Las macrogranjas como arma electoral
Qué hay detrás del ruido político contra Garzón por sus declaraciones en 'The Guardian'.
“Desgraciadas e insensatas declaraciones”. “Es un insulto a la inteligencia”. “No se puede hacer daño gratuito”. “Tiene que rectificar ya o dimitir”. “No puede ser ministro ni un día más”.
Estas son algunas de las reacciones que han provocado las palabras del ministro de Consumo, Alberto Garzón, al diario británico The Guardian, en las que defendía la ganadería extensiva, en la que el ganado pasta en el campo, frente a la intensiva y el modelo de macrogranjas, donde se concentra un gran número de animales que permanecen toda su vida encerrados siendo alimentados por pienso.
Palabras que le han costado protagonizar una de las polémicas más sonadas en el seno del Gobierno de coalición, donde ministros del PSOE han evitado respaldar a su compañero llegando a desautorizarle en público ante las críticas de presidentes autonómicos tanto socialistas como del PP.
“Qué ha hecho Castilla y León para que el Gobierno de España ataque de nuevo a nuestros ganaderos”, se quejó amargamente en Twitter Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León, en un mensaje en el que enlazaba una información que se aseguraba que Garzón decía “que España exporta carne de mala calidad de animales maltratados”.
En el artículo citado por Mañueco, se obviaban las palabras del ministro de Consumo sobre la ganadería extensiva, pero esto tampoco importó al presidente de Aragón, el socialista Javier Lambán, quien, citando ese mismo titular, llegó a pedir por Twitter la dimisión de Garzón:
También se sumó a las críticas al ministro el presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno, del PP, quien aseguró que “no se entiende que un ministro del Gobierno de España contribuya a generar mala reputación y eche por tierra la profesionalidad de nuestros ganaderos”. “Es un sector muy serio que crea empleo y da de comer a muchas familias en España y Andalucía”, agregó.
E incluso recibió críticas de otro presidente socialista, el de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quien acusó a Garzón de “hacer propaganda negativa de un sector tan importante en el exterior”.
El propio Garzón contestó en Twitter a Mañueco, al que recordó que en la entrevista hablaba de Castilla y León elogiando el uso de la ganadería extensiva. “Pero el señor Mañueco está desesperado por los votos de la ultraderecha y por eso recurre a la mentira y la manipulación de los lobbies”.
Estas fueron las declaraciones textuales de Garzón a The Guardian:
El propio ministro compartió la transcripción completa de su entrevista en castellano:
De poco sirvió para algunos, como este diputado del PP, que llegó a asegurar que Garzón criticaba la ganadería extensiva, cuando en realidad la elogiaba:
Servida la polémica, ni tan siquiera compañeros de Gobierno de Garzón, como la ministra de Política Territorial y portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, defendieron al titular de Consumo.
Más bien, al contrario. “Hablaba a título personal”, dijo Rodríguez en declaraciones a LaSexta, en las que, preguntada por si debía dimitir contestó que “eso se lo deberán preguntar a él”.
Pero, ¿por qué han salido en tromba los presidentes autonómicos a criticar a Garzón y ni tan siquiera recibe el respaldo del Gobierno?
Hay dos motivos en uno. El sector ganadero, a nivel económico es muy importante. Supone un 2,3% del PIB del país y da trabajo a un gran número de ciudadanos. Personas a las que este tipo de polémicas afectan a la hora de ir a votar.
Y en algunas comunidades, como es el caso de Castilla y León, las elecciones son inminentes. De ahí que Mañueco fuera uno de los primeros en reaccionar.
No es un asunto baladí para el presidente castellanoleonés. Su comunidad está entre las que más cabezas de vacas y de cerdos tiene de España, según datos oficiales.
Tampoco para el de Aragón, la región que mayor cabaña porcina alberga (8,8 millones de cerdos), la segunda con mayor incremento de cabezas de vacuno desde 2015, y la tercera con mayor producción de gallinas para consumo humano.
Pero, ¿por qué se le sigue criticando pese a que Garzón sólo rechazó la ganadería intensiva?
Los datos tienen la respuesta. En el último informe del Ministerio de Agricultura sobre explotaciones de ganado porcino se ve la importancia de las explotaciones intensivas en España.
En muchas comunidades es claramente superior a la extensiva, como en Aragón, donde a principios de 2021 se contabilizaron 4.505 explotaciones intensivas frente a sólo cinco extensivas; en Castilla y León, donde hay 6.813 explotaciones intensivas por menos de mil extensivas; o en Galicia, donde se cuentan 29.696 intensivas por apenas 54 extensivas.
Algunos de estos datos también aparecen en el último informe sobre macrogranjas de la organización ecologista Greenpeace, donde llaman la atención de la falta de información que aportan los distintos gobiernos autonómicos sobre este tipo de explotaciones.
En dicho documento, recogen dos casos particulares. Por un lado, el de Extremadura, la cuna del cerdo ibérico y el buen jamón, que apuesta mayoritariamente por la ganadería extensiva salvo en un sector: curiosamente, el de los cerdos, donde predomina la intensiva.
Y por otro Cataluña, donde para cerdos, vacas y cabras el sistema intensivo supera en más del doble el número de animales que el extensivo. Sólo en el ovino hay un sistema mixto, aunque en ningún caso predomina la ganadería extensiva.
Despoblación y contaminación
La apuesta por la ganadería intensiva ha hecho que, según datos del Ministerio de Agricultura, hayan desaparecido un 30% de granjas pequeñas en los últimos 13 años, mientras que las explotaciones de mayor tamaño se han incrementado, especialmente las más grandes, más de un 3% en la última década.
Esto ha contribuido, como recuerda Greenpeace en su informe, a que el campo español se haya despoblado, ya que este tipo de producciones requieren de una menor mano de obra.
Según datos del INE, la población ocupada en el sector agrario respecto al total del Estado ha pasado de un 36,3% en 1997 a un 4% en 2016. Una despoblación que ha ido de la mano de un aumento de las explotaciones agrarias de gran tamaño, que han crecido en 3,2 millones frente a las más pequeñas, que se han reducido en más de 90.000.
A esto se une la contaminación, especialmente de las aguas que se ven afectadas por los nitratos procedentes de los excrementos de los animales y que, en los últimos años, han hecho que el 24% de la superficie total de España haya sido declarada Zona Vulnerable por Nitratos.
Según datos del Ministerio de Transición Ecológica, de media en España la contaminación por nitratos ha aumentado un 51,5% de 2016 a 2019. Precisamente, en este período las dos comunidades que mayor número de hectáreas de zona vulnerable a los nitratos han sumado han sido Castilla y León y Aragón, porque son las que más han aumentado las cabezas de ganado bovino y porcino.
De hecho, España tiene un problema con este asunto, ya que en diciembre de 2021, la Comisión Europea anunció que llevaría a nuestro país ante el Tribubal de Justicia de la UE por no tomar medidas adecuadas para proteger sus aguas de la contaminación de nitratos procedentes de fuentes agrarias.
El Ejecutivo comunitario señalaba directamente a cuatro comunidades autónomas, a las que acusa de tomar medidas “insuficientes”: Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Murcia.
Las contradicciones del Gobierno
Lo curioso es que, pese a las fricciones en el Gobierno, según ha publicado la Agencia EFE este viernes, el Ministerio de Agricultura tiene elaborado desde otoño un decreto para limitar las granjas de ganado vacuno a un máximo de 850 cabezas, un límite muy inferior a los hasta 10.000 denunciados por el ministro Garzón.
El documento está ya en información pública, lo que, en teoría, haría inminente su publicación en el BOE, indica esta agencia.
Este decreto establece un límite a la capacidad máxima que pueden tener las granjas de bovinos y lo establece en 850 unidades de ganado mayor, es decir, 725 vacas de ordeño o 1.400 terneros de cebo. También fija condiciones de alojamiento y alimentación de las explotaciones, es decir, evita el maltrato a los animales, también denunciado por Garzón.
“La autorización de una granja es competencia de cada autonomía, pero hay unas normas nacionales que tienen que cumplir. Y a partir de un tamaño, además, necesitan autorización ambiental integrada, que también compete a las Comunidades Autónomas”, señalan fuentes del Ministerio de Agricultura citadas por EFE.
El decreto afectará a las granjas de nueva creación, pero no a las ya existentes, que tendrán que cumplir, eso sí, las normas establecidas en materia ambiental y de bienestar animal, según fuentes del Ministerio.
De hecho, es llamativa la falta de apoyo del Ejecutivo a su ministro de Consumo ya que en el documento Estrategia Española de Economía Circular 2030, elaborado por el propio Gobierno, se habla claramente de promover la ganadería extensiva, como dijo Garzón en The Guardian: “En el ámbito de la ganadería, se deberían promover sistemas productivos extensivos para aprovechar los recursos del ecosistema, con razas autóctonas que están mejor adaptadas al territorio, y hacer un uso más eficiente de los recursos”.
También llama la atención cómo asociaciones de ganaderos que hace pocos meses reclamaban al Gobierno acabar con las macrogranjas, han aprovechado la polémica para atacar a Garzón.
La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), que ha llegado a pedir la dimisión de Garzón por sus declaraciones, se mostraba en abril “esperanzada” con las intenciones del Ejecutivo de “frenar proyectos de macrogranjas en el sector vacuno que podían tener un impacto enorme en el sector”.
“No necesitamos macrogranjas en España, cuyo único objetivo es sacar del mercado a cientos o miles de explotaciones pequeñas y medianas”, llegó a decir su secretario de Ganadería, Román Santalla.
Esta organización llevó su lucha contra las macrogranjas hasta el Parlamento Europeo en noviembre.
El camino de Europa
Son varios los ejemplos en Europa que muestran el cambio de tendencia respecto a la ganadería intensiva.
Tal y como ha recordado Izquierda Unida en defensa de su líder, el nuevo Gobierno de Países Bajos quiere promover un cambio hacia una ganadería menos intensiva, sin descartar la expropiación de quienes se resistan.
También han sido muy comentadas, a raíz de la polémica con Garzón, las palabras del ministro alemán de Agricultura, Cem Özdemir, quien en declaraciones al periódico Bild am Sonntag, se reafirmó en su objetivo de aumentar la proporción de tierras de “cultivo ecológico”, pasando del 10% actual al 30% en 2030; y criticó la baja calidad de los alimentos y su valor.
“Ya no debería haber precios de oferta. Llevan a las granjas a la ruina, impiden el bienestar de los animales, promueven la extinción de especies y dañan el medioambiente. Quiero cambiar eso”, afirmó.
