Lecciones de especulación urbanística sobre restos de un palacio de 3.000 años

Aquellos que merodean en torno al espacio que ocupan nuestros yacimientos arqueológicos están de enhorabuena porque Cartagena, una de las ciudades más antiguas de España, podría haber logrado el manual más avanzado y acabado, por ser humildes al menos para un país de occidente, sobre cómo desalojar los viejos cascajos arqueológicos y hacer sitio a los beneficios urbanísticos.

Hace unos años un libro sacudió las bases de nuestro conocimiento sobre una civilización mediterránea perdida: la cartaginesa, escrito por nuestro director del Museo Nacional de Arqueología Subacuática, Iván Negueruela. Este arqueólogo propuso que los restos arqueológicos existentes en el cerro del Molinete, un punto estratégico dentro de la ciudad de Cartagena, correspondían con una edificación muy importante de origen cartaginés: el palacio de Asdrúbal.

Recordemos que la actual ciudad de Cartagena fue fundada en el siglo III a. C. por el general cartaginés Asdrúbal y que, a pesar de la intensa presencia de Cartago en España, queda bien poco de su cultura y arte, pues Roma aniquiló aquella civilización multicultural y sofisticada. Negueruela ya había enunciado parte de sus hallazgos en el año 2000.

La reacción al anuncio del arqueólogo fue la previsible en dos comunidades que, paradójicamente en España, donde la ciencia sigue siendo un debate más que una realidad, se llevan muy bien: la política y la universitaria.

Inmediatamente se creó un cordón sanitario por las autoridades locales sobre los restos del Molinete. Se vallaron y no tardaron en aparecer las excavadoras, las toneladas de grava y cemento y los informes contradictorios de personas de confianza de la política municipal y autonómica.

En Cartagena esta no es una medida inédita, una ciudad mucho más antigua que Londres pero que, a pesar de su consideración como Bien de Interés Cultural, sus políticos se las han apañado para reedificar cerca de un 40% de su espacio en menos de una generación. Por ello, siendo el cerro del Molinete además del posible enclave de restos arqueológicos púnicos es una de las últimas bolsas de suelo aprovechables para construir nuevas viviendas, por lo que únicamente el debate cultural ha retrasado su completa asimilación urbanística. Como ese debate ha sido protagonizado por el arqueólogo Negueruela nada extraña que este haya sido objeto de una campaña enorme, cuasi institucional, para cuestionar sus conclusiones técnicas.

Lo cierto es que el yacimiento prácticamente ha desaparecido. Todos los restos de muros y construcciones diversas, que poco tiempo antes habían sido calificados por quien dirigía esa destrucción como parte del palacio de Asdrúbal, han desaparecido con la construcción de grandes muros de hormigón armado, de hasta 60 metros de longitud y de hasta 4 metros de altura, construcción que no ha seguido ningún orden arqueológico, y con la necesaria excavación de enormes zanjas de cimentación y el vertido de  toneladas de tierra para horizontalizar paseos enrasados.

Con la construcción de grandes paseos se ha logrado la ocultación de toda la superficie del yacimiento con toneladas de grava y de tierra. Se añade la construcción de una inventada escalinata romana y una escalera mecánica en el extremo oriental de la ladera norte y la destrucción  de la sala abovedada de la ladera sur.

Todos esos restos arqueológicos han perdido su posible mensaje. Las generaciones presentes, en el poder, prefieren el negocio de la promoción inmobiliaria, mucho menos exigente en capital intelectual y moral. Lo que Escipión, los vándalos, las invasiones árabes y nuestras metódicas guerras civiles no habían conseguido lo han logrado ellas.

Con independencia de que concretamente se traten de los restos del palacio de Asdrúbal, como sostiene Negueruela, se ha destruido sistemática y conscientemente un yacimiento arqueológico muy extenso.

No está de más recordar que nuestro Derecho entiende por expoliación toda acción u omisión que ponga en peligro de pérdida o destrucción todos o alguno de los valores de los bienes que integran el patrimonio histórico español o perturbe el cumplimiento de su función social. Las competencias aquí van más allá de la propia comunidad autónoma, siempre asociada por lealtades de partido al municipio de Cartagena.

La Administración General del Estado puede interesar del departamento competente del Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma la adopción de las medidas urgentes dirigidas a evitar la expoliación. Si el requerimiento no fuere atendido el Estado podría disponer lo necesario para la recuperación y protección  del bien expoliado. Murcia ya ha conocido la eficacia de este recurso, cuando planteó rescatar por medio del troceamiento por medio de sierras de mano del pecio invaluable de Mazarrón. Es obvio que la cultura debe estar en otras manos distintas de la especulación inmobiliaria.