Llegó la hora de liberar a Montesquieu
Este año, nuestra Constitución cumple 39 años y cada vez son más las voces que se alzan pidiendo una reforma. Una reforma que adapte la Carta Magna a la nueva realidad de la sociedad española y que permita corregir los defectos que se han ido poniendo de manifiesto con el transcurso del tiempo. Sin embargo, no todo se arregla cambiando la Constitución. En ocasiones, sería suficiente con que se cumpliera lo que en ella se recoge. Me refiero, por ejemplo, al respeto de pilares democráticos tan básicos como la independencia del poder judicial.
Y es que tantos años de duopolio interesado entre PP y PSOE han terminado por corromper uno de los principios fundamentales de nuestra democracia: la igualdad de todos ante la ley. Hoy, en España existen dos tipos de Justicia: la suya y la del resto.
A lo largo de los últimos años, nos hemos tenido que acostumbrar a ver cómo la política cruzaba una y otra vez la línea roja que debería separar la labor del gobierno de la de los jueces, el trabajo de los partidos políticos del de los fiscales. Hemos convertido en rutina la politización del Consejo General del Poder Judicial, un órgano que tiene el encargo de velar por la independencia de los jueces y magistrados frente a los demás poderes del Estado, pero cuyos miembros son elegidos a dedo por los partidos políticos.
También hemos tenido que ver cómo, votación tras votación, las Cortes Generales votaban a favor de mantener los aforamientos, ese privilegio que a hace a los políticos distintos frente a la Justicia y les evita tener que acudir a los tribunales ordinarios cuando son citados a declarar.
Esta no es la Justicia que merece un país avanzado como el nuestro. Tampoco lo es que el fiscal jefe Anticorrupción maniobre para intentar apartar al fiscal clave en la investigación del Caso Lezo, o que el Fiscal General del Estado justifique estos comportamientos y culpe a la prensa en lugar de cesarle. Un fiscal que es el preferido de los corruptos no puede seguir ni un minuto más en su puesto.
Durante demasiado tiempo, muchos han disfrutado de la aparente impunidad que ofrecen las mayorías absolutas. Se creían los reyes del cortijo. Se pensaban intocables. Al fin y al cabo, eran ellos los que ponían y quitaban jueces, pactaban relevos en la fiscalía, negociaban con su socio bipartidista los magistrados de las altas instancias judiciales. Y todo ello, a plena luz del día, sin que nadie levantara la voz y dijera: se acabó.
En 1985, el PSOE decidió reformar el poder judicial y acabar con su independencia. Algunos llegaron a decir que Montesquieu había muerto. Pero la realidad es que no está muerto. Está secuestrado por el PP y por el PSOE a la espera de que los nuevos partidos y la sociedad civil se organicen lo suficiente como para rescatarle. Algunos ya estamos en ello. Es cuestión de tiempo que el mérito y la capacidad vuelvan a las altas instancias de la Judicatura, que los jueces elijan a sus superiores y que los fiscales hagan lo propio en la Fiscalía.
Es urgente llevar a cabo una profunda reforma de la justicia que acabe con la sensación de coto privado que algunos quieren para nuestro Estado de Derecho. Nuestro deber es proteger las Instituciones y recuperar la confianza de los ciudadanos y eso solo puede conseguirse atacando el problema desde la raíz, protegiendo a los denunciantes de corrupción, prohibiendo los indultos a políticos corruptos, reforzando la autonomía de los fiscales frente al Gobierno y acabando con las puertas giratorias. El actual fiscal jefe Anticorrupción es solo un peón de un sistema que tiende a reproducir de forma recurrente figuras como la suya. Es el síntoma que nos debe poner en alerta de que algo está fallando en nuestra Justicia. No es momento de esconder la cabeza debajo del ala y esperar que pase el temporal. No es momento de esperar a que pase la tormenta, como defiende Rajoy. Es el momento de ponerse manos a la obra, de una vez por todas, y reformar nuestro país. Para eso, supongo, millones de españoles nos han votado.
