Las comunidades aceptan el reparto de 200 menores de Ceuta
La Rioja acogerá a cinco en vez de los 17 iniciales.
Las comunidades autónomas han acordado repartirse la acogida de los 200 menores tutelados de Ceuta que propuso el Gobierno. Se trata de una medida para aliviar la crisis humanitaria que ha tenido lugar desde la semana y por la cual han entrado irregularmente hasta 8.000 personas a la ciudad autónoma.
En Ceuta se quedarían unos 800 niños y adolescentes identificados y un número indeterminado de menores que deambulan y viven en las calles.
El Gobierno y las comunidades han celebrado este martes un Consejo Territorial de Servicios Sociales para acordar el reparto de las 200 plazas de acogida para menores no acompañados. La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha presidido la reunión en la que los consejeros autonómicos del ramo tenían que votar la propuesta del Ministerio, que plantea que las comunidades acojan entre cinco y veinte niños.
Debido al elevado número de menores extranjeros no acompañados que ya tienen bajo su tutela, Ceuta, Melilla y Canarias -ya acoge a 2.700- han quedado excluidas del reparto propuesto.
Así, Madrid y Galicia son las comunidades que más menores acogerán, con 20 cada una, seguidas de Castilla y León (18), Cataluña (15), Castilla-La Mancha (14) y Comunidad Valenciana y Andalucía, con 13 plazas cada una.
A Baleares, Asturias y Extremadura irán 11 menores a cada una, 9 serán reubicados en Aragón, 8 en el País Vasco, 7 en Cantabria y Murcia, 6 en Navarra y 5 en La Rioja.
Aunque inicialmente La Rioja iba a acoger 17 menores, su consejero de Servicios Sociales, Pablo Rubio, ha aclarado que serán 5 después de haber redefinido con el Ministerio su propuesta inicial basada en indicadores que no habían tenido en cuenta que ya habían acogido a niños extranjeros anteriormente.
“De forma inmediata”
Todas las comunidades han mostrado su disposición para reubicar “de forma inmediata” a 200 jóvenes que ya estaban acogidos en Ceuta, si bien Cataluña ha pedido más recursos, Andalucía ha avisado de que está saturada y Galicia y Madrid han se han mostrado disconformes con la fórmula de reparto.
La distribución planteada se basa en diversos criterios: el 50 % de las plazas por el impacto en acogida de los menores migrantes no acompañados de cada comunidad, otro 25 % en función de la población y otro 25 % por situación económica, que a su vez se reparte en un 12,5 % por renta per cápita y el otro 12,5 % según la tasa de paro.
Entre 8.000 y 10.000 inmigrantes, entre ellos unos 800 menores, lograron entrar a Ceuta de manera irregular en los primeros días de la semana pasada, de los que ya han sido devueltos 7.800.
Ceuta ha cifrado su capacidad de acogida de menores en 240 plazas ubicadas en el centro La Esperanza, del que saldrán los 200 jóvenes que van a acoger las comunidades y permitirá albergar en estas dependencias a los menores que están en las naves del Tarajal.
El Consejo Territorial también tiene previsto aprobar este martes un crédito extraordinario de cinco millones de euros para sufragar la acogida de los menores que acojan las comunidades, así como el reparto de esa cuantía entre las diferentes autonomías.
“Una solución de acuerdo a sus derechos”
“Hemos estado concentradas desde el primer momento para tratar de dar una solución de acuerdo a los derechos humanos y los derechos de los niños. En eso hemos estado trabajando y me alegra poder comunicarles este acuerdo que va a permitir que casi 200 menores sean acogidos”, ha remarcado la ministra.
Para Belarra, la situación que se está viviendo en Ceuta, como la reciente de Canarias, ponen de manifiesto la necesidad de contar con “una estrategia estable que no requiera estudiar una reacción diferente en cada caso”, de modo que haya unos criterios consensuados y estables de derivación, protocolos de actuación y un modelo compartido de atención.
En este sentido, el Ministerio va a impulsar un acuerdo con todas las administraciones implicadas para un modelo compartido de acogida de menores que pueda presentarse al Consejo Territorial en el plazo de dos meses para su discusión y, si procede, aprobación.