Las claves para entender las impresionantes protestas de Hong Kong

Hong Kong es China, pero es otra China. Ostenta el estatus de región administrativa especial por su historia, su peso económico y, también, porque conserva una serie de libertades que son impensables en la China continental. Cuando esos derechos peligran, los ciudadanos se echan a la calle.

Justo eso es lo que está pasando ahora, que lo conservado está en riesgo y toca protestar. Desde el pasado 9 de junio, las manifestaciones se han ido sucediendo en la ciudad, hasta alcanzar el clímax, anoche, con la irrupción en el Parlamento de parte de los descontentos. La razón del enfado es un proyecto de ley que autorizaría la extradición de criminales sospechosos a China. Los ciudadanos entienden que puede abrir la puerta a que los disidentes políticos que no comulgan con Pekín acaben también en prisiones muy alejadas de Hong Kong, sometidos a juicios con menos garantías de los que se celebran en su territorio, aplastados por un sistema que, repiten todos los informes, arrolla los derechos humanos elementales.

Las manifestaciones comenzaron siendo nutridas pero pacíficas, pero con el paso de los días se han ido tornando violentas: los descontentos lanzan ladrillos, piedras y mobiliario urbano a los policías antidisturbios y los agentes responden (o golpean antes) con gases lacrimógenos, balas de goma y golpes. Por ahora, la movilización ha impedido que se vote la polémica norma, pero sus opositores saben que es un aplazamiento, algo temporal. Por eso la lucha sigue.

Lo que dice la polémica ley

Las autoridades de Hong Kong, que están alineadas con Pekín, han promovido un proyecto de ley que autorizaría las solicitudes de extradición a China, Taiwán y Macao de criminales sospechosos de delitos como homicidio y violación.

La medida se propuso después de que un hombre de 19 años, residente de Hong Kong, fuera acusado de asesinar a su novia de 20 años, cuando estaban de vacaciones en Taiwán, en febrero de 2018. Este individuo huyó a Hong Kong y no podía ser llevado a Taiwán porque no existe un acuerdo de extradición entre estos dos lugares.

Los defensores de la norma afirman que los tribunales en Hong Kong tendrán la decisión final sobre las extradiciones y que cada caso se abordará individualmente, no de forma genérica. Igualmente, sostienen los que sean acusados de crímenes políticos y religiosos no serán extraditados, mientras que otros delitos como la evasión de impuestos también han sido retirados de la lista de extraditables.

El gobierno ha edulcorado un poco el texto inicial, para intentar calmar a los manifestantes, prometiendo que sólo va a entregar sospechosos de ofensas que acarrean sentencias máximas de por lo menos siete años de cárcel.

Por qué no gusta

Por mucho que las autoridades traten de calmar las aguas con buenas palabras, a los ciudadanos de Hong Kong la norma les dispara todas las alarmas. Porque el sistema judicial en China es de todo menos garantista, m´s bien opaco y nada democrático. Porque denuncian que hay disposiciones que pueden ser un coladero por el que se acabe procesando a opositores políticos. Porque supone restar autonomía a su propio sistema judicial y eso puede afectar a las libertades que ahora disfrutan, como la de expresión, desconocidas en otros territorios chinos. Las personas estarían sujetas a detenciones arbitrarias, juicios sesgados y tortura en China continental, resumen.

“No podemos desistir porque el gobierno ignora nuestra exigencia, porque simple y sencillamente esta es nuestra casa. Vemos a muchas personas que hoy siguen en las calles, pero yo les digo que habrá más, y por más tiempo, porque es un movimiento imparable”, señala Kit Yu, uno de los activistas portavoces.

Sus temores están siendo ratificados por la comunidad internacional. “Nadie estaría a salvo, incluyendo los activistas, los abogados de los derechos humanos y los trabajadores sociales”, ha declarado en un comunicado Sophie Richardson, de la organización internacional Human Rights Watch. Mientras, la Unión Europea, Reino Unido, Canadá y Estados Unidos, entre otros, ya han expresado su preocupación por lo que está ocurriendo. Denuncian que se puede erosionar la autonomía del territorio, que se puede imprimir más coerción política en una zona protegida de esos males.

Por todo ello, se han llegado a celebrar manifestaciones con un millón de personas contra esta ley, aunque las autoridades locales rebajan la cifra a un máximo de 250.000. Números aparte, son las mayores protestas en Hong Kong desde que el territorio pasó de estar en poder del Reino Unido y fue devuelto a China, en 1997.

La mayoría de los manifestantes de estos días son jóvenes y estudiantes universitarios, pero a ellos también se han sumado las plantillas de los colegios e institutos, grupos de abogados y empresas enteras. Como no es una protesta autorizada, tienen que salir a la calle con pasamontañas, pañuelos y caras pintadas. Las multas, las detenciones e incluso los procesos judiciales les amenazan. Además de los 4.000 maestros en huelga, del millar de comercios cerrados, del centro bloqueado, la BBC informa de que “poderosos lobbies empresariales indican que el propuesto cambio a la ley afectaría la competitividad de Hong Kong como base de operaciones”. Eso ha hecho más prudentes a las autoridades.

“Un país, dos sistemas”

Hong Kong fue una colonia británica hasta hace 22 años, cuando volvió a manos de China, que actualmente administra el territorio bajo el principio de “un país, dos sistemas”. No podía dar marcha atrás a unas prebendas logradas mientras dependía de la metrópoli europea, así que la ciudad ha mantenido desde 1997 su independencia judicial, sus propias leyes, su parlamento, su sistema económico y su moneda: el dólar de Hong Kong.

La Ley Básica que rige en Hong Kong vencerá en 2047 y no está claro qué sucederá con la autonomía del territorio entonces. Lo que es patente es que el Partido Comunista de China, en el poder, incumple cada vez más abiertamente ese acuerdo de statu quo que debe durar 50 años, entre otras cosas, promoviendo cambios en leyes que dañan lo pactado.

Ahora, los hongkoneses gozan de derechos como la libertad de expresión y de reunión, libertades civiles que no están a disposición de sus iguales en la China Continental. Pekín mantiene, eso sí, el control de los asuntos exteriores y de defensa, y para viajar entre Hong Kong y China se requieren visas o permisos específicos.

Hong Kong tiene acuerdos de extradición con 20 países, incluyendo Reino Unidos y EEUU, pero nunca ha alcanzado un pacto con China, a pesar de las continuas negociaciones en las últimas dos décadas. Los críticos atribuyen el fracaso de dicho acuerdo a las escasas protecciones legales para los acusados que ofrece el sistema judicial chino, el punto débil que ahora ven los manifestantes.

Pero eso son sólo eso, reticencias, porque en el Consejo Legislativo, conocido como LegCo, la mayoría en estos momentos es favorable a Pekín, cercana a sus postulados. Ese es el miedo de los ciudadanos que salen a la calle con sus cascos y sus paraguas, a protestar: que la nueva directora ejecutiva del LegCo, Carrie Lam, puede bailar al son de Xi Jinping. Hace dos años, Xi viajó a Hong Kong para su investidura. Todo un espaldarazo. Durante la visita, el mandatario chino advirtió contra cualquier intento de socavar la influencia de su gobierno sobre esta región administrativa especial.

Lam, abrumada por las manifestaciones, insiste en que la norma es necesaria para cerrar “vacíos legales” con otros países y que no pueden arriesgarse a ser refugio de fugitivos de la justicia. También ha garantizado de palabra que Pekín “no está implicado” en la polémica ley, que “no ha recibido instrucciones o mandatos de la China continental”, pero no ha ido más allá. Para ocupar el cargo que ella ocupa, ya hace falta el visto bueno de los chinos, incluso para ser sencillamente candidato. Si Lam quiere aguantar la legislatura o incluso repetir un segundo mandato, necesita el calor de Xi. Pekín se ha referido sucintamente a la norma, diciendo que la “apoya fuertemente” e insistiendo en su política de tolerancia cero con quienes exigen una mayor autonomía para Hong Kong.

Si la votación al final se celebra, el articulado saldrá adelante, porque los pro-China tienen más de la mitad de la cámara de legisladores.

¿Hay esperanza de cambio?

Los manifestantes quieren que la norma se paralice y, aunque parece que pelean contra gigantes, hay un antecedente optimista. Sólo uno, eso sí. Hay que buscarlo en 2003, cuando unas 500.000 personas se movilizaron contra un polémico proyecto de ley de seguridad que abordaba temas de traición y subversión contra el gobierno de China. Las autoridades locales tuvieron que ceder y meterlo en el cajón, de donde no ha vuelto a salir.

Tras aquellas protestas, las más importantes fueron las de 2014, la llamada Revolución de los Paraguas, cuando decenas de miles de personas acamparon en las calles durante varios meses exigiendo elecciones completamente democráticas, toda vez que no pueden elegir a sus representantes más que pasado el filtro de Pekín. Fue un movimiento pacífico, que atrajo las miradas del mundo entero -como ahora-, pero que quedó en un sueño. En nada.

A los hongkoneses les queda la pataleta, salir a la calle y gritar, algo que hacen con relativa frecuencia, ante la imposibilidad de cambiar más cosas en la férrea estructura de su territorio. Siguen siendo los únicos chinos que pueden celebrar una vigilia en memoria de la Masacre de Tiananmen sin que los masacrados sean ellos, pero su poder de cambio es, pese a todo, limitado.