Ley de Dependencia, despoblación o repunte de la violencia de género: estas son las tareas pendientes del nuevo Gobierno

Punto y final a la parálisis política que aquejaba a España desde la pasada primavera. El primer Gobierno de coalición en la historia reciente del país echa a andar este martes y pretende convertirse en el antídoto contra la ultraderecha y los recortes.

El socialista Pedro Sánchez ha logrado sacar adelante la investidura en segunda votación con un ajustadísimo margen de 167 votos a favor, 165 en contra y 18 abstenciones. Y aunque hasta aquí la cosa ha sido de todo menos fácil, las tareas pendientes que el nuevo Ejecutivo auto-proclamado “progresista” tiene por delante, tampoco se quedan cortas:

“Vivimos en una sociedad que ha superado la emergencia social y se ha instalado en un nuevo escenario marcado por la falta de oportunidades. El precio de la recuperación es la precariedad. Sobrevivir, el permanente presente. Para la inmensa mayoría de la población el futuro no existe”. Son las conclusiones del Informe sobre el Estado Social de la Nación de hace tres años elaborado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, y sin embargo, la situación lejos de mejorar nos deja cifras dramáticas en el arranque de 2020.

El año 2019 ha cerrado con el fallecimiento de 31.000 personas dependientes en España por no haber recibido la prestación o el servicio que les correspondía. Es decir, un promedio de 85 muertes al día por falta de atención, según el último informe del Observatorio de la Dependencia.

Han pasado exactamente 14 años desde que se aprobó en España la ley 39/2006, denominada Ley de Dependencia, para dar protección y atención a todas aquellas personas que por razones de edad, enfermedad o discapacidad no gozan de autonomía física, mental o sensorial, a través de servicios públicos y privados, y de la cual deriva el actual sistema de soporte para personas discapacitadas, que mediante asistencia y prestaciones garantizan los derechos de este colectivo. Y sin embargo, quienes esperan en España la ayuda correspondiente en aplicación de la Ley, lo hacen de media 426 días para lograr la tramitación del expediente completo.

“Entre 2019 y 2012 no ha habido avances”, denuncia el presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez. “Ha sido un año caracterizado por el mantenimiento de los recortes aprobados durante la crisis de aquel año. La inestabilidad política y el no haber aprobado los Presupuestos Generales del Estado (PGE), donde se incorporaban 500 millones de euros que los revertían y que no se hicieron palpables, ha hecho que se hayan sufrido los mismos recortes”, lamenta.

Ahí no queda todo. Por primera vez desde 2015 la lista de espera ha aumentado. “Todo un retroceso”, apunta Ramirez. Hasta el mes de noviembre de 2019 el número de personas en espera de valoración de grado de dependencia y de atención mediante servicios o prestaciones, ha crecido hasta llegar a las 423.000 personas pendientes de algún trámite, más de la mitad de ella son andaluzas (123.000) o catalanas (103.000).

Es otro de los grandes lastres y frentes que el nuevo Gobierno tiene por delante. La población española ha aumentado alrededor de un 36% desde 1975. El país ha pasado de tener 34,2 millones de habitantes a 46,9, pero este crecimiento no se refleja en todas las zonas por igual. Desde aquellos años en los que se vivió una revolución económica y tecnológica, amplias regiones se han visto afectadas progresivamente por cada vez más movimientos migratorios que van desde las zonas rurales hasta las grandes urbes. Este proceso de pérdida de población en ciertas áreas ha sido denominado por los expertos como “La España vaciada”.

Castilla y León está entre las comunidades autónomas más afectadas por el abandono de sus gentes: casi el 88% de estos municipios tenían en 2018 menos población que la que registraban en 1998. Tras ella, Asturias, Extremadura y Aragón son los territorios en los que un porcentaje más alto de municipios han sufrido este fenómeno.

“Un agravio a la democracia”. Con estas palabras el actual presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, ponía nombre a los 44 años de enaltecimiento a la figura de un dictador en un espacio público, el Valle de los Caídos. 2019 ha sido el último. Durante el mes de octubre se llevó a cabo la exhumación de Franco, algo que el PSOE se atribuía con orgullo y reconocía como una “victoria histórica”.

Sin embargo, gran parte de la sociedad aún sigue reclamando el refuerzo al proyecto de Memoria en 2020, traducido en la apertura de fosas comunes para llevar a cabo la búsqueda de desaparecidos forzados, tal y como reclama Naciones Unidas, así como un mayor apoyo a las víctimas del franquismo y de las asociaciones de Derechos Humanos.

El nuevo Gobierno de coalición promete exhumación de fosas, retiradas de símbolos franquistas y actuaciones de reconocimiento y reparación a las víctimas de la Dictadura.

“Los científicos tienen una obligación moral de advertir a la humanidad acerca de cualquier gran amenaza. Sobre la base de la información que tenemos, es claro que encaramos una emergencia climática”, corroboraban este año más de 11.000 expertos, aunque el Panel Internacional de Cambio Climático (IPCC) de la ONU lleva dos décadas advirtiendo sobre los fenómenos extremos que se están produciendo y sus drásticas consecuencias.

Sin duda, el año 2019 ha estado marcado por una marea juvenil que ha puesto en el foco esta materia, para tratar de concienciar y advertir que estamos ante el mayor desafío de nuestro tiempo, presionando a líderes mundiales a tomar medidas urgentes para tratar de frenar lo que ya es irreversible.

2020 es la fecha en que el Acuerdo de París comienza a implementarse –tras la finalización del Protocolo de Kioto– cuyo objetivo es el de mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2°C sobre los niveles preindustriales, reduciendo las emisiones globales.

El nuevo Gobierno de coalición promete estar a la altura y en su acuerdo programático dedica 4 de sus 50 páginas a este asunto, recogiendo planes para una transición ecológica justa.

55 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en 2019, un ejercicio en el que se ha registrado un nuevo repunte en lo relacionado con este tipo de delitos hasta el punto de cerrarse con la cifra de víctimas mortales más alta desde 2015, según los datos oficiales.

El número de asesinatos por violencia de género lleva aumentando desde el año 2017, cuando se contabilizaron 50 asesinadas, 1 víctima menos que en 2018, con 51. En sentido contrario, en el año 2016 la cifra descendió de 60 en el 2015 a 49 asesinadas.

Esta lacra ha dejado además 46 huérfanos, y un total de 279 desde el año 2013, momento en el que se empezaron a contabilizar los menores como víctimas de este tipo de violencia.

Han pasado cinco años desde que España ratificó el Convenio del Consejo de Europa sobre la prevención y la lucha de la violencia de género, sin embargo,la ley española únicamente contabiliza aquellos casos en los que la víctima tenía una relación sentimental con el agresor.

España ha recibido al menos 107.542 solicitudes de protección internacional durante el año 2019, lo que supone más del doble que las que se presentaron en 2018 (55.749). Mientras se bate récord al registrarse este máximo, se están rompiendo las costuras de un sistema de acogida “colapsado” que es incapaz de dar respuesta a los solicitantes de asilo.

“El asilo se ha convertido en la única fórmula de entrada y permanencia en España”, afirma la directora general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).

El principal reflejo de este “colapso” se ha visto en la entrada del Samur Social del centro madrileño, donde cientos de migrantes aguardaban a las puertas y durmiendo al raso dada la sobrecarga del centro, cuyas plazas están previstas para personas sin hogar y para situaciones de emergencia. Por su parte, desde Migraciones destacan que actualmente el sistema estatal acoge a 30.000 personas en toda España.

Una saturación del sistema que está directamente relacionada con los retardos en la tramitación de las resoluciones. Es “importante” superar este “escollo” administrativo ya que “por muy rápido” que se resuelvan los expedientes, “sin herramientas para notificar no servirá de mucho”, señalan desde CEAR.

“Ambas formaciones comparten la importancia de asumir el compromiso en defensa de la libertad, la tolerancia y el respeto a los valores democráticos como guía de acción del Gobierno, de acuerdo con lo que representa la mejor tradición europea”, recoge el acuerdo programático presentado por la coalición de Gobierno. Toda una legislatura por delante para afrontar tareas pendientes y urgentes a partes iguales.