Las claves del caso Pretoria, el juicio del mayor caso de corrupción urbanística de Cataluña: qué se juzga, a quién, por qué

Este lunes ha dado comienzo en la Audiencia Nacional, en Madrid, el juicio del mayor caso de corrupción urbanística de Cataluña, que ha salpicado a tres de los ayuntamientos más importantes de la Generalitat. Sienta en el banquillo a 11 acusados, entre ellos dos hombres de la plena confianza del expresidente catalán Jordi Pujol: el exsecretario de Presidencia Lluís Prenafeta y el exconsejero de Economía Macià Alavedra.

La red de corrupción denominada Pretoria operó entre los años 2000 y 2009, cuando salió a la luz una trama que habría defraudado unos 45 millones en euros. Ahora, pasados ocho años desde que el juez Baltasar Garzón comenzara a investigar esta causa, arranca el proceso que ha de esclarecer lo ocurrido.

Estas son las claves de un juicio que oscurece más aún la imagen de CiU y, sobre todo, del entonces honorable Pujol, embarrada como está la formación con el Palau, ITV o Adigsa.

QUÉ SE JUZGA

En el caso Pretoria se investigan, principalmente, tres grandes pelotazos urbanísticos con suelos públicos en Santa Coloma de Gramenet, Badalona y Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona). Los jueces trataran de aclarar si los procesados encubrieron el cobro de presuntas comisiones a cambio de jugosas operaciones urbanísticas y si se lucraron supuestamente con las ventas de solares públicos. Los 11 acusados se enfrentan a entre 11 meses y ocho años de cárcel por delitos de tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales.

Dos grandes nombres del pujolismo, Lluís Prenafeta y Macià Alavedra, fueron señalados como receptores de presuntas comisiones millonarias ilegales que enmascararon a Hacienda, a cambio de precipitar la revalorización de sendos solares públicos en Badalona y Llavaneres que adquirieron a través de sociedades y luego revendieron por un precio superior.

La Fiscalía pide la pena máxima -ocho años- para el líder de esta trama corrupta, el exdiputado catalán del PSC Luis Andrés García, alias Luigi, y otros seis años y 10 meses de prisión para Prenafeta y Alavedra. Ambos miembros de CiU pasaron algo más de un mes en la cárcel en el año 2009, y salieron en libertad tras abonar cada uno una fianza de un millón de euros. También se piden indemnizaciones importantes: a Luigi le solicita el pago de 22,6 millones de euros de multa; a Prenafeta, otros 13,7 millones, y a Alavedra, 10,3.

Junto con los expolíticos, también se sentarán en el banquillo empresarios y otros cargos públicos: Manuel Valera Navarro, Manuel Dobarco Touriño, José Singla Barceló, Manuel Carrillo Martín, Gloria Torres Pladellorens, Philip Mahan, así como la mujer de Prenafeta, María Lluisa Mas Crussels.

La Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional se propone enjuiciar estos hechos desde el 13 de marzo hasta el 25 de septiembre de 2017, dividiendo en 26 jornadas a lo largo de seis meses.

QUÉ EXPONE LA FISCALÍA

El fiscal sostiene que Prenafeta y Alavedra mantenían "una estrecha relación personal" con el entonces president Pujol y que ambos, "sabedores de la facilidad con la que se movía Luigi en los municipios investigados y de la influencia que también ellos mismos ejercían sobre determinados cargos públicos de Cataluña" -dice su escrito-, se concertaron con el principal acusado para influir en los tiempos del desarrollo urbanístico y las adjudicaciones de terrenos, recibiendo a cambio comisiones elevadas.

Literalmente, la Fiscalía dice que, juntos, estos dos políticos ejercieron una "situación de dominio" en el ámbito de dos adjudicaciones públicas: la operación Badalona de compraventa de unos terrenos junto al puerto deportivo de la localidad y la operación Niesma en torno a dos fincas en San Andrés.

Con sus labores de intermediación y su influencia en cargos públicos de esos municipios consiguieron que los terrenos se adjudicaran a una determinada empresa, lo que les reportó comisiones de alrededor de 638.000 euros a cada uno, que ocultaron a Hacienda a través de un entramado de sociedades opacas y de cuentas en Andorra y Suiza, para lo que contaron con la colaboración de sus esposas respectivas.

La fiscal destaca que el montante total que defraudaron ascendió en el caso de Prenafeta a 14,9 millones de euros y en el caso de Alavedra a seis millones, aunque esta cantidad provenía de otros negocios y operaciones -algunas de ellas también ilegales- y el delito fiscal estaría prescrito.

QUÉ PAPEL JUGÓ 'LUIGI'

Luigi está considerado por la Fiscalía como el presunto "conseguidor" de la trama, quien "lideró junto con la indispensable colaboración de Manuel Valera" -que figura como administrador de muchas de sus sociedades- un entramado dirigido a "manipular las adjudicaciones públicas de varias operaciones urbanísticas".

Por dicha actividad percibió a cambio "cuantiosas comisiones" que ascienden "cuando menos" a 5,9 millones de euros que, además, ocultó al fisco a través de sociedades opacas.

Colaboraron con él de manera "esencial" -según el relato de la fiscal Ana Cuenca- tanto Prenafeta como Alavedra.

CÓMO EMPEZÓ TODO

La historia de Pretoria comienza con un papel perdido. Así de sencillo. Una casualidad hizo que una hoja escrita a mano encontrada en noviembre del año 2005 durante el registro de un despacho del paseo de Gracia de Barcelona fue la primera pista que puso a todos -Guardia Civil, la Fiscalía y la Audiencia Nacional- tras la trama de presunta corrupción.

El documento estaba en una pila de carpetas que intervino la Benemérita mientras estaba buscando alguna prueba de blanqueo de capitales en paraísos fiscales a través de una filial del banco BBVA. Incluía fechas de posibles recalificaciones y precios de compra y venta de terrenos en los tres ayuntamientos ya citados, y fue entonces cuando la investigación echó a rodar.