Libertad condicional para ocho activistas acusados de "terrorismo" en Turquía

Libertad condicional para ocho activistas acusados de "terrorismo" en Turquía

Entre los liberados está la directora de Amnistía Internacional en Turquía.

EFE

Un tribunal de Estambul ha ordenado este miércoles por la noche la puesta en libertad condicional de ocho militantes pro derechos humanos, entre ellos Idil Eser, directora de la oenegé Amnistía Internacional en Turquía, un alemán y un sueco, en un caso que suscitó preocupación en la comunidad internacional.

El tribunal pidió sin embargo mantener en la cárcel a Taner Kiliç, presidente de Amnistía Internacional en Turquía, según una periodista de la AFP que asistió a la audiencia.

Once personas, de las cuales dos comparecieron libres ante el tribunal este miércoles, son acusadas de actividades "terroristas".

Kiliç es juzgado por "pertenencia a una organización terrorista armada", y los demás por "ayuda a una organización terrorista armada". Si son declarados culpables se enfrentarán a condenas de hasta 15 años de cárcel. "Se espera que los ocho militantes sean liberados esta noche".

"CELEBRAMOS QUE PUEDAN DORMIR EN SUS PROPIAS CAMAS"

"Hoy al fin celebramos el hecho de que nuestros amigos y colegas puedan reunirse con sus familias y dormir en su propias camas", ha declarado en un comunicado el secretario general de Amnistía Internacional, Salil Shetty, que ha lamentado que Kiliç siga en prisión.

El presidente de la oenegé en Turquía comparece este jueves en Esmirna, en el oeste del país, para responder a otra acusación por su presunta pertenencia a la organización acusada de fomentar el intento de golpe de Estado del 15 de julio de 2016. El tribunal no ha impuesto ninguna prohibición de abandonar el territorio a Peter Steudtner, el ciudadano alemán, ni a Ali Gharavi, el sueco, según uno de los abogados de la defensa.

Amnistía considera "absurdas" e "infundadas" las acusaciones contra los activistas y cree que el juicio pretende intimidar a los militantes pro derechos humanos en Turquía, en un contexto de erosión de las libertades desde el intento de golpe de Estado.

Tras ese golpe fallido, las autoridades turcas lanzaron purgas masivas contra los presuntos partidarios del predicador Fetulá Gülen, considerado por Ankara como su instigador, pero también contra opositores y críticos del presidente Recep Tayyip Erdogan. Gülen, residente en Estados Unidos, rechaza toda implicación en el intento de golpe.

La mayoría de los activistas juzgados este miércoles fueron detenidos en julio, durante un taller de formación que se celebraba en la isla de Büyükada, frente a Estambul.

Por su parte, Kiliç fue detenido en junio al ser considerado sospechoso de tener vínculos con el golpe fallido de julio de 2016. Su caso se fusionó luego con el de los otros 10 activistas. Se los acusa de haber querido crear un "caos" para favorecer las manifestaciones antigubernamentales, basándose en las de la primavera de 2013, que sacudieron el poder de Erdogan, entonces primer ministro.

Según el acta de acusación, habrían ayudado al menos a tres "organizaciones terroristas": el movimiento del predicador Gülen, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) y un grupúsculo de extrema izquierda, el DHKP-C.

"ALEGACIONES EXTRAVAGANTES"

Amnistía rechazó en un comunicado lo que consideró "alegaciones extravagantes que asimilan actividades clásicas de defensa de los derechos humanos a la concesión de asistencia a organizaciones terroristas".

La detención de los activistas reforzó los temores sobre los ataques a las libertades en Turquía desde el fallido golpe de Estado: más de 50.000 personas fueron detenidas, entre ellas periodistas críticos y miembros de la sociedad civil.

Kiliç está acusado de haber utilizado la aplicación de mensajería encriptada ByLock, el medio de comunicación que emplearon los golpistas, según Ankara. Amnistía afirma que dos peritajes independientes de su teléfono no dieron con rastro alguno de esa aplicación.

La detención del activista alemán Peter Steudtner tensó las relaciones entre Ankara y Berlín, que anunció una reorientación de su política, particularmente la económica, respecto a Turquía. Suecia convocó al embajador de Turquía, diciéndose "preocupada" por las acusaciones contra Gharavi.