Las víctimas del 52.d: "Durante los días de baja me presionaban para que trabajara"

La vida de Sandra Pérez (nombre figurado para preservar la identidad), madrileña de 50 años, se vino abajo el 17 de octubre de 2019 por culpa de un número y de una letra. También la de Ana Isabel Moyano, de 49 años. Ambas son víctimas de la interpretación de ese artículo, el 52.d. del Estatuto de los Trabajadores que el Gobierno va a derogar este martes por completo, según han confirmado a El HuffPost fuentes del Ejecutivo, y que permitía a los empresarios despedir a un trabajador por faltar el 20% o más de los días laborales aun estando de baja médica.

Volver a empezar en la cola del paro es un vía crucis emocional y profesional que conoce bien Pérez, madre de un niño de 6 años. Su calvario empezó el 17 octubre del año pasado cuando su empresa, Mutua Universal, le rescindió el contrato por encadenar más de ochos días de baja en dos meses.

Los empresarios, según el Ejecutivo, “no se han opuesto” a la derogación, que satisface las demandas de los sindicatos. “Nos parece que eliminar el 52.d responde a una cuestión de protección de derechos fundamentales que va aún más allá de la protección de los derechos laborales”, cuentan a este diario fuentes del Ministerio de Trabajo.

El problema para Sofía y Ana Isabel es que el cambio legal que va a aprobar el Gobierno no tiene carácter retroactivo y deja en la estacada a quienes, como ellas, fueron despedidos estando de baja justificada. Pérez es economista y trabajó como consultora durante casi 15 años, los últimos cinco con reducción de jornada para atender a su hijo. Ahora vive con el vértigo que da no tener trabajo y con el temor a no encontrar otro empleo por su edad.

“Yo no estoy acostumbrada a esto. Llevo 15 años trabajando en la empresa. Mis compañeros son mi familia. Ha sido algo muy duro. ¿Sabes lo que son 15 años? Son muchas amistades, muchas historias”, cuenta.

Las dificultades vinieron cuando quiso reducir más su horario para atender mejor a su hijo. “Tengo un marido que me ayuda, pero hay meses que el sueldo que llega a casa es solo el mio”. En ese momento, denuncia, comenzó el acoso de su superior, el exsenador del PP Antolín Sanz. Entre medias, Pérez relata una serie de comentarios que le provocaron varios episodios de estrés laboral por los que estuvo de baja durante 26 días, entre el 10 de junio y el 12 de septiembre.

Ese nuevo horario, denuncia, es el verdadero motivo de su despido, aunque la sentencia del Juzgado de lo Social número 33 no lo considera probado y desestimó la demanda que interpuso contra la empresa, colaboradora de la Seguridad Social. “Me echaron porque no querían a una persona con jornada reducida. Me presionaban mucho. Durante los días de baja, me presionaban para que trabajara. El médico de cabecera quería que siguiera, pero yo me negué para poder ir a trabajar”. relata.

La secretaría de Salud de Comisiones Obreras de Madrid, Carmen Mancheño, arguye que la actual redacción de la norma la sufren especialmente las mujeres, ya que “son quienes enferman con más asiduidad al soportar cuidados y cargas familiares en mayor medida que los hombres”.

La rescisión del contrato de Pérez es legal. Pero los sindicatos disienten de la interpretación de la Justicia. “No se ha tenido en cuenta que para atender sus responsabilidades familiares solicitó una reducción de jornada y propició que sus superiores hayan ejercido una gran presión”, precisa la sección de UGT en la empresa, que critica especialmente el hecho de que Mutua Universal es una compañía que gestiona dinero público. “Eso hace más sangrante este tipo de casos”.

Ella denuncia “comentarios de desprecio” por acogerse a esa nueva jornada que le permitía atender a su hijo. Según su versión, su jefe no quería a su cargo trabajadores con este tipo de horario. “Comenzó a quejarse de mi trabajo”, cuenta. “Tengo un buen bagaje y siempre he sido de las únicas que cumplía los objetivos”, relata indignada.

Pérez cruzó varios correos con su superior sobre su producción en la empresa, que ella percibe como hostigamiento. El juez, sin embargo, cree relevante que “existiendo un procedimiento antiacoso en la empresa”, Pérez “no lo empleara para protegerse”. Aunque ella no recurrió a él “por temor a represalias”. UGT, no obstante, asegura que el protocolo “no está funcionando”.

En la sentencia, el juez apunta que es habitual confundir el acoso con la existencia de discrepancias en el trabajo. “Sólo constituyen acoso las conductas atentatorias contra la integridad y dignidad de la víctima, pero la existencia de disputas en materia laboral podrán merecer otra respuesta y no por ello resultar actos constitutivos de acoso”.

El sindicato considera inadmisible que se computen “períodos de baja para extinguir una relación laboral por causas objetivas cuando éstas se producen a consecuencia de la presión [...] y que se contrate después a otra persona para realizar idénticas labores”.

“Nadie sabía que se podía despedir por haber estado de baja justificada menos de 20 días hasta que lo ha avalado el Tribunal Constitucional y ha habido un montón de despidos. Si hubiese estado más días de baja, no me hubiesen despedido. Creo que la avalancha ha tenido que ser tremenda”, sospecha Pérez.

Este es solo un caso, pero CC OO advierte del “incremento” de despidos por esta causa después de que el Tribunal Constitucional la avalara en octubre del año pasado; el mismo mes en que Pérez tuvo que recoger sus pertenencias de la empresa. Aunque los sindicatos no pueden cuantificar el número de empleados afectados.

“Esta vía no se utilizaba, pero cuando salió la sentencia hubo empresas que empezaron a agarrarse a este motivo para despedir”, cuenta Mancheño, de CC OO. “No es algo masivo, pero sí hemos percibido un aumento”, añade.

Aunque a Ana Isabel Moyano el fallo del Constitucional ya le pilló desempleada, sigue “destrozada”. Esta madrileña de 49 años trabajó desde 2007 como cajera en Alcampo hasta que la empresa decidió prescindir de ella el 30 de junio de 2017. Su infierno empezó seis años antes. Entonces, fue operada en su codo y en su hombro derecho por problemas derivados de su trabajo que le volvieron a llevar a quirófano en 2012. Tras casi dos años baja se reincorporó.

“Me tenían que adaptar el puesto, porque no podía estar en caja. Pero tardaron en hacerlo. Hasta que no denuncié, no me cambiaron y en ese tiempo se me generaron problemas de espalda que me volvieron a tener de baja en 2016”, cuenta a El HuffPost. Fue la última, también de larga duración, que comenzó el 19 de septiembre. Un día se percató de que no había cobrado. Pensó que se trataba de un error, pero estaba equivocada.

- ”¿No te han dicho nada?”, le preguntó una compañera.

- ”¿De qué?”, contestó.

- “Es que no has cobrado porque estás despedida”.

Moyano no llegó a juicio. Tras un acto de conciliación aceptó los 9.000 euros de indemnización. Así figura en el acta a la que ha tenido acceso este periódico y en la que Alcampo reconoce el despido improcedente. En ese momento, esta madrileña abrió la puerta de un camino que le ha llevado a necesitar ayuda psicológica.

“Ni podía trabajar ni podía hacer nada en mi casa. Me afectó mucho”, cuenta. Entre medias se divorció y peleó por sacar adelante a sus dos hijos, una joven que ahora tiene 28 años “y hace la vida por su cuenta” y un chico de 20 años, que tenía diez cuando empezó todo.

Con un grado de discapacidad del 35% reconocido, sabe que su batalla está perdida. Ha encontrado otros trabajos, pero no se han adaptado a sus limitaciones. El último, como limpiadora en un hospital, pero tras encadenar varios contratos no siguió en la empresa. El paro llamó de nuevo a su puerta en diciembre de 2018.

El Tribunal Constitucional abrió la veda

El Tribunal Constitucional se posicionó sobre el cambio que introdujo en ese artículo la reforma laboral del Gobierno de Rajoy en 2012 y que avaló alegando la “libertad de empresa y la defensa de la productividad”. El fallo de los magistrados contó con tres votos particulares bastante duros, algo que llevó a los sindicatos a rescatar su demanda contra el 52.d al que va a poner fin el Gobierno de Sánchez. “Generó mucha indignación”, cuenta la representante de CC OO, Carmen Mancheño.

La posibilidad de despedir a alguien aun estando baja ha existido durante décadas. Pero la reforma de 2012 quitó una condición para echar al trabajador por este motivo: el índice agregado de absentismo en el centro de trabajo debía ser del 2,5%. “Al eliminarlo, se individualiza el despido. Desde ese momento, da igual que una empresa tenga millones de euros de beneficio y cero absentismo. Algo que hace a los trabajadores más vulnerables”, denuncia CC OO.

La norma permitía el despido si una persona no iba al trabajo ocho días o más por estar enfermo en los últimos dos meses y si que el total de faltas de asistencia en los doce meses anteriores era el 5% de las jornadas hábiles. O bien si se ausentaba el 25% en cuatro meses dentro de un periodo de un año.

Ahora, con el PSOE y Unidas Podemos en el Gobierno, el Ejecutivo quiere cumplir la promesa que hicieron ambos partidos de derogar el artículo 52.d si llegaban poder. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz (Unidas Podemos), advirtió el día que tomó posesión de su cargo que quería borrarlo “cuanto antes”.

En el Ejecutivo, según cuentan fuentes del equipo de Yolanda Díaz, no tienen miedo de que un recurso de inconstitucionalidad, el arma con el que ha amenazado la ultraderecha de Vox, torpedee sus planes. “Entendemos que el texto de la derogación aporta una justificación sólida de la necesidad de eliminar el 52.d”, cuentan.

Díaz no ha negociado este cambio con sindicatos o empresarios. “[En esto] ni siquiera voy al diálogo social. Y se lo he explicado a los agentes sociales desde la convicción de que los derechos humanos no se negocian. La preservación de la salud está por encima de cualquier cuestión”, defendió en una entrevista en El País a finales de enero.

La ministra Díaz está siendo una de las más activas desde que se sentara en la sala de mandos de La Moncloa. Suyo es el gabinete que ha consensuado la subida del salario mínimo de 900 a 950 euros. Ahora, está dispuesta a echar por tierra “uno de los aspectos más lesivos” de la reforma laboral de 2012, como se refieren en su equipo a este punto, aunque el camino más difícil lo tienen los afectados para encontrar un nuevo empleo.