Las protestas del campo colapsan Sevilla mientras el Gobierno aprueba medidas para aliviar la crisis

Las protestas de unos 16.000 agricultores y ganaderos exigiendo precios más justos de sus productos en origen han colapsado Sevilla, mientras el Gobierno ha aprobado un paquete de medidas para aliviar la crisis del sector primario.

De este modo, Asaja-Sevilla, COAG Sevilla, UPA Sevilla y Cooperativas Agro-alimentarias de Sevilla han convocado un paro general del sector en la región y cuatro concentraciones-tractoradas, que cortan cuatro de las cinco entradas por carretera a Sevilla durante tres horas (en la autovía A-49, la autovía A-92, la autopista AP-4 y la autovía A-4).

Las protestas se han extendido hasta las 14 horas.

Los convocantes, que han concentrado 5.000 tractores, han exigido también protección frente “a las barreras comerciales y los aranceles injustos y discriminatorios (aranceles americanos, veto ruso o Brexit) que nos expulsan del mercado”.

“Los agricultores no pueden más, agricultores al límite” ha sido el lema de concentración, en la que las organizaciones han agradecido a la sociedad la comprensión con sus movilizaciones ante la “grave situación” que atraviesa el sector.

Además, los organizadores han hablado de la necesidad de que las administraciones “tomen conciencia de la gravedad del problema” y se pongan en marcha “verdaderas políticas de apoyo a un sector estratégico de nuestra economía”.

En declaraciones a los periodistas, el representante de las cooperativas, Francisco Bernal, ha dicho que la Ley de cadena alimentaria anunciada para el Consejo de Ministros de este martes es solo el “principio” de las numerosas medidas que debe adoptar el Gobierno, como regular la “competencia desleal” con productos que entran al mercado español sin control sanitario ni de calidad.

Ricardo Serra, de Asaja, ha subrayado el éxito de la convocatoria de hoy, en la que se reclama, entre otros aspectos, “precios justos” ante la situación de “dificultad” del campo, y ha pedido a los gobiernos se “impliquen” y no solo que se “pongan del lado” de los manifestantes.

El dirigente de COAG, Miguel López, ha reclamado que se sienten a negociar con ellos nueve ministros del Gobierno con competencias en el sector, y ha dicho que se debe hablar de precio, de costes de producción, de rentas y de endeudamiento, y ha criticado que seis cadenas de distribución son las que controlan el 80 % del mercado único y “nos quieren ver ahorcados”.

600 personas cortan la A-4 en Jaén

Mientras se desarrollabann las protestas en Sevilla, un grupo de unas 600 personas ha cortado la A-4 en ambos sentidos entre Santa Elena y La Carolina (Jaén) como medida de protesta para reclamar soluciones de futuro para el olivar después de que el precio del aceite de oliva en origen lleve años por debajo de los costes de producción.

La protesta, de la que se han desmarcado las organizaciones agrarias, ha sido convocada a través de las redes sociales.

El corte se ha producido con la presencia de personas sin que los manifestantes hayan recurrido a la quema de neumáticos o a la colocación de barricadas.

No es el primer corte registrado en la A-4 en este punto ya que el pasado 30 de enero un grupo de unas 500 personas, sin estar autorizados, aprovecharon las obras de la autovía para ocupar la vía durante casi seis horas, lo que llevó a intervenir a la Guardia Civil, que detuvo a dos personas.

Protestas en Alicante

En Alicante, unos 400 tractores y 2.000 personas han cortado la autovía en dirección Madrid durante la protesta en defensa del campo alicantino -según el diario Información-.

La manifestación ha recorrido 1,8 kilómetros en dirección Madrid desde la primera salida de la autovía en Monforte del Cid hasta el acceso a la vecina localidad de Novelda.

De momento todo transcurre con normalidad y sin ningún tipo de incidente.

El Gobierno aprueba un paquete de medidas

Y precisamente con este objetivo reclamado por los agricultores y ganaderos,  el Gobierno ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros un paquete de medidas para aliviar la crisis del campo, contenidas en un borrador del real decreto-ley que reforzará los mecanismos de control sobre los costes asociados a la producción y venta de alimentos.

Asimismo, introducirá nuevas exigencias a las promociones en los supermercados.

Una de las principales novedades abordadas por el Ejecutivo es que obligará a los operadores de la cadena agroalimentaria a abonar “un precio igual o superior al coste de producción” del anterior eslabón, de forma que no se pueda comercializar a un precio inferior.

Además, se hará pública la identidad de las empresas que cometan infracciones “graves y muy graves” a la Ley de la Cadena Alimentaria con fines “disuasorios pero también punitivos, puesto que el elemento reputacional es esencial en el sector y procede que el público conozca los operadores que han sido objeto de sanción”.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado que la modificación de la Ley de la cadena alimentaria aborda los aspectos “más significativos” para aportar una respuesta “ajustada” a las necesidades del sector primario.