Las medidas económicas que va a llevar a cabo el nuevo Gobierno

Tras nueve meses de incertidumbre, Pedro Sánchez ha sido elegido presidente este martes y la legislatura se ha puesto, por fin, en marcha. Miembros del PSOE y de Unidas Podemos se sentarán juntos en la mesa del Consejo de Ministros en el primer Gobierno de coalición desde la segunda República.

El camino a partir de ahora no será fácil: el Ejecutivo se enfrenta a muchos retos en un momento de desaceleración de la economía, ralentización en la creación de empleo, una guerra comercial en marcha y un Brexit en el horizonte.

Por si fuera poco, los socialistas no cuentan con mayoría absoluta en el Congreso, lo que complica la aprobación de las leyes. Los presupuestos para 2020 supondrán una verdadera prueba de fuego de la viabilidad de la legislatura.

Sánchez anunció una serie de medidas en su discurso de investidura, acordadas junto a la formación de Pablo Iglesias y plasmadas en el documento Coalición progresista. Un nuevo acuerdo para España, que ahora tendrá que poner en marcha.

Te explicamos las principales medidas:

Una de las primeras medidas que llevará a cabo el Gobierno será la aprobación de una subida de las pensiones públicas tras decretar su congelación en el último Consejo de Ministros del año pasado. La ministra de Trabajo en funciones, Magdalena Valerio, anunció que se actualizarán un 0,9% con efectos retroactivos del 1 de enero de 2020.

Esta medida afectará a 8.897.902 pensionistas que reciben un total de 9.801.379 pensiones (jubilación, viudedad, incapacidad...), según los datos de diciembre de la Seguridad Social.

Un pensionista cobra actualmente una media de 995,76 euros al mes. Una vez se apruebe esta subida, ganará unos 9 euros más al mes.

Si solo se tienen en cuenta a los jubilados, su pensión media se sitúa en los 1.143,55 euros. En este caso, subirá unos 10,3 euros.

Esta será solo una medida a corto plazo, ya que PSOE y Unidas Podemos pretenden reformar el sistema para garantizar su viabilidad. No conviene olvidar que el Gobierno se ha comprometido con Bruselas a eliminar el déficit de la Seguridad Social en 2022: unos 16.000 millones, según la AIReF. “Plantearemos un Nuevo Pacto de Toledo que garantice sostenibilidad y suficiencia de las pensiones”, señala el documento.

Ambos partidos tienen previsto aprobar una ley que garantice que las pensiones suben cada año conforme al índice de precios al consumo (IPC), es decir, al coste de la vida.

¿Cómo garantizarán la sostenibilidad? Por un lado, aumentando los ingresos. Hace un año, el Ministerio de Hacienda explicó que el dinero recaudado por la tasa Tobin (850 millones) se destinaría a financiar las pensiones.

Y, por otro, reduciendo los gastos con la eliminación de algunas bonificaciones a la contratación (sin especificar cuáles) para solo mantener aquellas que realmente sirven para que colectivos vulnerables entren al mercado laboral.

Además, se pretende que la Seguridad Social deje de afrontar una serie de gastos considerados “impropios”, de los que no tendría que hacerse cargo y que deberían estar incluidos en los Presupuestos. Por ejemplo, los salarios de los trabajadores de la Seguridad Social, las subvenciones para nuevos autónomos o las prestaciones por maternidad.

El salario mínimo interprofesional (SMI) se incrementó a 900 euros al mes hace un año. Esta subida del 22% —la más importante de la democracia— entró en vigor el 1 de enero de 2019 y benefició a unos 2,5 millones de trabajadores.

Tras este incremento, así está el salario mínimo:

El compromiso es elevar este salario mínimo para acercarse al estándar que marca la Carta Social Europea, que establece que debe ser el 60% del salario medio. Esto significaría alcanzar los 1.200 euros al final de la legislatura, en 2023.

La subida no se hará de una sola vez, de los 900 euros hasta los 1.200 euros, sino que se pretende elevar de forma progresiva y teniendo en cuenta la realidad económica. Además, a diferencia de lo que ocurrió hace un año, se decidirá tras dialogar con los sindicatos y la patronal, que tendrán mucho que decir.

La primera fase sería fijar el salario mínimo en 1.000 euros en 2020, tal y como reflejaba el programa de Podemos, lo que significaría una subida del 11%. Sin embargo, existen dudas sobre si finalmente se incrementará tanto, ante la oposición de los empresarios. “Mil euros es una barbaridad, porque llevaría a mucha más gente a la economía sumergida”, ha alertado el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi.

El PSOE y Unidas Podemos quieren derogar algunos de los aspectos más conflictivos de la reforma laboral aprobada por el PP en el 2012 y aprobar un nuevo Estatuto de los Trabajadores.

El ejemplo más claro es suprimir la posibilidad de despedir a trabajadores que hayan estado de baja por enfermedad. La reforma laboral de los conservadores permitió el despido de los empleados que faltasen más de un 20% de sus días laborales en dos meses consecutivos o al menos un 5% en los últimos 12 meses. Esta posibilidad fue avalada recientemente por el Tribunal Constitucional y ha provocado una cascada de despidos.

Otra de las cuestiones clave es derogar las limitaciones temporales de los convenios. Actualmente, hay más de 4.000 convenios en España que protegen a cerca de diez millones de asalariados.

Se pretende recuperar así la ultractividad, la vigencia automática de un convenio vencido mientras no se acuerde uno nuevo. Si caduca el convenio, los trabajadores no quedarán desprotegidos como ocurre actualmente.

Además, se quiere recuperar la jerarquía de los convenios. “Derogaremos la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales”, señala el documento.

El acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos incluye la subida del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para los trabajadores que más cobran, un incremento que ya venía recogido en el acuerdo presupuestario entre ambas formaciones de octubre 2019.

Así afectará estas subida:

Esta subida se incluirá en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2020, una de las primeras leyes que se llevará al Congreso.

El nuevo Gobierno pretende recuperar retomar la aprobación de dos nuevos impuestos, conocidos popularmente como la tasa Google y la tasa Tobin, que quedó pendiente la legislatura pasada y con los que pretende recaudar 2.050 millones.

El Impuesto sobre las Transacciones Financieras, conocido como tasa Tobin, es un tributo indirecto que grava la compraventa de acciones. El proyecto establecía un gravamen del 0,2% cuando se compren acciones de empresas españolas que tengan una capitalización bursátil superior a los 1.000 millones.

Por su parte, la tasa Google grava con un 3% los servicios de publicidad en línea y la venta de datos. Este impuesto solo afectará a aquellas compañías que tengan una facturación global de 750 millones y una facturación en España de 3 millones, como Google o Amazon.

Puedes leer el acuerdo de coalición íntegramente aquí:

Acuerdo PSOE-Unidas Podemos by El HuffPost on Scribd