retos económicos que no entienden de desencuentros entre partidos políticos como el vivido esta semana entre el PSOE y Unidas Podemos.
Ya nadie se acuerda de esa prima lejana que se llamaba riesgo, pero muchos de los problemas actuales que acucian a España se arrastran de los peores años de la crisis y no han terminado de resolverse con la mejora de la situación. ¿Están pensando nuestros políticos en resolverlos?
1. Los tres millones de parados
A pesar de la recuperación (España restableció los niveles perdidos con la crisis hace dos años), de la buena marcha de la economía pese al frenazo global (el FMI pronostica un crecimiento del 2,3% este año) y del número récord de trabajadores (la Seguridad Social contabilizaba 19,5 millones de afiliados), todavía queda un gran fantasma que debería asustar a todos: el alto nivel de paro. España cuenta con 3.230.600 desempleados, según la Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre.
Sánchez puso el foco sobre el empleo como uno de los seis grandes ejes en su discurso en la sesión de investidura. Aunque la tasa de paro ha bajado al 14,02% en el segundo trimestre, todavía se mantiene como la segunda más alta de toda la Unión Europea solo por detrás de Grecia y a años luz del 2% de países como Chequia o del 3% de Alemania. Además, se empieza a producir una ralentización en la creación de empleo.
Así ha evolucionado el desempleo desde antes de la crisis:
Si no puedes ver el gráfico, sigue este enlace.
Dentro de esos más de tres millones de parados, hay dos colectivos cuya situación debería preocupar (y mucho) al nuevo titular del Ministerio de Trabajo porque todavía no han logrado notar la recuperación: los jóvenes y los mayores de 55 años.
Más de medio millón de ciudadanos mayores de 15 años y menores de 25 no encuentra trabajo en España. La tasa de paro juvenil se sitúa en el 34,97%, más del doble del 15% que tiene la Unión Europea, según Eurostat. Las consecuencias de un alto desempleo juvenil son la falta de expectativas vitales, una tardía incorporación al mercado de trabajo, una emancipación con mayor edad, un descenso de la natalidad y un incremento de la brecha entre ricos y pobres.
Un gran número de estos menores de 25 años —el 40% de ellos— lleva más de dos años en esta situación (lo que se conoce como en situación de desempleo de larga duración). Se trata de jóvenes que abandonaron los estudios en su día para trabajar en la construcción, la hostelería, talleres mecánicos... y que ahora tiene dificultades para reincorporarse al mercado al tener escasa formación. España puso en marcha, gracias a la UE, el programa conocido como Garantía Juvenil, que no ha funcionado de manera adecuada.
El segundo caso a atender es el de los parados más mayores: hay 492.100 españoles sin empleo que tienen más de 55 años. Un 15% del total de los parados supera esa edad. Este colectivo se vio especialmente perjudicado por la crisis: pasaron de un empleo estable y bien remunerado al paro, la incertidumbre y la precariedad laboral.
El desempleo de larga duración afecta especialmente a este colectivo, que cuenta con muchas trabas para recuperar el empleo. Para paliar la situación de los parados mayores, el Gobierno recuperó el subsidio para desempleados mayores de 52 años, que el PP restringió a los 55.
2. La alta precariedad del empleo
Becarios, trabajadores con contratos temporales, a tiempo parcial, por obra y servicio, falsos autónomos, colaboradores... El crecimiento del empleo no se ha transformado en mejoras de las condiciones de los trabajadores. El mercado laboral español tiene un problema endémico que se llama precariedad y que afecta especialmente a los jóvenes. Un 26% de los asalariados en España tiene un contrato temporal y un 17,7% trabaja a jornada parcial, según los datos de la EPA.
“La realidad del mercado laboral hace que los españoles sufran precariedad laboral, y esta se traduce en vidas de constante incertidumbre”, reconoció el propio Sánchez en la investidura. Menos de 24 horas después, un juzgado madrileño decretaba que más de 500 repartidores de la plataforma Deliveroo eran en realidad trabajadores. El caso de esta plataforma es solo un ejemplo de un problema que se extiende por todo el país: ni siquiera las administraciones públicas se libran de esta lacra, con los interinos en la educación o los contratos de un solo día en la sanidad.
El PSOE se comprometió a elaborar un nuevo Estatuto de los Trabajadores y a derogar los “aspectos más lesivos” de la reforma laboral que aprobó el Gobierno del PP en 2012. Algunas de las modificaciones esperadas son la mayor relevancia del convenio sectorial frente al de la empresa y la recuperación de la prórroga automática de los convenios vencidos hasta que se renueven.
Acabar con la dualidad del mercado de trabajo es otro de los viejos mantras de los partidos, que nunca termina de fructificar. El PSOE apuesta por reducir las modalidades de contratos temporales, mientras que Ciudadanos defiende un contrato único, que unifique la indemnización por despido en 20 días.
3. La burbuja de los alquileres
“El acceso a la vivienda es uno de los grandes problemas de España”, reconoció Sánchez. Precisamente uno de los encontronazos más duros entre el PSOE y Unidas Podemos durante la pasada legislatura vino a cuenta de los alquileres. Tras sufrir una dura derrota en enero cuando el Congreso tumbó su decreto sobre el alquiler, el Gobierno tuvo que presentar otro nuevo que ampliaba el tiempo de prórroga de los contratos, limitaba las fianzas y ligaba la subida al Índice de Precios de Consumo (IPC) —que mide el encarecimiento de la cesta de la compra—.
La normativa no introdujo una regulación de los precios o una limitación de los alquileres turísticos en las zonas masificadas como el centro de Madrid o algunos barrios de Barcelona. Ambas medidas eran exigidas por la formación morada y dificultaron la posibilidad de llegar a un acuerdo.
4. La reforma de las pensiones
Otro de los grandes asuntos pendientes es la reforma del sistema público de pensiones. Sánchez pretende “alumbrar un nuevo Pacto de Toledo” en esta legislatura. Los diputados tendrán que retomar los trabajos pendientes —muy avanzados en los últimos dos años— para elaborar un listado de recomendaciones de hacia dónde debe encaminarse esa reforma, entre las que estaría la revalorización anual de estas prestaciones según el Índice de Precios de Consumo (IPC).
El PSOE quiere derogar la reforma implantada por el PP en 2013 cuando se introdujo el factor de sostenibilidad, un mecanismo que recorta la cuantía de la pensión teniendo en cuenta la esperanza de vida. El objetivo es “garantizar la dignidad en la cuantía, la sostenibilidad y la naturaleza pública”, según Sánchez.
No hay que olvidar que el Gobierno se ha comprometido con Bruselas a eliminar el déficit de la Seguridad Social en 2022: unos 16.000 millones, según la AIReF. Un compromiso difícil de cumplir cuando actualmente no se recauda suficiente dinero mediante las cotizaciones para pagar las pensiones extra de junio y diciembre, y se ha tenido que recurrir a la hucha de las pensiones y a préstamos. Debido a ello, Sánchez tiene previsto destinar el dinero que se recaude mediante la tasa Google a pagar estas prestaciones.
5. La ausencia de conciliación
A pesar de los avances sociales, dos de cada tres trabajadores en España asegura tener problemas para conciliar la vida personal y la familiar, según un estudio elaborado por Adecco. Si se mira exclusivamente a las mujeres, en concreto aquellas que tienen hijos o cargas familiares, el problema de la conciliación afecta a ocho de cada 10.
Medidas como la educación infantil gratuita entre los 0 y 3 años, el aumento de oferta de plazas en guarderías públicas o la equiparación de los permisos de maternidad y paternidad son asuntos que se han de abordar cuanto antes. España vive un declive demográfico —el primer semestre de 2018 registra el menor número de nacidos desde 1941— que debería aterrar a todos nuestros responsables políticos.
La desigualdad se extiende por todo el país: solo un 24% de los puestos directivos están ocupados por mujeres. Y el Ibex 35 sigue siendo muy masculino: solo hay 252 mujeres consejeras de las 35 empresas más importantes de España frente a 1.362 hombres.
A pesar de las declaraciones de la ultraderecha negando la realidad, la brecha salarial de género en España no solo existe, sino que se ha agrandado en los últimos años. Las mujeres cobraron de media 4.745 euros menos al año que los hombres, según los datos de los Técnicos de Hacienda (Gestha).
Esta brecha en los salarios se evidencia a la hora de dejar de trabajar. Las mujeres cobran una pensión de jubilación media de 859,03 euros, mientras que ellos obtienen una media de 1.313,48 euros, según las cifras de la Seguridad Social del mes de julio.
6. La abultada deuda pública
Una vez que se ha logrado reducir el déficit público —la diferencia entre los ingresos y los gastos— por debajo del 3% del producto interior bruto (PIB), tal y como pide Bruselas, España tiene ahora un problema pendiente con su abultada deuda.
El Pacto de Estabilidad de la UE exige que la deuda de los Estados miembros se sitúe por debajo del 60% del PIB. Las administraciones públicas españolas debían 1.195.865 millones de euros en mayo de 2019, un 97,50% del PIB, según los datos del Banco de España y el INE facilitados por el Ministerio de Economía. Existe una diferencia del 37,50%.
Este alto endeudamiento puede significar un problema en un momento de ralentización de la economía a nivel global: si empeora la situación pueden reducirse los ingresos. Además, no conviene olvidar que el pago de los intereses de la deuda pública es una de las partidas más grandes de los Presupuestos Generales del Estado: 8,6 de cada 100 euros de las cuentas públicas de 2019 —que finalmente no se aprobaron— iban destinadas a esto. El dinero previsto para esto ascendía a 31.547 millones, mientras que el gasto en desempleo se llevaba 18.402 millones.
La falta de Gobierno complica que medidas como la aprobación de los nuevos impuestos previstos —la tasa Google y la tasa Tobin— o las subidas previstas en los presupuestos salgan adelante, ya que el Congreso se encuentra sin actividad.
7. El futuro de Bankia
Otro de los asuntos espinosos que enfrentan al PSOE y a Unidas Podemos es el futuro de Bankia. El Estado controla actualmente un 61,7% del banco a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Los socialistas quieren privatizar la entidad mediante la venta de esas participaciones restantes para recuperar parte del dinero público destinado a salvar los bancos (el grupo BFA recibió 22.424 millones). Por otro lado, Unidas Podemos pretende convertirlo en un banco público.
Bankia fue rescatado en 2012 y debería haberse privatizado en cinco años. Los Gobiernos de Mariano Rajoy y de Pedro Sánchez tuvieron que solicitar prórrogas —hasta 2019 y 2021, respectivamente— por la complicada situación de los mercados. Todo parece indicar que, por el momento, se prolongará la situación actual ante la incertidumbre en los mercados.
Pase lo que pase, estos retos deben atenderse. Independientemente de que haya Gobierno pronto o tarde, sea de color rojo, azul, morado o multicolor, haya elecciones o no. Los partidos deberían ponerse las pilas para resolverlos cuanto antes. El tiempo apremia.
