El Congreso se encamina a regular la relación entre 'lobbies' y diputados

Sin cámaras delante, por la calle Cedaceros entra un grupo trajeado al Congreso. Es una puerta que suelen utilizar sólo periodistas y diputados. Pero también señores encorbatados a los que nadie conoce. Pasan el arco de seguridad y dan sus nombres a los ujieres. Luego, toman dirección de los ascensores y suben al despacho de los diputados. Es una imagen mucho más común de lo que se piensa. Y son representantes de los lobbies. Función: ejercer presión para que sus intereses acaben en una ley, principalmente a través de enmiendas que se registran durante los meses de tramitación parlamentaria.

Normalmente, como reconocen fuentes parlamentarias, llegan representando a “fundaciones”. Pero hay muchos intereses detrás. También los envían empresas para intentar que encuentren huecos sus reivindicaciones o conseguir ayudas. Son las sombras que apenas se ven en el Congreso de los Diputados, y que campan como en otros países. Algo, además, que no está regulado en nuestras leyes y que siempre ha estado pendiente.

Pero esa opacidad puede tener los días contados. O por lo menos la luz empieza a llegar. El Pleno del Congreso debatirá este martes la admisión a trámite de una reforma del reglamento planteada por el PSOE que pretende “regular los grupos de interés”. Fuentes socialistas señalan que esperan tener los apoyos necesarios en este primer paso para abrir este debate dentro de la propia Cámara Baja.

“La regulación de la actividad de influencia de los grupos de interés en el seno de las Cortes Generales es una asignatura pendiente del parlamentarismo español. Transcurridos más de cuarenta años desde la aprobación de la Constitución, resulta evidente que en el seno de la política española se han producido numerosas transformaciones que deben encontrar una respuesta en el ordenamiento jurídico”, arranca el texto a modo de presentación.

Los socialistas hacen estas consideraciones en exposición de motivos de la propuesta: han cobrado “un especial protagonismo” en España los lobbies, que surgieron en otras culturas políticas, y se han consolidado como “actores relevantes dentro del proceso de toma de decisiones”. Hay un “vacío”, señalan los socialistas, y estas personas físicas y jurídicas se mueven en un espacio normativamente “gris”. “La claridad que aportará esta reforma permitirá dar a conocer qué entidades están tratando de influir en las políticas públicas que a diario se preparan, debaten y aprueban en el seno del Congreso de los Diputados”, se marca como objetivo en la propuesta.

Esta nueva arma contra la corrupción y para introducir transparencia se hace a través de una  propuesta de reforma del reglamento del Congreso (el Senado deberá hacer la suya) y tiene en el debate de este martes su primer paso. Luego debería pasar a ponencia y posteriormente a la comisión de reglamento del Congreso para su posterior aprobación definitiva en el Pleno. Según fuentes parlamentarias, el proceso podría extenderse al periodo de sesiones que viene tras el verano. Los socialistas, explican desde el grupo parlamentario, están abiertos a incorporar propuestas de otros partidos y a “enriquecer” el texto original. El PP, de manera paralela, ha registrado otra propuesta, más laxa que la socialista pero con algunas coincidencias.

¿Qué incluye la reforma que lleva a debate el PSOE? Lo primero que hace es definir lo que es un lobby: se “consideran grupo de interés las organizaciones y personas, sea cual sea su forma o estatuto jurídico, las plataformas, redes u otras formas de actividad colectiva sin personalidad jurídica que realicen la actividad de influencia”- Y esto, concretamente, se plasma así: “Se considera actividad de influencia toda comunicación, directa o indirecta, con miembros o empleados públicos del Congreso de los Diputados o de los Grupos Parlamentarios, que pretenda influir en la elaboración, tramitación o aprobación de proyectos y proposiciones legislativas o de otras iniciativas parlamentarias”.

En virtud del texto, se quiere establecer un código de conducta para los que realicen esta actividad, basado en la integridad, el respeto a la Constitución y las leyes, la transparencia, la veracidad de la información y el trato ejemplar entre grupos y diputados. Una de las principales medidas que traería la norma sería la creación de un registro de grupos de interés para poder operar en la Cámara Baja, que debería ser público para todo el mundo a través de la web del Congreso. Este requisito de registrarse es indispensable para luego poder ejercer la labor de presión y poder entablar interlocución “de manera presencial o telemática” con miembros del Congreso y de los grupos parlamentarios.

Los diputados tendrán la obligación, si mantienen contactos, de comunicar el contenido de la interlocución, respetando siempre el código de conducta, y esa información se tendrá que publicar también en la web de la Cámara Baja. Sus señorías tendrán que difundir, como mínimo, la identidad  de las personas con las que han entablado la comunicación, la fecha y las materias, además podrán incluir “las observaciones que estimen oportunas”. El Congreso facilitará un formulario para que los parlamentarios lo puedan rellenar de manera electrónica.

Además, otra gran novedad, es la elaboración por parte de los servicios de la Cámara de un informe de “huella legislativa”, en la que quedarán reflejados los cambios que sufre una norma durante los diferentes pasos. Para ello, los diputados tendrán la obligación de comunicar las propuestas recibidas por los lobbies y los documentos que se hayan utilizado para introducir enmiendas a una ley. Asimismo, tendrán que trasladar, al registrar la iniciativa, si el “origen es un grupo de interés”.

“El informe de huella legislativa recogerá también todas las votaciones producidas durante la tramitación, indicando el sentido de voto de cada uno de los miembros de la Cámara que hubieran participado. Al informe se podrá acceder en el portal web del Congreso de los Diputados. El acceso a los informes será público, universal y gratuito”, recoge el texto. Con esto lo que se busca es saber con claridad los cambios que se hagan en virtud de esa presión.

La propuesta incluye una parte sancionadora, recogiendo posibles infracciones leves, graves o muy graves por parte de los lobbies, como dar información falsa o mantener reuniones para sacar información sobre el estado legislativo. Las sanciones van desde un apercibimiento hasta que les suspendan la actividad hasta diez años o que no se les permita registrarse.

Pero, además, como otra gran novedad, se incluye un apartado sancionador al otro lado, a los diputados. Pueden ser castigados por no cumplir este reglamento, por la falsedad o no presentación de las declaraciones de bienes y actividades o por no respetar el código de conducta. ¿Y qué castigo podrían recibir? La propuesta señala: “en función de la gravedad de los hechos probados, podrá proponer las sanciones que considere pertinentes, que se podrán graduar desde el apercibimiento y publicación en la web del Congreso de la infracción cometida por el diputado, la diputada o su grupo parlamentario hasta la retirada de cargos y complementos salariales de la diputada o diputado que ha incurrido en la infracción, exceptuando los establecidos constitucionalmente”.

Menos sombras, leones.