López Obrador inaugura su Presidencia con un decreto para investigar el caso de los 43 estudiantes de Iguala

Tras más de cuatro años sin saber el paradero de los 43 estudiantes mexicanos desaparecidos en 2014, el caso Ayotzinapa ha tomado este lunes un nuevo impulso con el decreto firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que se compromete a indagar en las líneas de investigación hasta ahora no exploradas.

El mandatario ha firmado en Palacio Nacional, sede del Poder Ejecutivo, el decreto presidencial para la verdad en el caso Ayotzinapa, el primero desde que el pasado sábado arrancara su Administración.

Mientras lo hacía, los padres de los estudiantes hicieron una cuenta en voz alta del 1 al 43 y corearon el que ha sido su grito de guerra desde el 26 de septiembre de 2014, fecha en la que desaparecieron sus hijos: "Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos".

Para los familiares, el decreto supone una nueva etapa, después de que el anterior presidente, Enrique Peña Nieto, diera recientemente carpetazo simbólico al caso diciendo que el expediente —desmontado por expertos internacionales— ha arrojado pruebas "claras y contundentes".

No obstante, el nuevo gobierno pretende "investigar los hechos ocurridos en Iguala a fondo, con objetividad e imparcialidad, para esclarecer lo que ocurrió aquella trágica noche y quiénes fueron los responsables" para que respondan ante la justicia "sin importar el cargo que ocupaban entonces", ha aseverado la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

Olga Sánchez ha indicado que esperan tener resultados "en un plazo razonable", y que para ello se integrará una Comisión que contará con todos los "recursos materiales, humanos y científicos que sean necesarios".

El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, quien estará al frente de este nuevo órgano —en el que también participarán familiares, representantes del Gobierno y técnicos—, ha dicho que la Comisión se instalará en un plazo que no superará los 30 días hábiles.

En esta nueva fase de la investigación se tendrá libre acceso a aquellas instalaciones en las que se considera que pueden encontrarse "personas desaparecidas o vestigios relacionados con ellas".

Esta es una clara referencia al 27 Batallón De Infantería de Iguala, en el que, hasta el momento, no se ha podido entrar a pesar de que hay sospechas de que el Ejército jugó un rol, por acción u omisión, la noche de los hechos.

Asimismo, Encinas ha señalado que "no podrá clasificarse como reservada aquella información relacionada con la violación de derechos humanos o delitos lesa humanidad".

La Comisión, ha agregado, diseñará una serie de lineamientos para "la implementación de beneficios y medidas de protección" destinadas a aquellos que "proporcionen información que permita el esclarecimiento de los hechos".

Se retomarán las investigaciones realizadas por organismos como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que proporcionó pruebas que echaron abajo la versión oficial.

Las conclusiones anteriores

De acuerdo con la "verdad histórica" defendida por el Ejecutivo de Peña Nieto, los estudiantes fueron detenidos por policías municipales corruptos en Iguala y entregados al grupo criminal Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en un basurero del municipio vecino de Cocula, estado de Guerrero.

Pero el GIEI, que estuvo un año investigando el caso, planteó la imposibilidad de que los 43 fueran quemados esa noche en el vertedero —basándose en el reporte de un equipo forense—, desveló fallas en las pesquisas y sacó a la luz que parte de la versión oficial se basaba en testimonios de detenidos torturados.

Encinas ha indicado que también se ahondará en el expediente de la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) "para desahogar todas las líneas de investigación subestimadas o que se dejaron a un lado".

El subdirector del Centro Prodh (que proporciona asistencia legal a los familiares), Santiago Aguirre, ha aseverado que falta por arrojar luz sobre el "marco de criminalidad" existente, así como las colusiones entre las autoridades y los grupos de la delincuencia.

"El Gobierno federal únicamente aceptó que esta colusión llegaba a nivel municipal, concretamente a (los municipios de) Iguala y Cocula; hoy sabemos que eso es mentira", ha relatado.

Y que la complicidad también abarca el nivel estatal y "desde luego tiene una ramificación hacia la autoridad federal", tanto en lo que respecta a la Policía Federal como al Ejército, ha acotado.