Juzgan un caso de 'bullying' a una niña negra de 10 años: "Tu color es feo, es el color de la caca"

“Vete a tu país negro de mierda”, “tu color es feo, es el color de la caca”... son las duras y racistas frases que, aunque parezca mentira, en pleno siglo XXI algunos niños en España tienen que soportar en sus colegios.

La lucha de muchas madres para acabar con ese acoso escolar racista que sufren sus hijos les ha llevado a lanzar en las redes la campaña #suspensoalRACISMO, con la que buscan “visibilizar y denunciar una realidad que, como en otros casos de bullying hace que la víctima cambie de colegio y necesite tratamiento psicológico mientras los acosadores quedan impunes”.

Lo asegura a Efe Petra Ferreyra, cuya hija Camila sufrió a los 10 años el acoso de varios compañeros por ser madrileña afrodescendiente (padre dominicano).

Su caso llega precisamente este martes a un juzgado de lo Contencioso-administrativo, donde se verá la demanda presentada por la familia contra la Comunidad de Madrid, institución administrativa a la que pertenece el colegio público -Cardenal Herrera Oria- al que asistía Camila, y se acusa de cometer irregularidades en la aplicación de los protocolos de acoso escolar y labor invigilando.

“Confío en la justicia”

La madre de la pequeña ha acudido este martes al juzgado donde se celebra una vista contra la Comunidad de Madrid y ha afirmado que confía en la justicia.

La vista se celebra a puerta cerrada en el Juzgado 34 de lo Mercantil por decisión de la jueza al tratarse de un caso de menores de edad.

Está previsto que declaren ocho testigos (personal docente y familiares de la menor) y tres peritos, y serán escuchadas diversas grabaciones de menores implicados en el caso, han señalado fuentes judiciales.

Petra, la madre, ha explicado que cuando su hija era alumna del centro Cardenal Herrera Oria de la capital “la aislaban socialmente, la acorralaban en los patios, se metían con su físico, su color, su olor, su piel”, le decían que “nadie la quería” y “le tiraban balones al estómago en gimnasia”.

La familia explica que pidieron la apertura de un protocolo de acoso en el colegio, pero que a los pocos días se “desestimó el acoso” indicando que solo había sido “un conflicto leve”.

“Mi hija está pasando por el proceso, como todo niño” ante un caso similar, ha dicho Petra, quien ha lanzado una campaña en las redes sociales con la etiqueta #suspensoalRACISMO, para visibilizar el acoso escolar de tinte xenófobo en las aulas.

Reconocer “las negligencias”

“Queremos que se reconozcan las negligencias, que se ha obrado indebidamente con nuestra hija y se pongan los medios para que no vuelva a ocurrir”, ha comentado esta madre, que recalca: “No es el juicio de Camila, es el juicio de todos los niños que han pasado por una situación de acoso escolar racista”.

Petra pide a la sociedad que “abra los ojos” porque “el racismo existe diariamente en las escuelas”, aunque sea “de una forma muy velada”, y cree que “no se debe minimizar ni paternalizar pues no son cosas de niños sino muy graves y que no se deben consentir”.

“Cada vez la notábamos más inquieta, comía compulsivamente, estaba irritable”, recuerda Petra.

No lo consideraron “acoso”

Desde la Consejería de Educación han indicado a Efe que la Unidad contra el Acoso escolar estudió el caso en el centro durante el curso 2016-2017 y no lo consideró como “el prototipo de un caso de acoso”.

La familia decidió cambiar a Camila de centro y llevarla a terapia, donde la detectaron “un cuadro de estrés postraumático”.

“Nos dimos cuenta de que esto no podía acabar así, que teníamos que denunciarlo e intentar visibilizarlo”.

Hoy Camila tiene 13 años, estudia primero de la ESO y sueña con llegar a ser profesora de Educación Especial.

“Lamentablemente no sorprende”

Su historia “lamentablemente no me sorprende”, destaca a Efe Paula Guerra, de SOS Racismo Madrid, donde a menudo reciben denuncias relacionadas con acoso a menores por su color, aunque también “por acentos o prácticas culturales diferentes”.

“Cuando los padres han intentado solucionarlo vía los colegios la respuesta es ‘esto no es así, están exagerando’. Se vuelve una situación superdramática porque empieza a lacrar a las familias en el ámbito psicológico”, añade Guerra.

Otra madre que ha vivido (también en Madrid) esta dura experiencia del acoso escolar racista es la de Alma, que tiene dos hijos afrodescendientes (padre de Guinea-Bisáu).

“A mi hija con 6 años otra niña la insultaba diciendo vete a tu país y se metía con su pelo, pero el centro justificaban a la otra menor porque era gitana y decían que estaba en una situación muy desfavorecida”. Al final “la cambié de cole”.

Con su hijo, de 12 años, se metían por su color en un club de fútbol y, tras sus quejas al entrenador, cree que debió haber “alguna charla” y “le pidieron perdón”, explica esta madre. Aunque su hijo sigue en el club, enfatiza: “Lo hemos pasado fatal”.

Otro caso es el de Encarnación Ngale, nacida en Guinea ecuatorial y a cuyo hijo, con 11 años, le “han pegado e insultado” en un colegio de Ciudad Real, pero en el centro lo justificaban como “piques entre niños”.

“Siempre le dicen al padre afectado que no hay acoso y acaba con ayuda psicológica y cambiando al menor de cole”, critica.

“Mi hijo acabó el curso a malas, aguantó para acabar Primaria y ahora está en el instituto y de momento está bien”, dice Encarnación Ngale, aunque tanto ella como su hijo han necesitado ayuda psicológica.

3,54 % de los casos detectados

El acoso debido al color de la piel estaba en el 3,54 % de los casos detectados en Primaria, en el 1,50 % en Secundaria y en el 2,17 % en Bachillerato y FP, según el Informe anual sobre el acoso escolar en la Comunidad de Madrid, curso 2015-16.

Todo acoso escolar preocupa “especialmente” al Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, que continúa recibiendo quejas y actuando ante situaciones que “no pueden ser difundidas por tratarse de casos concretos y personales en los que se requiere la más absoluta confidencialidad a la hora de tramitarlos para respetar la privacidad de estas niñas y niños”.

Marugán asegura a Efe: “Aunque sólo hubiera un caso al año estaríamos ante una situación gravísima que requiere que la Administración ponga en marcha todos sus recursos para erradicar estas agresiones”.