La Ley de Seguridad Nacional salva su primer corte con el apoyo 'condicionado' de PP, Vox y Cs

Un acuerdo ‘condicionado’ entre el PSOE y el PP ha permitido que la reforma de la Ley de Seguridad Nacional haya pasado el primer ‘corte’ parlamentario este jueves. El sí de las dos formaciones mayoritarias (junto al apoyo de Vox y Cs) avala que el texto supere las enmiendas a la totalidad presentadas por ERC y JxCat, pero abre la puerta a que se estudien otras propuestas, entre ellas las de los populares.

La revisión de la ley de 2015 (aprobada en tiempos del PP y avalada por el Constitucional) busca convertirla en un instrumento del Estado para tomar medidasante crisis como las vividas en los últimos tiempos, entre ellas la pandemia y la guerra en Ucrania.

El texto lo ha defendido el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que ha aguantado las críticas del resto de la Cámara, incluido su socio de Gobierno, Unidas Podemos. Bolaños, al igual que ya defendió el Gobierno cuando se aprobó el proyecto en Consejo de Ministros, ha insistido en que el texto solo es una modificación “puntual” de la ley de 2015 y que únicamente -según ha explicado- quiere garantizar que los recursos estratégicos sean los adecuados y dotar al Estado de herramientas para que pueda anticiparse a las crisis y le ayude en la toma de decisiones.

La propuesta del Gobierno permite la intervención del Estado para garantizar recursos de primera necesidad ante situaciones de crisis y otorga al presidente del Ejecutivo algunas competencias que los grupos han censurado en el debate de este jueves. Incluido el PP.

El diputado popukar Juan Antonio Callejas ha dejado claro que permitir la tramitación no es un cheque en blanco, por lo que ha pedido al Gobierno que vayan de la mano para negociar artículo por artículo del proyecto. Una ley con la que, según Callejas, “el señor Pedro Sánchez puede confiscarte tus bienes y obligarte a que realices prestaciones y servicios sin ningún tipo de compensación económica y quedando todo al albur del señor presidente”.

Precisamente, por obligar a los ciudadanos a prestar algunos servicios en caso de crisis que afectan a la seguridad nacional, la oposición ha entendido que vulneraba derechos constitucionales y que, por tanto, esta iniciativa debería tramitarse como ley orgánica y no como proyecto de ley.

Los que han presentado las enmiendas a la totalidad -ER y JxCat- han coincidido en acusar al Gobierno de presentar una iniciativa que vulnera las competencias autonómicas, por más que Bolaños haya insistido en que precisamente en este asunto la norma no cambia y la cooperación de las comunidades está garantizada.

No lo ha visto así el PNV. Su diputado Mikel Legarda ha resumido su opinión de esta manera: el texto “no se amolda bien” al estado territorial ni a las policías integrales de Cataluña y Euskadi.

Menos contundente ha sido Ismael Cortés, de Unidas Podemos, aunque ha defendido que la seguridad nacional debe definirse a través de mecanismos de coordinación entre el Estado y las comunidades, a la vez que pedido que el esquema que se diseñe tenga “debidamente en cuenta” las competencias de cada escenario.