El Consejo de Ministros aprueba la ley del 'sólo sí es sí'

Luz verde definitiva en el Consejo de Ministros. El Gobierno ha aprobado este martes la ley de garantía integral de libertad sexual, más conocida como la del ‘sólo sí es sí’, después de un año desde que se iniciara como anteproyecto y con la vista puesta en que se empiece a tramitar en el Congreso a partir de septiembre.

Esta norma, entre otras medidas, regula el consentimiento expreso, termina con la distinción entre abuso y violación, persigue a la industria proxeneta y tipifica por primera vez el acoso callejero como delito.

El proyecto recoge esta definición de consentimiento: “Sólo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente, mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona”.

El modelo, del ‘sólo sí es si’, según el Gobierno, ”deja claro que el silencio o la pasividad no necesariamente significa consentimiento; que el no mostrar oposición no puede ser una excusa para actuar en contra de voluntad de la víctima; y eleva el estándar de seguridad dejando claro que a la víctima se la protege cuando no consiente en el acto sexual y no solo cuando muestra claramente su oposición”. “De esta forma, se evita dejar indefensas a aquellas mujeres que, por diferentes razones, no llegan a manifestar expresamente su oposición a los actos de carácter sexual en los que se ven implicad”, según Justicia.

“Es una ley pionera y necesaria”, ha resaltado la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa en el Consejo, en la que no han estado ni Irene Montero (Igualdad) ni Juan Carlos Campo (Justicia), los dos ministros que más han trabajado y batallado entre ellos por la redacción de la norma.

Esta norma llega tras años de lucha feminista y de indignación de la sociedad a raíz principalmente de los hechos de La Manada y de la sentencia del tribunal navarro que no consideró el caso una violación (aunque luego el Supremo revisaría aquel fallo).

En un vídeo difundido por Igualdad, la ministra Irene Montero ha puesto en valor: “Te libera de tener que demostrar que te has resistido”. “Esto significa que sólo tú decides sobre tu cuerpo y tu sexualidad”, añade la dirigente de UP, que ha recordado a “Nagore, a Nevenka y a Laura Luengo”.

Desde La Moncloa, la portavoz del Gobierno ha señalado además que esta norma es un “avance decidido” en la protección integral de las mujeres y en la erradicación de todo tipo de violencia sexual. “Una ley que nos hace mejores como sociedad”, ha subrayado la dirigente socialista.

“Lo que hace la ley es prioritariamente poner a la víctima en el centro de toda la acción pública”, ha reseñado la portavoz del Ejecutivo de coalición.

Aunque se cambian la distinción de delitos, no se endurecen las penas existentes. Aunque ahora todo comportamiento sexual sin consentimiento es violación, el delito se castiga, igualmente con penas de prisión de entre 4 a 10 años, que podrán llegar a los 12 años si concurre un agravante. Si se dan dos circunstancias agravantes, tales como el uso de armas, un trato degradante o vejatorio, una agresión grupal, o una víctima especialmente vulnerable, se impondrá la pena máxima por violación de 15 años, la misma prevista en la actualidad.

A raíz de esta ley, las mujeres y los niños y niñas tendrán derecho a:

- asistencia integral especializada

- ayudas económicas, sociales y habitacionales

- derechos laborales y de seguridad social

- atención sanitaria especializada

- asistencia jurídica gratuita

- reparación integral

Se trata, además, de una ley “abolicionista” porque recupera el delito de “tercería locativa”: para cerrar locales destinados a la explotación sexual. Se establece un plan nacional sociolaboral para mujeres y niñas víctimas de trata.

Asimismo, el Código Penal incorporará como delito leve el conocido como acoso callejero. Con la ley integral se considerarán como violencias machistas la agresión sexual, la violación, la trata con fines de explotación sexual, la corrupción de menores, las violencias sexuales en el ámbito digital, la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado, la pornografía no consentida, el feminicidio sexual, el acecho, el acoso sexual, el exhibicionismo y la explotación sexual.