El Gobierno aprueba hoy la ley del 'sí es sí': esto sabemos ya

El proyecto de ley del solo ‘sí es sí’ recibe hoy el visto bueno del Gobierno y cambiará la forma en la que se juzgarán los delitos sexuales en España: además de regular el consentimiento expreso en las relaciones sexuales, acabará con la distinción entre abuso y violación y perseguirá todo tipo de proxenetismo.

El Ejecutivo aprobará el texto tras 16 meses de vicisitudes -el anteproyecto salió del Consejo de Ministros en marzo de 2020-, en los que se produjeron diferencias entre Igualdad y Justicia y críticas del Consejo General del Poder Judicial, que rechazó por unanimidad su redacción, si bien el Consejo Fiscal y el Consejo de Estado lo respaldaron.

El proyecto, que amplía en España el concepto de violencia sobre la mujer como exige el Convenio de Estambul, define finalmente el consentimiento expreso de la siguiente manera: “Solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente, mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona”.

La ley busca que el consentimiento sea la clave a la hora de juzgar los delitos sexuales: las víctimas, destaca Igualdad, ya no tendrán que acreditar que han sufrido violencia o que se han resistido; todo acto sexual sin consentimiento será agresión y se eliminarán los abusos sexuales del Código Penal, como ha pedido reiteradamente el movimiento feminista desde el caso de la violación múltiple de la Manada.

El consentimiento, pilar del proyecto, fue duramente criticado por el Consejo General del Poder Judicial, que rechazó por unanimidad la redacción inicial del consentimiento expreso y cuestionó también la supresión del abuso sexual.

El Consejo Fiscal, que sí avaló el anteproyecto, sugirió a Igualdad una redacción más clara y en positivo, no en negativo, recomendación que finalmente se ha tenido en cuenta.

Además de actualizar la tipificación de los delitos sexuales (con un sistema progresivo y proporcional a la gravedad de los hechos delictivos y con agravantes como las agresiones grupales, la violencia grave, la especial vulnerabilidad de la víctima y el uso de armas o medios peligrosos), la ley abordará múltiples ámbitos.

Considerará como violencia sexual la agresión, el acoso, el exhibicionismo, el acecho o acoso callejero, la provocación sexual, la prostitución ajena, la explotación sexual, la corrupción de menores, la mutilación genial femenina, el matrimonio forzado, el feminicidio sexual y, en el ámbito digital, la violencia sexual transmitida por medios tecnológicos, la extorsión sexual y la pornografía no consentida.

El Gobierno pretende además acabar con la impunidad de la industria proxeneta y para ello endurecerá el Código Penal para perseguir todo tipo de proxenetismo y castigar a quienes se lucran del alquiler de locales donde se produce explotación sexual, la llamada tercería locativa.

Y tendrá un apartado especial para los menores: contempla la creación de “casas de niños” para atender de forma especializada a los menores víctimas de violencia sexual, centros en los que se lleven a cabo todas las diligencias y tratamientos necesarios.

También se establece por ley el funcionamiento de los centros de crisis 24 horas para mujeres víctimas mayores de 16 años.