Lluis Llach afirma que el Gobierno catalán sancionará a los funcionarios que no cumplan las leyes de 'desconexión'

El diputado de JxSí en el Parlamento catalán Lluís Llach ha afirmado que el Gobierno catalán sancionará a los funcionarios que incumplan la ley de transitoriedad jurídica una vez se apruebe en la cámara. En diversas conferencias pronunciadas durante los últimos meses, cuyos vídeos ha publicado El País, Llach destaca que la aprobación de la ley de transitoriedad jurídica obligará a todos los funcionarios que trabajan y viven en Cataluña.

"El que no la cumpla será sancionado. Deberán pensárselo muy bien. No digo que sea fácil; al revés: muchos de ellos sufrirán, porque dentro de los Mossos d'Esquadra hay sectores que son muy contrarios", dijo en un acto organizado en marzo por Òmnium Cultural en Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona).

En otra charla ratificó la misma idea al sostener que las leyes que deberán seguirse, una vez se dé luz verde a dicha norma, serán las catalanas, por lo que los funcionarios deberán obedecerlas: "En todo caso, los funcionarios deberán preguntarse: 'Y si no obedezco esta ley catalana, ¡ostras! ¿qué pasará?"

Cinco días después de la renuncia a finales de enero del exsenador de ERC Santi Vidal por decir en conferencias que el Govern tiene los datos fiscales de los catalanes de forma ilegal, Llach insistió, en un encuentro organizado por la ANC, en que "el día en que haya ley de transitoriedad jurídica, el que no crea en ella, será sancionado", sea un ayuntamiento, un funcionario o un mosso.

"Existe la posibilidad de que alcancemos la independencia y, por tanto, la gente deberá pensar seriamente qué actitud tiene ante una legislación catalana que, si llegamos a la independencia, le pedirá responsabilidades. Cuando las cosas vayan seriamente, Cataluña será un Estado serio. Y cuando estas leyes estén en funcionamiento, los que no respondan a la legalidad catalana podrán ser sancionados por el Estado catalán", subrayó.

También apuntó en diversas conferencias que la Consejería de Economía está preparada para sancionar a los contribuyentes que incumplan sus obligaciones fiscales: "Nuestras primeras declaraciones de renta reales serían en 2018. ¿Qué está previsto? Que quien no pague en Cataluña será sancionado. Nada más que esto".

"El Estado amenazará, pero aquí es donde cada uno de nosotros y de los funcionarios verá qué hace y se responsabilizará de sus actos. Pero no es un tema que preocupe demasiado" a la Consejería de Economía, sostuvo.

EL GOVERN EVITA VALORACIONES

La portavoz del Govern, Neus Munté, ha evitado este martes valorar las palabras de Llach y se ha limitado a afirmar que la Generalitat garantiza la "protección jurídica de los funcionarios" durante el proceso soberanista.

Munté no ha aclarado si contemplan estas sanciones, alegando que ella forma parte del Govern y no del Parlament; ha prometido que las leyes de 'desconexión' supondrán pasar de una legalidad española a una catalana sin vacíos legales, y ha añadido: "Las leyes nos obligan a todos".

El Parlament catalán impulsa a través de JxSí y la CUP las conocidas como tres leyes de 'desconexión', una de las cuales -la de transitoriedad jurídica- prevé dotar a Cataluña de una legalidad propia si se independiza.

PARA CSIF, ES UNA "BRAVUCONADA"

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha informado este martes en un comunicado que se opondrá a cualquier decisión, sanción o represalia contraria al ordenamiento jurídico que puedan sufrir los empleados públicos catalanes como consecuencia del proceso de desconexión, y ha descrito como una "bravuconada" la declaración del diputado de JxSí Lluis Llach sobre sancionar a los funcionarios que incumplan la ley de transitoriedad.

"CSIF lanza un mensaje de tranquilidad ante la bravuconada que a nuestro entender suponen las palabras del diputado de Junts pel Sí, Lluis Llach, sobre las supuestas sanciones a las que se enfrentan los funcionarios que no acaten este proceso", ha informado la organización sindical en el texto.

El sindicato más representativo en las administraciones públicas, y que cuenta con presencia en el sector privado, ha recordado que "no es la primera vez" que Llach hace declaraciones de este tipo que crean "alarma social". "Creemos que este tipo de amenazas son del todo inapropiadas y crean alarma social en el colectivo de la administración pública y en la población catalana en general", ha señalado.

Como respuesta, la central sindical ha anunciado la intensificación de su actividad con el fin de que los funcionarios no se vean perjudicados por la falta de seguridad. En este sentido, CSIF mantendrá un encuentro en los próximos días con el delegado del Govern, Enric Millo.

En este sentido, ha reiterado su defensa al ordenamiento jurídico vigente y ha anunciado que tiene listo su protocolo de defensa, dirigido al funcionariado catalán para su defensa en el caso de que tuviera que responder a una orden de dudosa legalidad por parte de sus superiores.