Las mentiras del procés, a la luz de los Derechos Civiles y Políticos
Mucho se ha escrito (y se seguirá escribiendo) acerca del llamado "conflicto catalán". La división de las sociedades promovida por sus gobernantes nunca ha sido garantía de progreso y éxito para los pueblos o comunidades insertas en dicha dinámica excluyente. Y es que observo entristecido cómo el poder político se muestra incapaz de articular una respuesta sólida y solvente para así poner fin a este conflicto; asisto preocupado a una espiral de frustración de la que será difícil salir sin magulladuras.
En medio de los constantes cruces de acusaciones, de informaciones encontradas, considero oportuno arrojar un poco de luz desde el punto de vista de los Derechos Humanos, marco incuestionable donde todos debemos movernos con absoluta libertad y también con absoluto respeto. Los llamados "Derechos de Primera Generación" o Derechos Civiles y Políticos son el marco donde debemos cuestionarnos, debatir y llegar así a disertaciones lo más alejadas posibles de las falacias y los discursos interesados de una y otra parte.
Para comenzar a hablar desde el rigor debemos desterrar de nuestro vocabulario el término de preso político (aunque el término preciso, en cualquier caso, sea preso de conciencia): en España no existen, afortunadamente, los presos de conciencia; en España no hay nadie encarcelado por sus ideas políticas. Podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con una sentencia o una medida judicial, incluso podemos considerarla injusta o no ajustada a la legalidad, podemos recurrirla, y mostrar disconformidad pública ante la misma, pero no deberíamos usar los Derechos Civiles y Políticos como arma arrojadiza, sobre todo, porque los miles de presos de conciencia del mundo entero no merecen esta banalización de, precisamente, su estatus de presos de conciencia. Si en España fuera delito ser independentista, los partidos que defienden dicha opción serían ilegales, y militar en ellos sería por tanto delito; hecho que no ocurre en la democracia española.
¿Qué dice, pues, Naciones Unidas sobre el derecho a decidir? Lamentablemente nada, porque tal derecho no existe. Lo que Naciones Unidas, dentro del marco del proceso de descolonización, reconoce es el "derecho de libre determinación" de los pueblos coloniales. Importante el matiz de "coloniales". Naciones Unidas solamente reconoce el ejercicio de tal derecho en los casos de ex colonias, países ocupados o países que sufren genocidio. De hecho, el punto 6 de la "Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales", aprobada en la Asamblea de Naciones Unidas el 14 de diciembre de 1960, dice que "todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas". Así, Puigdemont mentía hace pocos días en su cuenta de Twitter cuando dejaba entrever que se estaban conculcando sus Derechos Civiles y Políticos: se le olvidó nombrar este punto de la Declaración previa.
Ban Ki-Moon, ex Secretario General de la ONU, afirmó que "Cataluña no está incluida entre los territorios donde aplicar el derecho de libre determinación de los pueblos". Es por esto que es importante acotar bien el debate que tenemos entre manos, para no generar más frustración o falsas expectativas. ¿Quiere decir todo lo expuesto que las posiciones políticas del independentismo son ilegítimas? No. En absoluto. Las ideologías soberanistas caben en democracia, y deben ser defendidas con naturalidad y desinhibición, aunque yo o cualquier persona esté en contra de las mismas.
Es por eso que defiendo que los políticos soberanistas catalanes puedan, como no puede ser de otro modo, seguir ejerciendo sus Derechos Civiles y Políticos como hasta ahora y así, seguir en la defensa de su proyecto. Lo que no puedo tolerar como defensor de los Derechos Humanos es que el ejercicio de los Derechos Fundamentales implique romper con una legalidad democrática. Romper con las leyes que emanan de poderes democráticos y legítimos es, sencillamente, alejarse peligrosamente de la democracia misma.
El problema ético de las mayorías es otro punto esencial para entender mejor el conflicto en Cataluña. ¿La mayoría lleva razón? ¿Puede una mayoría romper lazos fraternales o expulsar a colectivos? Defiendo sinceramente que el ejercicio pleno de nuestros Derechos Civiles y Políticos se efectúa conjugando dos variables indisolubles: el respeto a la legalidad democrática y la aplicación de las decisiones de la mayoría respetando los derechos de las minorías.
Es decir, estas dos variables, a mi modo de ver, no se pueden disociar: para ejercer en plenitud nuestros Derechos Civiles y Políticos deben darse las dos conjuntamente. Del mismo modo, hay hechos sociales y políticos que no pueden ser sometidos a la decisión de la mayoría: no podemos someter a votación hechos como la expulsión de colectivos raciales, temas como la pena de muerte, o cualquier otra cuestión que implique conculcación de Derechos. Por el sencillo motivo de que no podemos someter a votación quitar Derechos que le son inherentes a los seres humanos, como el de la vida, o el de no discriminación. Igual que tampoco podemos someter a votación cuestiones que impliquen romper con las reglas de juego democráticas, porque sería, nuevamente, una conculcación de Derechos Fundamentales.
Las revoluciones, en democracia, se llevan a cabo en el Boletín Oficial del Estado. La violencia, la imposición de las ideas o la ruptura con la legalidad debilitan a la democracia y hacen más fuertes a los totalitarismos. Hace tiempo que Cataluña se ha convertido en un caldo de cultivo perfecto para el pensamiento único y para los dogmas. Confío en que el Estado español sepa construir un proyecto atractivo de país, y de igual modo confío en que los nacionalismos se queden enterrados en el nefasto siglo XX. En un mundo que aspira a la abolición de las fronteras, las ideologías que defienden el levantamiento de muros son un impedimento para el progreso y la fraternidad universal.
