Ley trans: una decena de CC.AA. ya reconoce la libre autodeterminación de género
La mayoría también regula los tratamientos que cubre su sanidad pública, incluso para los menores
El debate abierto en torno al proyecto de ley trans está superado en la mayoría de las comunidades autónomas, que cuentan con legislación propia que contempla la autodeterminación de género y regula además los tratamientos que cubre su sanidad pública, también para los menores.
El proyecto diseñado por el Gobierno, a la espera de enmiendas ahora en el Congreso, tiene como eje el cambio libre de sexo en el Registro Civil, pero no regula los tratamientos hormonales o quirúrgicos para la reasignación de sexo, recordando que están incluidos en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y en las carteras complementarias de varias comunidades.
Una decena de comunidades de distinto color político reconoce además la libre autodeterminación de género, consignada, por ejemplo en la Ley de Identidad y Expresión de Género de la Comunidad de Madrid, que data de 2016.
Se reconoce en esa ley el “derecho a la identidad de género libremente manifestada”, que se respetará a la hora acceder a los servicios o a la documentación acorde a su “identidad de género sentida” en las administraciones públicas o entidades privadas de Madrid.
La misma norma establece que los menores trans tendrán derecho a recibir tratamiento para el bloqueo hormonal al inicio de la pubertad y después tratamiento hormonal cruzado para propiciar el desarrollo de los caracteres sexuales deseados. Se necesitará autorización de sus padres o tutores, pero si éstos se niegan, decidirá un juez.
Es el procedimiento que se recoge también en una de las últimas leyes aprobadas en España, la de La Rioja, el pasado mes de febrero.
La ley riojana proclama “el derecho a la autodeterminación de género libremente determinada” y detalla los tratamientos farmacológicos, hormonales y de cirugía a los que tienen derecho las personas trans.
También Andalucía, Baleares, Cantabria, Extremadura, Murcia, Navarra, País Vasco, la Comunidad Valenciana y Cataluña cuentan con normativas propias que determinan que ninguna persona podrá ser obligada a someterse a un examen médico o psicológico que coarte su libertad de autodeterminación de género.
Uno de los objetivos principales del nuevo proyecto de ley trans es recoger ese derecho a la autodeterminación del género ante el Registro Civil, para rectificar la mención relativa el sexo.
Desde 2007, cuando se eliminó el requisito de haberse sometido a cirugía de reasignación de sexo, en España se exige un diagnóstico médico de disforia de género y que se haya seguido durante al menos dos años un tratamiento hormonal.
El proyecto de ley diseñado por el Gobierno elimina esos requisitos y para los menores establece condiciones según tramos de edad: entre los 12 y los 14 años se necesitará aprobación judicial para le cambio de sexo; entre 14 y 16, la asistencia de padres o tutores; y a partir de los 16 no habrá limitación alguna.
Tras el enfado de Unidas Podemos y del Ministerio de Igualdad y la decisión de la activista trans Carla Antonelli de dejar el PSOE por los retrasos en la tramitación de la ley, este partido ha asegurado que no tocará la autodeterminación de género, pero duda de que la norma pueda equiparar determinadas violencias en el colectivo LGTBI con la violencia de género.
El movimiento feminista, por su parte, se ha dividido, ya que hay sectores que creen que la autodeterminación dañará los derechos conquistados por las mujeres, que serán “borradas” si el género sustituye al sexo biológico.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha alineado con esas tesis y ha dejado claro si gobierno derogará la ley trans.
No implicaría en principio cambios en la atención sanitaria a estas personas, recogida en las carteras de servicios de los sistemas de salud de las comunidades.
Mientras que unas han optado por equipos especializados o unidades para el tratamiento integral de la identidad de género, otras apuestan por un modelo de proximidad, centrado en la asistencia a través de atención primaria. Comparten no obstante una misma queja desde le colectivo trans: las largas listas de espera.