Libertad de elección: ¿privilegio o desventaja?

Hay expresiones que, formuladas de una determinada manera, tienen como objetivo provocar aceptación de manera automática y acrítica. Este es el caso de la llamada “libertad de elección”. ¿Quién se va a oponer a estas dos palabras? ¿Quién se puede oponer a la capacidad de elegir, y más si esta se hace en libertad? Sin embargo, si se bucea en lo que realmente significan, pueden esconder una trampa con consecuencias devastadoras, como ocurre cuando se trata de garantizar el derecho a la educación.  

La educación no es un derecho más, es un derecho fundamental. Según el Artículo 26.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, “toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será  obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos”.

Así pues, el derecho a la educación debe garantizarse y la responsabilidad de las administraciones es consolidar una enseñanza pública y de calidad como garantía de ese derecho como elemento vertebrador de una sociedad justa y solidaria. Parafraseando a la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, “el sistema educativo solo tiene calidad si busca, simultáneamente, la excelencia y la equidad. Y buscar la excelencia implica garantizar que los estudiantes alcancen, todos ellos, el máximo de sus potencialidades para su desarrollo personal, social y profesional. Y buscar la equidad supone que nadie se quede atrás”. 

Equidad es darle más a quien más lo necesita, para ofrecer igualdad de oportunidades a todo el alumnado. No debemos entrar en el falso discurso de la derecha. No se trata de destinar los recursos a la escuela pública o a la no pública, se trata de destinar los recursos donde están los alumnos y alumnas más vulnerables. Por eso, la intención del Ministerio de Educación y Formación Profesional es que la totalidad del incremento de inversión que ha proporcionado el Gobierno de España a las comunidades autónomas se destine a cerrar la brecha educativa, dando prioridad a todos aquellos centros que atienden alumnado en situación de vulnerabilidad.

Pero esos alumnos en vulnerabilidad tienes algo en común: Según un informe de Save the Children, el 90% de los niños y niñas con un nivel socioeconómico bajo van a centros educativos públicos. Para que estos menores tengan igualdad de oportunidades, está claro que la escuela pública tiene que ser el referente y el eje vertebrador de todo el sistema educativo. La enseñanza pública tiene que garantizar la cohesión social y el sistema no se puede convertir en un mercado educativo sin responsabilidad social, como pretende la derecha de este país, porque esto lo que haría sería aumentar la segregación escolar y reproducir la desigualdad social.

La derecha aumenta la segregación y la desigualdad 

En el pasado mes de febrero, la Junta de Andalucía (gobernada por la derecha), daba luz verde a un decreto de escolarización de libre elección de centros bajo la excusa de la “demanda social”, que para lo único que sirve es para que se desvíen fondos de la educación pública a las escuelas privadas y concertadas, lo que provoca la pérdida de unidades en centros públicos, así como recortes en las plantillas del profesorado y una menor inversión en la educación pública andaluza.

La derecha de este país pretende crear un problema donde no lo hay. La libertad de enseñanza está garantizada y quien diga lo contrario, o no está bien informado o falta a la verdad. Utilizan, demagógicamente, la expresión “libre elección de centros” y claro, cualquier padre o madre querría elegir el centro para sus hijos o hijas. Pero es que la supuesta “libertad de elección” pasa de ser un derecho, a convertirse en un privilegio para unos/as y una desventaja para quienes menos tienen. Al final serían los centros los que escogerían a las familias y no al revés.

Con esto, lo que pretende el Partido Popular es atacar a la educación pública de manera encubierta. Saben perfectamente que lo único que se conseguiría es segregar por cuestiones socio-económicas, crear guetos y dividir al alumnado entre ricos/as y pobres, creando escuelas de primera, de segunda y de tercera categoría. Y eso, ni es justo, ni es democrático.

Por ello, el Ministerio de Educación y Formación profesional ha anunciado su intención de  modificar el artículo 109.2 de la LOMCE, ya que la programación de la oferta de plazas escolares se establecía por la llamada demanda social, un eufemismo que ha servido para propiciar, en algunos casos, que la escuela pública pueda ser considerada subsidiaria de la escuela concertada, cuando en realidad es la red concertada la que tiene que ser complementaria a la red pública.

En definitiva, tenemos una derecha en este país que, amparándose en el paraguas de la crisis sanitaria, quiere introducir elementos ideológicos en educación, que lo único que conseguiría es tener un sistema educativo segregador y excluyente. Se hace necesario que el Partido Popular deje de utilizar al alumnado y a sus familias para sacar rédito político, porque en política no todo vale.